10
Jul
2017
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Intocables, empresarios y políticos por falta de fiscal [Milenio]

La falta de nombramiento por parte de senadores impide que las reformas al Código Penal, que castigan la corrupción, entren en vigor.

México • Mientras el Senado siga sin nombrar a un fiscal anti corrupción, los moches de los legisladores, los prestanombres de los funcionarios corruptos y las trampas de los empresarios para obtener contratos y concesiones, entre otras acciones, seguirán sin castigo.

Estas conductas fueron añadidas como nuevas delitos de corrupción en las modificaciones a los artículos 217, 217 Bis, 222 y 224 del Código Penal federal, derivadas de la reforma al combate a la corrupción, publicada en 2016 en el Diario Oficial de la Federación, pero solo cobraran vigencia hasta que los senadores designen al titular de la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, según uno de sus transitorios.

Con la reforma también se endurecieron las penas, con un tercio adicional de la sanción correspondiente, contra funcionarios elegidos por veto popular o que  tengan que ser ratificados por alguna de las cámaras del Congreso y que cometan delitos como ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento.

Sin embargo, el incremento de estas sanciones también está condicionado a que  se nombre al fiscal especial.

Consultados por MILENIO, Luis Perez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y María Elena Morera, miembro de la Comisión de Selección del mismo comité, explicaron que mientras no haya fiscal en la materia, estos escenarios seguirán sin castigarse.

“Esas nuevas conductas, que son pocas, pero son importantes, no entraran en vigor hasta que se nombre al fiscal. ¿Qué significa? Que las reformas que se hicieron al Código Penal en estos puntos muy concretos dependen o están condicionados al nombramiento del fiscal”, dijo Perez de Acha.

El abogado aseguró que en tanto no entre en vigor la reforma “los temas específicos de los que estamos hablando, no son delitos”.

La reforma incluyó como delitos que un legislador en el ejercicio de sus atribuciones, en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos, “gestione o solicite asignar recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo para sí o para un tercero una dadiva en dinero o en especie” o “el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas”.

También se añadió como enriquecimiento ilícito el cómputo de los bienes adquiridos por los servidores de manera ilícita o los que reciban o dispongan ilícitamente su cónyuge y sus dependientes económicos directos.

No obstante, Luis Perez de Acha aclaró que el resto de acciones que hasta ahora están tipificadas como delitos cometidos por servidores  en el Código Penal actualmente vigente si pueden ser perseguidos por la Unidad  Especializada en investigación de la PGR.

“Aunque no haya fiscal anticorrupción, de cualquier forma los funcionarios que desvíen recursos han podido, pueden y podrán ser acusados de ilícitos en el manejo de recursos públicos”, agregó.

La reforma anticorrupción también modificó la denominación de “Delitos cometidos por servidores” por “Delitos por hechos de corrupción”, pero  el cambio solo aplicara cuando se designe fiscal.

Esto ha limitado el cumplimiento de la ley de transparencia, en la que se establece que la información relacionada con actos de corrupción no puede ser clasificada como reservada.

AI interior del pleno del Instituto Nacional de Transparencia se han dado debates al respecto, donde la mayoría de comisionados ha considerado que no pueden hacerse públicos expedientes sobre casos de presunto enriquecimiento ilícito, porque todavía no son considerados “delitos de corrupción”, ya que los cambios en el Código Penal aun no cobran vigencia.

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21
Jun
2017
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Ex gobernadores usaron redes en EU, como traficantes de droga o de armas, para saquear México [Sin Embargo]

“Los cárteles del narcotráfico son drogas y armas, y los cárteles de la corrupción es dinero público”, dijo a Univisión Luis Pérez de Acha, un abogado fiscalista mexicano que forma parte del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. El caso de Javier Duarte es el más escandaloso de una lista conformada por 11 ex gobernadores mexicanos que han sido investigados, acusados o detenidos en los últimos cuatro años por desviar al menos 13 mil 400 millones de dólares de fondos públicos, según cálculos de la Auditoría Superior de la Federación.

Para hacerlo, los mandatarios y sus colaboradores no solo utilizaron redes inmobiliarias y de bancos en México. La efectividad de sus operaciones no se explicaría, según expertos, sin el montaje de estructuras corporativas en Estados Unidos para mover y lavar el dinero, al estilo de los cárteles de la droga.

 Por Peniley Ramírez, Gerardo Reyes, Juan Cooper y Sergio Rincón, de Univisión Investiga para SinEmbargo

 Ciudad de México/Miami, 21 de junio (UnivisiónInvestiga).- La mansión estilo mediterráneo de cinco cuartos y seis baños, con embarcadero propio, cancha de fútbol y baloncesto, amplios salones y piscina está ubicada en Cocoplum, uno de los barrios más exclusivos del sur de Florida. Fue vendida de contado en agosto de 2014 por 7.6 millones de dólares. Los compradores adquirieron la propiedad a través de una compañía de papel registrada en Delaware, que impide conocer quiénes son sus socios.

Pero en el anonimato de la operación quedó un cabo suelto que apunta a que la propiedad tiene nexos con el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte: una fuente confidencial confirmó a Univisión que la empresa que manejó la propiedad y pagó los impuestos fue el despacho mexicano de abogados Contreras y Janeiro, del que era socio en ese momento José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado mexicano.

Janeiro es señalado por las autoridades de México como el principal operador financiero de Duarte, el ex Gobernador de Veracruz. Fuentes oficiales confirmaron a Univisión que la PGR investiga los fondos con los que se pagó la casa en Cocoplum como parte del proceso penal contra Duarte, quien pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Duarte está actualmente detenido y afronta múltiples cargos de corrupción.

 Su caso es el más escandaloso de una lista conformada por 11 ex gobernadores mexicanos que han sido investigados, acusados o detenidos en los últimos cuatro años por desviar al menos 13 mil 400 millones de dólares de fondos públicos, según cálculos de la Auditoría Superior de la Federación. Para hacerlo, los mandatarios y sus colaboradores no solo utilizaron redes inmobiliarias y de bancos en México. La efectividad de sus operaciones no se explicaría, según expertos, sin el montaje de estructuras corporativas en Estados Unidos para mover y lavar el dinero, al estilo de los cárteles de la droga.

“Son grupos delincuenciales operando en el mismo sentido, con diferente materia prima. Los cárteles del narcotráfico son drogas, armas y los cárteles de la corrupción es dinero público”, dijo a Univisión Luis Pérez de Acha, un abogado fiscalista mexicano que forma parte del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.

La incursión del círculo cercano a Javier Duarte en Miami ilustra también el modo más común que han usado los gobernadores para sacar el dinero de las cuentas públicas: a través de compañías de papel y transferencias entre varios países.

En el sur de Florida, según confirmaron fuentes oficiales en México a Univisión, Duarte operó a través del despacho de Janeiro, pero también de Moisés Mansur, un empresario que fue su amigo cercano desde la juventud y que ahora es acusado en México de ser su principal prestanombres, como informó el medio Animal Político.

 En 2011 Mansur se convirtió en socio de Rusnam Investments, una compañía que compró al menos 10 propiedades de bajo costo en Miami para revenderlas, meses más tarde. Tan solo esta operación significó dos millones de dólares en ganancias, de acuerdo con un análisis realizado por Univisión.

Esta es la mansión en Miami que está relacionada con el ex Gobernador Javier Duarte. Foto: Redfin | Univisión

La mansión estilo mediterráneo consta de 5 cuartos y 6 baños, con embarcadero propio, cancha de futbol y baloncesto, amplios salones y piscina. Foto: Redfin | Univisión

Los otros socios eran José Zury Mansur, hermano de Moisés y el empresario financiero mexicano Iñaki Negrete. Univisión confirmó que también en Rusnam estuvo registrado como miembro Alfonso Ortega, un abogado que se convirtió en el principal delator del caso Duarte ante las autoridades mexicanas. Su participación en operaciones en Florida era desconocida hasta ahora.

En 2011 Mansur se convirtió en socio de Rusnam Investments, una compañía que compró al menos 10 propiedades de bajo costo en Miami para revenderlas. Foto: Redfin | Univisión

INVERSIONES INMOBILIARIAS

La venta de la propiedad se hizo a través de la agente inmobiliaria Anamaría Velásquez. Univisión le preguntó por primera vez por la propiedad en el invierno pasado. Velásquez prometió que respondería más tarde, lo que nunca hizo.

Velásquez es cuñada de Ximena Peñuela, otra agente de bienes raíces local. Al comienzo del Gobierno de Javier Duarte, entre 2010 y 2016, Peñuela era pareja sentimental de Jaime Porres, otro de los amigos de infancia del ex Gobernador de Veracruz. Ella dijo vía telefónica que no recordaba las transacciones y luego no volvió a tomar llamadas de Univisión. En un correo electrónico, Porres negó tener algún vínculo con la residencia de Cocoplum.

Aunque en los documentos públicos disponibles de la mansión y las casas de bajo costo no tienen dueños en común, Univisión fue contactada por el mismo relacionista público, cuando preguntó a los involucrados por ambos negocios inmobiliarios.

La venta de la propiedad se hizo a través de la agente inmobiliaria Anamaría Velásquez. Foto: Redfin | Univisión

La casa de Cocoplum fue mencionada por el diario Reforma en México durante el otoño pasado como parte de las indagatorias contra Duarte. Desde entonces, las autoridades mexicanas han investigado el origen del dinero con el que se adquirió y los movimientos bancarios en México y Estados Unidos que fueron necesarios para liquidarla de contado.

Los métodos de sacar dinero de México eran a veces rudimentarios, según explicó a Univisión en Xalapa, capital del estado de Veracruz, Hilario Barcelata, actual presidente del Instituto de Pensiones estatal y quien fue un duro crítico de Duarte durante su sexenio.

“Se utilizaba dinero público en efectivo y se transportaba incluso de manera muy informal, en cajas, en maletas”.

Las investigaciones del caso sugieren que algunas de estas maletas con efectivo ingresaron vía terrestre a Estados Unidos.

Las casas de bajo costo no tienen dueños en común. Foto: Redfin | Univisión

Una fuente cercana a la familia Duarte, quien conoció la casa de Cocoplum, dijo a Univisión que Duarte confió a Mansur sus negocios más delicados. Su relación era tan cercana que el empresario, quien radicaba en la Ciudad de México, tenía disponible permanentemente una habitación en la casa oficial de Gobierno en Xalapa.

“Él (Duarte) solía presumir que nunca lo agarrarían porque no tenía nada a su nombre”, dijo esta fuente.

Como parte de las indagatorias contra el ex Gobernador, las autoridades mexicanas también han seguido la pista del dinero hacia otras propiedades, adquiridas por medio de amigos y familiares cercanos de Duarte en Texas. La mansión de Cocoplum en Miami sería la más lujosa de todas las que supuestamente pertenecen a Duarte a través de terceros en Estados Unidos.

INCAUTACIONES MILLONARIAS

En los últimos meses distintos actores políticos en México han sostenido reuniones con representantes de Estados Unidos en las que han planteado el papel que juega el país en el entramado de desvío de fondos públicos mexicanos. La petición, del lado mexicano, ha sido plantear como urgencia que las autoridades estadounidenses asuman una actitud más activa en el combate a estos desvíos en su territorio.

Para los expertos la facilidad con la que los funcionarios compraron propiedades en este país refleja que tanto en el sistema bancario como en la industria inmobiliaria, no hay interés en establecer el verdadero origen de los fondos como lo exige las leyes contra el lavado de dinero.

 Luis Pérez de Acha integra un comité que ha participado en algunas de estas conversaciones.

“Estamos haciendo un trabajo de empuje desde otros países convenciendo al Gobierno de Estados Unidos que combata las redes de corrupción que existen en México, a través del Departamento de Justicia y de sus tribunales. No es un trabajo fácil, pero lo pueden hacer”, amplió el abogado fiscalista, quien integra el comité que vigila la implementación de un ambicioso sistema que buscará integrar a las instituciones que combaten actualmente la corrupción en México.

Uno de los casos de análisis ha sido precisamente el de Duarte, quien fue detenido en abril pasado en Guatemala, a donde huyó antes de terminar su Gobierno. Ahora enfrenta un proceso de extradición a México.

La investigación del Gobierno mexicano indica que el ex Gobernador instrumentó una red de lavado de dinero que pasaba por México, Estados Unidos y Europa, donde supuestamente también adquirió propiedades a través de prestanombres. Las adquisiciones en el extranjero, sin embargo, no formaron parte de la solicitud de extradición, según reportó el portal Animal Político.

Funcionarios mexicanos consultados por Univisión aseguraron que la investigación del caso Duarte trajo a la mesa bilateral un tema pendiente sobre quién deben recibir las ganancias de las propiedades adquiridas en Estados Unidos, que son incautadas luego de las investigaciones por lavado de dinero en México.

Uno de los casos emblemáticos en los que México hasta ahora no ha recibido dinero producto de venta de propiedades incautadas, es el relacionado con el ex Gobernador del partido conservador Acción Nacional (PAN) Luis Armando Reynoso, quien gobernó entre 2004 y 2010 el pequeño estado de Aguascalientes, en el centro del país.

En 2014, las autoridades de Texas incautaron varias casas y terrenos en San Antonio por un valor de 6.2 millones de dólares como parte de una demanda civil radicada por el Gobierno federal tras establecerse que fueron adquiridas con dinero de origen ilegal. En este tipo de procesos judiciales no hay un acusado. Estados Unidos solo persigue la propiedad y hace exhortos públicos para quienes quieran refutar la confiscación porque se consideran propietarios legítimos.

Meses más tarde, un joven de Aguascalientes presentó una moción ante la Corte Federal en San Antonio a través de sus abogados en la que se declaraba dueño del terreno, las casas y el centro comercial, adquiridas mientras Reynoso era gobernador.

El joven era Luis Armando Reynoso López, hijo del ex mandatario. Reynoso López nunca tuvo un puesto público en Aguascalientes pero según varias fuentes en el estado, entrevistadas para esta investigación, gozaba de una gran influencia sobre su padre.

El hijo del ex Gobernador se volvió conocido en México luego de que protagonizó una exótica fiesta de cumpleaños, en una hacienda de su familia en las afueras de la ciudad de Aguascalientes. Entre los detalles extravagantes, el evento contó con la presentación de un niño DJ de 9 años y el montaje de un enorme árbol artificial, que según vecinos del lugar tardó un mes en ser instalado. Del árbol colgaron un Mini Cooper, regalo de cumpleaños del festejado.

TRIANGULACIÓN DE FONDOS

La supuesta participación de Reynoso y su hijo es descrita en detalle en una demanda de incautación a la que Univisión tuvo acceso. Describe uno de los modos más recurrentes en que el dinero desviado del Gobierno llega a propiedades y negocios en territorio estadounidense.

Según el documento, “Reynoso y su hijo conspiraron entre ellos y con otros para desviar dinero ilegalmente del estado mexicano de Aguascalientes a través de instituciones financieras en México a cuentas bancarias que establecieron en Estados Unidos”.

El dinero fue ingresado a cuentas en México mediante depósitos en efectivo, dijo en entrevista Rodolfo Franco, un periodista local de Aguascalientes que denunció a Reynoso. “Un banco recibe en un solo día 200 millones de pesos en efectivo, provenientes de la cuenta de Aguascalientes del gobernador a otra cuenta que tenía en Altamira, en Tamaulipas”, explicó Franco.

Los documentos que forman parte de la investigación mexicana muestran reiterados depósitos en efectivo en una cuenta que pertenecía al hijo de Reynoso en el banco mexicano Banorte.

De estas cuentas se realizaron millonarias transferencias a Texas en 2009, durante el último año de Gobierno de Reynoso, de acuerdo con un detallado seguimiento bancario que realizaron los investigadores texanos.

“Los pagos de los bienes raíces en ocasiones involucraron numerosas transferencias y transacciones usando diferentes bancos y muchas cuentas bancarias, abiertas con el objetivo específico de esconder la identidad de los dueños y con un intento específico de esconder la naturaleza y la fuente de los fondos”, afirma el acta.

 En mayo de 2009, el hijo de Reynoso abrió dos cuentas bancarias en el BBVA Compass Bank en San Antonio. La dirección de una de esas cuentas es la casa en Aguascalientes donde ha vivido durante años su familia. Posteriormente, el joven abrió una cuenta más en Mc Allen, Texas, con el Inter National Bank, como reportó también este año el diario San Antonio Express News.

Un año antes había sido creada la compañía Administración, Comercio y Representación Mercantil, con sede en Cancún, una playa en el Caribe mexicano. De acuerdo con registros mercantiles de ese estado, obtenidos por Univisión, los socios eran dos personas que no tienen historial público como empresarios y no habían sido hasta ahora vinculados con el caso.

La investigación en Estados Unidos determinó que en solo tres semanas se transfirieron entre Aguascalientes, Cancún y Texas, 2.5 millones de dólares.

Para ello se utilizó también a Logística y Asesoría Comercial, otra compañía que tenía la misma dirección en Cancún y que según los investigadores fue registrada para mover el dinero ilegal. Los socios de esta tercera empresa eran otros dos empresarios que carecen de historiales públicos. Las transferencias se realizaron usando como contraparte a otro banco mexicano.

“Al momento en que hicieron sus depósitos en Estados Unidos, compraron casas o pusieron negocios en Estados Unidos con ese dinero, lavaron dinero. Y esto le dio competencia a las autoridades de Estados Unidos para actuar en su contra”, dijo sobre este modo de operación Pérez de Acha, quien se ha especializado como abogado en movimientos financieros de lavado.

Además de los casos de Aguascalientes y Veracruz, en los últimos años, otros ex gobernadores mexicanos han sido también investigados en Estados Unidos por haber estructurado esquemas similares para adquirir propiedades en territorio estadounidense. Los ex mandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge, de Coahuila, Humberto Moreira o de Chihuahua, César Duarte, tienen pendiente investigaciones que también indagan la ruta del dinero a ambos lados del río Bravo.

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9
Jun
2017
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Sin armas contra un flagelo [Diario de Yucatán]

Revelan graves trabas al combate de la corrupción.

El consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Luis Pérez de Acha, reveló ayer ante el empresariado yucateco las trabas y dificultades para establecimiento de este nuevo organismo creado para combatir la corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción, dijo, carece de facultades jurídicas para combatir en forma directa actos de inconstitucionalidad de los sistemas locales anticorrupción, no tiene oficinas propias, carece de un equipo de trabajo, no tiene presupuesto para el funcionamiento de esta institución, no puede denunciar ni hacer recomendaciones a los que cometen ilícitos con recursos públicos, pero sobre todo resiente una fuerte presión política de quienes quieren que el país siga en la epidemia de la corrupción.

El grado de presión que sienten los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) no sólo es para que revelen quién será su candidato a fiscal anticorrupción, sino que hay un atraso intencional en el Senado de la República para que termine sus funciones y ese cargo quede acéfalo y la responsabilidad recaiga en los legisladores recién electos en 2018.

Pérez de Acha; la presidenta del Comité Técnico Nacional Anticorrupción del IMEF, María Fernanda Zenizo López; el presidente de la ONG Opciona y creador del Corrupcionario Mexicano, Alejandro Legorreta González, y el presidente de Coparmex Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, hablaron de la realidad de la corrupción y la esperanza de disminuir este problema con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción durante la realización del Foro Estatal Anticorrupción, en la sede del sindicato patronal.

La consultora Zenizo López afirmó que la corrupción no sólo se ve en el gobierno, sino que en la iniciativa privada es altísima: el 44% de las empresas mexicanas reconocieron que han pagado sobornos, el costo de la corrupción por mexicano es de $165 al día y el 88% de los mexicanos piensa que la corrupción es un problema muy frecuente.

Pero el que puso el dedo en la llaga del empresariado fue Pérez de Acha porque afirmó que las empresas fantasmas que emiten facturas válidas, pero sin contenido para simular operaciones y obtener ganancias, ya inundó a todo el país, ya está al nivel de delincuencia organizada y hoy día “es la reina de la corrupción”. Las empresas fantasmas surgieron para la evasión fiscal, pero ahora sirven para generar millonarias ganancias. Lo peor es que son legales porque las avalan los notarios, están inscritas en el SAT, emiten facturas legales, pero sirven para simular operaciones.

“Las empresas fantasmas ya son como hongos en el país”, reconoció. “En 2012 hubo un pico muy pronunciado de uso de empresas fantasma que depredaron el erario público. Ya es un cuento de nunca acabar y se siguen usando”.

Hay consorcios que tienen 50 empresas de ese tipo y usan credenciales de identificación robadas y eso ya recae en el crimen organizado. Las empresas fantasmas emiten facturas sin contenido a empresas, universidades públicas y privadas, al gobierno, al poder judicial y si no se frena “nos van a depredar todo el presupuesto gubernamental”.

Legorreta González presentó la plataforma snahonesto.mx, que es un semáforo que deben seguir con atención los ciudadanos para que conozcan el grado de avance del establecimiento del sistema estatal anticorrupción, cuyo plazo máximo de aprobación es el 18 de julio.

Los ponentes invitaron a toda la sociedad para que de una vez empiecen a exigir el funcionamiento del SNA y que presionen a los legisladores para que nombren al fiscal anticorrupción. Recomendaron a la gente que mande correos electrónicos a las cuentas de los legisladores y use las redes sociales donde también tienen cuentas de contacto con la población.

Pese al pesimismo y las trabas, Pérez de Acha sabe que hay un interés ciudadano por combatir la corrupción y eso lo anima a continuar, a no renunciar y luchar con acciones legales, ciudadanas y políticas para que el SNA opere porque tiene fe en que ahora los magistrados anticorrupción “reventarán a los corruptos”.— Joaquín Chan.

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9
Jun
2017
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No vale quejarse si no hacemos nada para combatir la corrupción [Punto Medio]

La corrupción no sólo está del lado de las autoridades sino en todos los niveles, incluidas las empresas, dueños y empleados, y para combatirla hay que poner el cuerpo, tiempo o dinero.

“Sino se hace así, no vale quejarse”, afirmó Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al participar en el Foro Anticorrupción en el Centro Empresarial de Mérida (Coparmex), Pérez de Acha recalcó que todos tenemos la oportunidad de combatir la corrupción como ciudadanos, bien en los organismos y mecanismos que están surgiendo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) o bien desde nuestra actitud.

En el Foro, realizado ayer por la tarde, también participaron el empresario Alejandro Legorreta González de Más Yucatán, y María Fernanda Cenizo, consultora del IMEF en el tema de la corrupción. El moderador fue Gustavo Cisneros Buenfil, presidente de Coparmex Mérida.

La fuerza del Comité son los ciudadanos

En su exposición, Pérez de Acha dijo que el SNA está cojo por el momento, pues no han nombrado al Fiscal Anticorrupción y que el Comité de Participación Ciudadana “no tiene dientes”, pero el colmo es que no tienen oficinas ni ayudantes.

–Es el mismo sistema que nos está boicoteando, tanto que no nos dan ni un peso para sueldos y oficinas, pero el colmo es que no han nombrado al fiscal. Los principales interesados que el Sistema no funcione son ellos mismos, pero la fuerza del comité de participación ciudadana son los ciudadanos y tenemos que seguir impulsándolo –señaló Pérez de Acha.

Indicó que los miembros del Comité de Participación Ciudadana están convencidos que tienen que permanecer impulsando el SNA para poner freno a  la corrupción que más afecta a los ciudadanos, la que proviene de las autoridades.

–En todos los gobierno hay corrupción, en unos es más a flor de piel que en otros, pero sí hay. Y para ello usan las empresas fantasmas, que simulan operaciones respaldadas por facturas legales. Todo es legal, pero físicamente no hay nada, ni el dinero de esas operaciones financieras—explicó.

Empresas fantasmas

Detalló que el Sistema de Administración Tributaria ha detectado que en el 2012, el año de la elección presidencial fue cuando más empresas fantasmas surgieron y más facturas apócrifas estuvieron en el sistema.

–Es así como se pagan las campañas electorales y es en todos los partidos políticos—recalcó.

Presentan plataforma

Alejandro Legorreta González presentó una plataforma digital en el que los ciudadanos pueden seguir el proceso de la instalación de los sistemas estatales anticorrupción, a través de la organización Opciona, que se puede consultar en: www.opciona.mx/sna-honesto

Por su parte, María Fernanda Cenizo hizo una radiografía con datos de organismos nacionales e internacionales, en donde demuestra que la corrupción se practica en el gobierno, pero también en las empresas y la familia.

Como ejemplo, dijo, hasta comer taquitos en la calle es fomentar la corrupción, ya que esos expendedores de comida no pagan impuestos.

Paquete legislativo

El Foro se realizó en el marco de la presentación, del Ejecutivo Estatal de un paquete de seis leyes que darán forma al Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que debe quedar aprobado el próximo 18 de julio, según marca la propia Ley General de la materia.

Al Foro asistieron empresarios y dirigentes de organizaciones empresariales y de la sociedad civil.

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8
Jun
2017
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Urgen a una “guerra de guerrillas” contra la corrupción [RioDoce]

Si el gobierno no persigue a Malova, que los ciudadanos lo denuncien en la PGR, exhorta Pérez de Acha

En México y en Sinaloa no se puede esperar más, el ciudadano tiene que iniciar ya una “guerra de guerrillas” contra la corrupción, enfatizó Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

La estructura tradicional de esperar que la autoridad sea la que resuelva conflictos es hoy obsoleta, ante una crisis de corrupción los ciudadanos tienen que tomar el control y exigir que los delitos se castiguen, expuso el catedrático durante el primer Foro Anticorrupción que se llevó a cabo en Sinaloa y que fue organizado por el Centro Empresarial Sinaloa de Coparmex.

En entrevista, Pérez de Acha criticó que el gobierno de Sinaloa no esté persiguiendo de forma contundente los actos de corrupción cometidos durante el sexenio de Mario López Valdez, y lamentó que por ejemplo, existan evidencias sobre un desfalco en materia de salud y que este “crimen” no se haya castigado aún.

“No podemos ser obsecuentes con los delitos, la corrupción se tiene que perseguir y de eso es responsable tanto el gobernador Quirino, el secretario de finanzas, la auditora del Estado, el Fiscal General, todos son responsables de perseguir estos delitos y responsables también de que no se estén persiguiendo”, criticó.

Sin embargo, enfatizó que ante esta evidente omisión, la sociedad no puede dar vuelta a la página y dejar en el olvido un sexenio plagado de actos de corrupción. El ciudadano puede ir ante la Procuraduría General de la República y denunciar los actos de corrupción que en su gobierno se hayan cometido.

“La sociedad no nos podemos quedar cruzados de brazos, traemos construido un paradigma que es si el gobierno no hace nosotros no podemos hacer nada, yo creo que lo que si podemos hacer los ciudadanos es empezar a presentar denuncias penales, se tienen que hacer investigaciones con pruebas, presentar las denuncias, tratar de que esas denuncias se presenten a nivel federal y que sean denuncias penales, sino le vamos a estar dando muchas vueltas al tema”, enfatizó.

“Si se simula, el Sistema no funciona”

En su exposición ante un auditorio conformado en su mayoría por empresarios y líderes de organizaciones ciudadanas, Pérez de Acha insistió en blindar la instalación del Sistema Local Anticorrupción para evitar que la autoridad simule el proceso.

Según se detalló, el Sistema Local Anticorrupción está construido sobre dos comités, uno de ellos, el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos reconocidos por su trabajo a favor de transparencia y el combate a la corrupción.

Para elegirlos el Congreso deberá nombrar a una Comisión de Selección formada por nueve personas, cinco académicos y cuatro de la sociedad civil, quienes se encargarán de escoger a los cinco ciudadanos del Comité.

“La clave de todo está en la Comisión de Selección y en eso se tiene que poner énfasis en el Congreso para que la Comisión sea verdaderamente representativa ya que desde ahí puede iniciar la simulación, si el Congreso encubre intereses a través de la Comisión de Selección se prolongará ese encubrimiento hasta el Comité de Participación, con lo cual el sistema queda completamente cercado, capturado y entonces no funcionará”, explicó.

Los perfiles idóneos para integrar el Comité de Participación deberán cumplir con una característica esencial: no tener compromisos con la clase política.

Del Comité de Participación se nombrará a un presidente ciudadano que presidirá el Comité Local, el cual estará integrado por el Auditor del Estado, el Fiscal Anticorrupción, la Contraloría del Estado, un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la Información y un representante del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Creo que hay dos líneas para los perfiles, uno es que se trate de ciudadanos que hayan demostrado tener una participación activa en estos temas y lo que no deben tener son claramente ligas o vínculos o compromisos políticos y económicos con clase política y gobernante”, dijo el catedrático.

Para que el sistema opere y cumpla sus objetivos, el Comité Ciudadano será el vigilante y encargado de encausar el cumplimiento de los objetivos, así como vincularse con organizaciones de la sociedad civil y académicas, mientras que el Comité local deberá evaluar políticas públicas para el combate a la corrupción y establecer mecanismos para la prevención y erradicación.

Como se ha venido señalando, Pérez de Acha coincidió en que Sinaloa está retrasado en los procesos de instalación del Sistema Local Anticorrupción y ante una fecha límite que vence el próximo mes de julio, el tiempo para cumplir con el mandato federal es insuficiente.

“Según entiendo por los datos del Semáforo Anticorrupción, que llevan IMCO y Coparmex, si hay un rezago importante, (Sinaloa) no está en los mejores estándares del país pero tampoco está muy abajo, si hay que apremiar que se aprueben las leyes pero antes hay que apurar al gobernador Quirino a que presente la legislación del Sistema. Como se comentó aquí en este foro, la voluntad de la autoridad no será gratuita o fortuita, tiene que presionar la sociedad”, enfatizó.

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2
Jun
2017
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Sin sociedad civil, peligran sistemas anticorrupción estatales [e-consulta]

El experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo propone poner atención en la manera en la que se destinarán los recursos para el funcionamiento de los sistemas.

Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general deben presionar para evitar que en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Puebla, se nombre a integrantes sin el perfil adecuado o cercanos a la administración estatal, recomendó Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del CPC a nivel nacional.

En entrevista con e-consulta subrayó que el caso del nombramiento del fiscal anticorrupción, Enrique José Flota Ocampo, es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, debido a que es un perfil cercano a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

Puebla es un reflejo nacional

Pérez Acha manifestó que el contexto en el que fue nombrado el fiscal anticorrupción de Puebla es el mismo que hay en todo el país, en particular a nivel federal, donde el fiscal no se ha nombrado por falta de voluntad política en el Senado de la República.

“En unos estados no hay ley, en otros no hay nombramientos; en otros, una clara dependencia.Este es el caso del fiscal anticorrupción de Puebla”.

Subrayó que si la sociedad civil no presiona lo suficiente en la conformación del Comité de Participación Ciudadana de Puebla se corren varios riesgos.

El primero es que el 18 de julio, que es la fecha límite, no se tengan al 100 por ciento los sistemas anticorrupción o que sean sistemas fallidos, es decir que los nombramientos recaigan en las personas que no son las idóneas”.

El experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo propuso poner atención en la manera en la que se destinarán los recursos para el funcionamiento del sistema anticorrupción.

“No se le ha prestado mucha atención al tema. Hay una constante en todo el país. No hay dinero o no hay voluntad política para dar dinero. Si no hay dinero el sistema está condenado a no funcionar por falta de recursos”.

Amparos, otra opción

Pérez de Acha sostuvo que si, pese a las presiones ciudadanas, el Congreso del Estado y otras autoridades poblanas incurren en simulación, la otra opción es interponer amparos en contra de los nombramientos en el CPC.

“Pueden presentarse acciones legales en contra de esos nombramientos. No es lo ideal pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. La clase gobernante aguanta dos o tres semanas un golpeteo mediático pero con acciones legales es diferente.

Manifestó que el nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, debe ser un ejemplo a nivel nacional, ya que se basó en análisis minucioso de los perfiles para proponer una terna, tarea de la que estuvieron a cargo los miembros del CPC.

“Seguimos un procedimiento con reglas del juego muy claras. Se hicieron evaluaciones. Hubo finalistas y se conformó la terna. Cualquiera de nuestras tres propuestas tenía un buen perfil”.

Hay riesgo de no tener fiscal en sexenio de EPN

Luis Manuel Pérez de Acha hizo un llamado a los senadores de todas las fuerzas políticas para que cuanto antes el fiscal anticorrupción sea nombrado, como lo mandata la legislación.

“Es el gran pendiente. Hay una ausencia de voluntad política en el Senado de cumplir con lo que marca la Constitución. Hay una insensibilidad para trabajar en esta materia”.

Reconoció que hay riesgo de que termine el sexenio de Peña Nieto sin que se nombre esta figura lo que sabotearía todo el sistema nacional anticorrupción.

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12
May
2017
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Denuncia falta de voluntad política contra la corrupción [El Mañana]

Más de la mitad de los estados no logrará implementar sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción este próximo 19 de junio, esto debido a una falta de voluntad política para aplicar las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción en las legislaciones locales, indicó el consejero ciudadano Luis Manuel Pérez de Acha.

“En algunas entidades no se podrán cumplir esas fechas por situaciones de índole práctica, índole político, e índole presupuestal, todo teniendo como eje principal en algunas entidades federativas por una falta de voluntad política”.

Consideró que en la aplicación del SNA, tanto a nivel federal como en los estados, se observa más un discurso político que las realidades prácticas, mencionó que recientemente fue presentada una moción al Senado de la República en contra de los nombramientos de los magistrados federales anticorrupción por el proceso de selección.

Pérez de Acha señaló que la corrupción afecta a todos los aspectos de la vida.

Ante la premura con que habrán de ser creadas las leyes secundarias del Sistema Local Anticorrupción, la aprobación del fiscal y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, dijo que existe el riesgo de que estos sean aprobados por la vía ‘fast track’.

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12
May
2017
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Falta voluntad política para aprobar sistema anticorrupción en México [Gaceta]

En muchos estados del país falta voluntad política de sus gobernantes para su ejecución: Luis Pérez de Acha

Por Josué Escamilla | CNT | Enlace Digital

Cd. Victoria, Tam.-De acuerdo con el Comisionado Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción e integrante del Comité de Participación Ciudadana, Luis Pérez de Acha, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción está en riesgo, toda vez que en muchos estados del país falta voluntad política de sus gobernantes para su ejecución.

Consideró que la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, está resultando más un discurso político que realidades políticas, pues de entrada dijo, en la mayoría de las entidades le están dando largas al asunto y por si fuera poco en donde ya se conformó, sus integrantes dejan mucho que desear.

Señaló que en la elección de los integrantes del comité de selección se deben escoger a ciudadanos con alto grado de honradez, de ética probada y que no deje duda de su credibilidad ante la sociedad.

“Cuestionamos fuertemente ya nombramientos; hicimos una moción al Senado en contra de nombramientos presidenciales de los magistrados federales anticorrupción por la forma en que se llevó el proceso de selección del os mismos. Nosotros postulamos el parlamento abierto un gobierno abierto, procesos transparentes lo cual significa que se de participación a la sociedad en todo el proceso.

Y acentuó, “tienen que ser profesionistas o personalidades avaladas por la sociedad para que este modelo de lucha contra la corrupción tenga credibilidad de otra manera quedará en un proyecto fallido en contra de la corrupción”.

“Vemos como realidad que no se pueden cumplir en algunas entidades por situaciones de índole práctica, política y presupuestal todo teniendo como eje principal aquí en Tamaulipas habrá que estar al pendiente de eso.

Pérez de Acha impartió la conferencia “Cual es la expectativa real del sistema anticorrupción”, en el auditorio la Salle Campus Norte.

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