19
Ene
2017
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Repatriación de Capitales beneficia a deudores del fisco [Expansión]

El gobierno federal busca impulsar la inversión mediante la condonación de impuestos, refieren expertos.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –

La política de repatriación de capitales anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto en días pasados para impulsar inversiones, tiene posibilidades de aumentar la liquidez en el país en un entorno económico complicado, pero los únicos beneficiados serán aquellos incumplidos con el fisco mexicano.

En línea con una tendencia mundial y en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá que condonar impuestos a contribuyentes que repatrien sus capitales a México y los destinen a actividades productivas.

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El decreto indica que las personas físicas y morales que retornen su capital, pagarán una tasa preferencial de ISR de solo 8%, sin recargos por las omisiones de los pagos de impuestos tanto del capital que salió originalmente como de los intereses que éste generó en el extranjero.

“Estos decretos siempre han sido criticados. Se da un trato de privilegio a aquellos que resultaron incumplidos. El gobierno mexicano va por aquellos ingresos de personas físicas y morales que nunca pagaron impuestos”, dijo a Expansión el abogado constitucionalista, Luis Pérez de Acha.

“Creo que aquí la ponderación de política pública va en el sentido de qué conviene más, cobrarles nada o cobrarles 8%. En términos fiscales medidas de este tipo son intrínsecamente injustas”, agregó Pérez de Acha.

Los recursos tendrán que invertirse en instrumentos bancarios, adquisición de bienes de activo fijo, investigación y desarrollo de tecnología, pago de pasivos que se hayan contraído con partes independientes con anterioridad, pago de contribuciones o aprovechamientos, así como el pago de sueldos y salarios derivados de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional.

“Es bueno en virtud de que hay algo que puede ayudar al contribuyente para traer ese dinero e invertirlo en el país. El punto es, qué garantías le da el fisco mexicano a que ese contribuyente no sea cuestionado el día de mañana sobre la procedencia de ese recurso”, comentó en entrevista el socio de impuestos y servicios legales de Andersen Tax & Legal Mexico, Manuel Toledo.

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Esto porque el decreto marca que los recursos que se repatrien no deben proceder de actividades ilícitas, no obstante, la Secretaría de Hacienda tiene facultades de señalar en una investigación que el recurso es ilícito si el contribuyente no explica de dónde provino.

“En los últimos sexenios cada que entra un ejecutivo viene una amnistía fiscal y parece un premio a los incumplidos porque no solo pagan de menos sino fuera de tiempo y así, estimulas al incumplimiento”, dijo Toledo.

Aún falta que el SAT publique las reglas generales para este procedimiento y de acuerdo con Pérez de Acha, el éxito del programa se verá en las últimas semanas de que finalice la amnistía, que será el 19 de julio de este año.

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21
Dic
2016
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Consideran viable ‘tumbar’ el incremento al Impuesto Sobre Nómina [Noroeste]

Es incremento al gravamen injustificado y sólo responde a la voracidad recaudatoria del Gobierno estatal: Pérez de Acha.

El aumento a la tasa del Impuesto Sobre Nómina en Sinaloa es injustificado por lo que sí es factible “tumbarlo” mediante el amparo, concluye el Doctor Luis Manuel Pérez de Acha.

El experto en Derecho Fiscal y Constitucional  aplaude la decisión de las cámaras empresariales de interponer un juicio contra “la voracidad recaudatoria del Gobierno del Estado”.

Ayer los cuatro centros empresariales convocaron a sus agremiados y a los patrones en general a combatir jurídicamente el alza del 1.5 hasta el 3 por ciento del ISN.

Ello al considerar que con este aumento en la carga fiscal se afectará la competitividad de las empresas, habrá despidos de personal y se inhibirá la inversión.

Pérez de Acha, fiscalista sinaloense, considera que el juicio de amparo “es lo menos” que pudieron hacer las cámaras como instrumento de inconformidad institucional ante la voracidad recaudatoria del Gobierno de Sinaloa.

“El hecho de duplicar un impuesto”, advierte, “manda señales de que la medida tiende meramente a un incremento, sin especificarse cuál es el destino de los mismos, o para qué propósito”.

“Es cierto que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha dicho que no se tiene que señalar el propósito para el cual está establecido”.

Si bien una parte de esta recaudación va al Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, dice, se desconoce el destino del recurso excedente.

“El hecho de incrementar impuestos por incrementarlos en una época de crisis y de afectación a la contratación laboral va a contrapelo, lo que se nota es una ausencia de política fiscal adecuada en el ámbito laboral”, añade.

–¿Sí se puede tumbar este decreto ante los tribunales, ante la Corte?

–Por supuesto que sí, para eso están los juicios de amparo. Es cierto como lo han señalado connotados abogados sinaloenses, el reto es importante, pero también la justicia, la razón están de parte de los patrones, de los empresarios.

Pérez de Acha añade que se han presentado de manera aislada amparos contra impuestos estatales en Edomex y Nuevo León, aunque no han sido exitosos.

“Es el problema de los precedentes que existen en esta materia”, acota.

–¿En el caso de Sinaloa prevé que sí proceda el amparo?

–La razón asiste a los empresarios, el problema que se tiene hoy por hoy es que los tribunales han adaptado una posición más fuerte, más dura en contra de los contribuyentes. No obstante en situaciones en que éstos tienen la razón, yo creo que es más un tema de actitud de los tribunales el hecho de que los contribuyentes carezcan o tengan la razón.

El jurista abunda que si se revisan las finanzas públicas expuestas en el portal del Gobierno estatal, se concluirá que el incremento del ISN es injustificado.

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19
Dic
2016
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La otra vía para los pleitos fiscales [Expansión]

Cada vez es mas difícil para una empresa ganar un litigio contra el SAT. Por fortuna, hay otras opciones cuando se trata de pelear con el fisco.

En años recientes, a las empresas se les ha dificultado  tener resultados favorables a través del litigio fiscal. Esto las ha llevado a reevaluar la conveniencia de confrontarse por esa vía con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ocasiones,  sera mejor un mal arreglo con las autoridades, que promover  un buen juicio ante los tribunales federales. La decisión dependerá de cada caso, por supuesto, aunque lo cierto es que la valoración debe sustentarse en criterios empresariales y no meramente jurídicos.

Hasta  hace 10 años, las posibilidades de ganar los juicios fiscales eran razonables. No era extraño que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la inconstitucionalidad de leyes ni que los tribunales federales anularan créditos fincados a los contribuyentes. Esto generaba un aliciente para utilizar la defensa fiscal como estrategia de negocios.

Sin embargo, en la actualidad, esta dinámica  ha cambiado por completo,  pues las posibilidades de que se invalide una ley tributaria son prácticamente inexistentes, y cada vez es mas complicado ganar los juicios de nulidad en contra del SAT. Esto obedece a que esa dependencia ha mejorado sus procedimientos legales de fiscalización y recaudación, y a que litiga con eficacia sus casas en los tribunales federales.

Lo anterior lo evidencian las ultimas  decisiones de la SCJN, que confirmaron la constitucionalidad de diversos temas introducidos en la reforma fiscal de 2014: contabilidad electrónica y revisiones electrónicas; la limitación a las deducciones de las empresas en el ISR por pagos de previsión social de sus trabajadores, y el limite a las deducciones de las personas físicas.

En lo que toca a los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el porcentaje de éxito del SAT también ha aumentado de manera significativa.

Una variante que desincentiva el litigio fiscal radica en que las autoridades inflan, artificiosamente, el manto de los adeudos  de los contribuyentes. Esto no solo incrementa la contingencia en los juicios y el registro de los pasivos en la contabilidad de las empresas, sino que también las obliga a garantizar el importe  de los adeudos, con los correspondientes costas y riesgos.

De ahí que, en la actualidad, litigar no sea la única ni la mejor alternativa. Sin duda, los empresarios tienen que estar atentos a las sugerencias de sus abogados; pero también tienen que evaluar otras vías legales para afrontar y solucionar sus problemas con el SAT. Ya no es fácil ganar los juicios, y de esto tienen que estar advertidos.

En lo que hace a las leyes fiscales, en lugar de promover amparas en su contra -de resultados previsiblemente infructuosos-,los empresarios deben enfocar sus baterías a reformarlas. Es un trabajo  arduo, sin duda, pero que, en la situación actual, constituye la mejor opción.

Respecto de los créditos liquidados por el SAT, una primera vía es acudir a Ia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). que facilita la celebración de acuerdos conclusivos con las autoridades fiscales tendientes a aminorar el importe  de dichos créditos. Otra posibilidad  es solicitar  directamente a!SAT, a través de las vías legales que proceden, el ajuste a la baja de los adeudos y la facilitación de su pago. En ambos casas, la defensa ante los tribunales federales queda, de plano, descartada.

Al igual que sucede con cualquier otra decisión de negocios, la opción del litigio fiscal tiene que pasar por un tamiz empresarial, pues no siempre un buen juicio constituye la mejor alternativa.

14
Dic
2016
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Cómo escondió CR7 150 mde a Hacienda y otras respuestas del caso [Alto Nivel]

¿Cómo hicieron las empresas del futbolista para mover estas cantidades? Si Hacienda dice que está al corriente, ¿entonces no hay delito que perseguir? ¿Qué le pude pasar al futbolista? Aquí las respuestas sobre el escándalo que involucra al astro del futbol.

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Cristiano Ronaldo, también conocido como CR7, quien acaba de ganar su cuarto Balón de Oro que lo acredita como el mejor futbolista del mundo en 2016, escondió decenas de millones de euros a la Hacienda española a través de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes, según informaciones publicadas estos días por varios medios adscritos a la red European Investigative Collaborations (EIC) entre los que se encuentran el alemán Der Spiegel y el diario español El Mundo.

Der Spiegel recibió cerca de 18 millones de documentos de Football Leaks -el Wikileaks del fútbol- que fueron analizados por el EIC y que señalan que varios jugadores de primer nivel crearon sociedades pantalla para eludir sus obligaciones fiscales. Mesut Ozil, Luka Modric, Pepe, y el entrenador José Mourinho son algunos de los muchos señalados. Pero el más significativo de todos es el caso de Ronaldo por su relevancia mediática y la cantidad que podría haber escondido al fisco.

Se estima que podría haber ocultado a la Hacienda española alrededor de 150 millones de euros (mde) cobrados en concepto de derechos de imagen desde 2009, una situación que podría llevar al astro luso a declarar ante un juez, al igual que ocurrió con Leo Messi.

El delantero del Real Madrid es el deportista mejor pagado del mundo en 2016, con ganancias de 88 millones de dólares, que incluyen su sueldo y patrocionios, según la revista Forbes.

Aquí unas preguntas y respuestas para entender el caso.

¿Ha eludido Cristiano Ronaldo el pago de impuestos a la Hacienda española?

Es algo que tienen que indagar las autoridades españolas, pero todo parece indicar que sí. Hay correos de los abogados de Ronaldo e información que manejan y publican los medios adscritos a EIC que evidencian la existencia de un sistema de empresas pantalla para ocultar ciertos ingresos al fisco.

Los jugadores del nivel de Ronaldo reciben dos tipos de ingresos:

  1. Por su nómina, lo que les paga el club.
  2. Por derechos de imagen, por hacer anuncios.

De los primeros no pueden evitar su pago a Hacienda porque se lo retiran de la nómina. Este sería el ISR, que en España se conoce como IRPF.

De los segundos pueden construir esquemas para pagar menos de lo que les corresponden, es decir, no es que Ronaldo haya evadido 150 millones de euros, sino que de esa cantidad debería haber pagado un porcentaje de impuestos.

¿Cómo? Construyendo sociedades pantalla en paraísos fiscales para esconder el dinero.

¿Cómo funciona este sistema de sociedades pantalla?

Luis Pérez de Acha, abogado y especialista en derecho fiscal, explica que crear estos sistemas es “facilísimo” y el esquema que utilizó Cristiano Ronaldo es similar al que han utilizado otros jugadores como Messi.

“Hay toda una logística internacional que se ha construido durante décadas que facilita la constitución de estos sistemas de empresas pantalla”, explica Pérez de Acha.

El esquema parece un poco enredado, pero es más sencillo de lo que parece. A grandes rasgos, funcionaría así.

  • Ronaldo hace un anuncio en China para Konami y le pide que le paguen sus derechos de imagen a una de las dos sociedades que constituyeron en Irlanda Polaris Sports y Multisports & Image Management (MIM), que son propietarias de los derechos del luso.
  • España no detecta el pago. MIM o Polaris Sports pagan en Irlanda un 12.5% de impuestos de sociedades. En España pagarían un 43.5%.
  • MIM o Polaris Sports transfieren al dinero a la sociedad Tollin Associates que está radicada en las Islas Vírgenes británicas, un paraíso fiscal.
  • De Tollin Associates el pago se envía una cuenta en Suiza que está a nombre de Ronaldo.

 Durante todo este proceso el nombre de Cristiano Ronaldo no aparece por ningún lado, ya que el jugador cedió sus derechos primero a Tollin Associates, empresa que posteriormente vuelve a venderlos a MIM y Polaris Sports.

Los representantes de estas sociedades son abogados y el nombre del astro no aparece hasta la cuenta de Suiza.

¿Pero por qué debe pagar en España un contrato de publicidad que realiza en China?

Porque reside en España. La normativa tributaria española indica que una persona es residente fiscalmente en España si vive en el país más de 183 días al año.

Sobre el caso del jugador, el profesor de derecho financiero y tributario de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), José Martínez-Carrasco Pignatelli lo explica claramente:

“Ronaldo debe declarar y tributar por toda la renta que obtenga en cualquier parte del mundo”, sentencia.

Pero hay un papel de la Hacienda española diciendo que Ronaldo está al corriente

Correcto. El agente del jugador, Jorge Mendes, mandó a la agencia EFE una copia de un documento de la Agencia Tributaria (el SAT en España) con fecha del 30 de noviembre en el que indicaba que el jugador está al día de sus pagos. Pero ese certificado no es una prueba de que Ronaldo no haya escondido dinero al fisco.

Ese documento dice que Ronaldo “se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias” lo cual es cierto, pero sólo aplica a aquellos ingresos de los que tiene constancia la Agencia Tributaria (AEAT). Es decir, si el luso ha tenido millones de euros fuera del radar de la AEAT, entonces este organismo no puede saber que CR7 ha dejado de pagar a Hacienda.

Explicado de otra manera, Ronaldo está al corriente de sus pagos a Hacienda de aquellos ingresos controlados por la administración. Pero no de los que no están controlados, como demuestran las informaciones publicadas por Der Spiegel y varios medios europeos.

Si ese documento fuera una prueba irrefutable, no habría salido el 3 de diciembre el secretario de Hacienda diciendo que “realizará las investigaciones que considere oportunas” para ver si Cristiano ocultó sus ingresos al fisco.

Al parecer, la AEAT llevaba meses inspeccionando las declaraciones anuales de impuestos de Ronaldo entre los años 2011 y 2013, algo que no había trascendido a los medios de comunicación hasta ahora.

¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a los jugadores que están saliendo en estos documentos?

“Lo peor es que la AEAT considere que su situación tributaria es irregular y que, en concreto, aprecien indicios suficientes de comisión de un presunto delito fiscal por defraudación a la Hacienda Pública”, añade el profesor Martínez-Carrasco.

Varios medios españoles indican que podría ser condenado a un mínimo de 6 años de prisión, según el sindicato de Técnicos de Hacienda. Sin embargo, la pena podría rebajarse si reconoce los hechos y paga la cuota defraudada.

Para ello, primero la AEAT debería denunciar el caso a la Fiscalía para que investigue si hay delito fiscal. “El peor caso, al igual que Messi, es enfrentarse a una posible sanción que contemple su ingreso en prisión, cosa muy improbable, pero si seguro ante unas fuertes multas”, indica el profesor de derecho de la información de la UCM, Ignacio Bel.

¿Hay diferencias en el caso de Messi y Ronaldo?

“Por lo que yo sé hasta ahora, se trata de la misma situación fáctica”, indica el profesor de derecho financiero y tributario de la UAB. Messi utilizó un sistema parecido al de Ronaldo, pero las sociedades estaban constituidas en otros países como Uruguay y Belice.

Martínez-Carrasco señala que hay una debido a una reforma en la Ley General Tributaria, el procedimiento de inspección de Ronaldo podría llegar a durar más tiempo que el de Messi.

He leído que un juez prohibió la publicación de estas informaciones en España y en Europa.

En efecto. Un juez prohibió a El Mundo y a los medios que pertenecen a EIC publicar estos documentos porque entiende que podrían haber sido obtenidos de manera ilícita, es decir, robada de correos electrónicos.

Sin embargo, todos los medios han publicado estas informaciones a costa de las sanciones que puedan conllevar.

¿Y por qué han publicado esas informaciones?

Porque El Mundo entiende que el derecho de la información y de expresión prevalece sobre el derecho a la intimidad y privacidad, que es el que había protegido el juez. “Se trata de una colisión de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española”, explica Alejandro Vega, también profesor de derecho de la información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y colega de Bel.

Vega aclara que el derecho a la información prevalece “siempre” sobre el derecho a la intimidad cuando la información tenga interés general y sea obtenida por medios lícitos. En ese sentido, Vega opina que el juez ha actuado con “demasiado celo” porque pide paralizar la publicación de esas informaciones al considerar que “podrían haber sido conseguidas” de manera ilícita, pero no tiene certeza de que así sea.

¿Qué le puede pasar a El Mundo y a su director por desobedecer la decisión judicial?

La difusión de la información podría acarrear penas de cinco años de prisión para el director, aunque también podría haber simplemente una sanción económica. O que no ocurra nada.

“Conociendo la realidad española no creo sinceramente que le pase nada ni al medio ni al director”, opina Bel.

“Aquí el problema en este caso no radica tanto en la publicación sino en la forma de obtención de la información, que es donde está el posible delito. Por ello nos encontramos en un caso singular. Pero me extrañaría mucho, dada la importancia de la libertad de expresión consagrada por la Constitución, que hubiera repercusiones negativas para el medio y para el periódico”, añade.

¿Es esto una cosa única de Cristiano Ronaldo?

Lamentablemente parece que se trata de un esquema replicado por varios futbolistas, por lo que parece que no estamos ante casos únicos sino frente a una situación de evasión fiscal normalizada en el mundo del fútbol.

Messi fue condenado a 21 meses de prisión por defraudar 4.1 millones de euros a Hacienda.

Javier Mascherano fue condenado a un año de cárcel y 800,000 euros por dos delitos fiscales.

La Fiscalía Provincial de Madrid denunció el miércoles 7 de diciembre a los exjugadores del Real Madrid Ángel Di María, Ricardo Carvalho y Xabi Alonso.

Radamel Falcao, y Fabio Coentrao también están siendo investigados por la Fiscalía madrileña.

A finales de noviembre, el fiscal pidió una pena de 10 años y 6 meses de cárcel para el exjugador del FC Barcelona Samuel Eto’o.

El jugador del Real Madrid, Pepe, también está implicado en el los documentos de Football Leaks.

Son sólo algunos nombres de las estrellas que se han visto involucradas a diferente nivel en estos escándalos, que parecen evidenciar una práctica sistémica más que un caso particular. “Han abusado demasiado de la estructura de empresas pantalla y esta situación es ya un poco burda”, señala Pérez de Acha.

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13
Dic
2016
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El SAT frente a las empresas fantasma [Animal Político]

Las autoridades actúan en forma implacable en contra de los contribuyentes que han realizado operaciones con ellas. Sin embargo, la misma determinación es nula cuando se trata de dependencias gubernamentales.

Las empresas fantasma existen legalmente: se constituyen ante notario público -por lo general con prestanombres-, se inscriben en el registro público de la propiedad y en el registro federal de contribuyentes, cuentan con firma electrónica, expiden comprobantes fiscales (CDFI) utilizando la plataforma del SAT, etcétera. Se les llama así porque sus operaciones son falsas, simuladas o inexistentes.

Al 1º de diciembre de este año, el SAT ha detectado 1,100 empresas fantasma y otras 1,596 que están bajo investigación. Sus operaciones las realizan con otros contribuyentes y con dependencias públicas, tanto para evadir impuestos como para financiar campañas políticas, cometer actos de corrupción y lavar dinero.

SAT

En materia fiscal, el SAT no sólo actúa en contra de las empresas fantasma, sino también en contra de los contribuyentes que celebraron operaciones con ellas. Estas operaciones se consideran como no realizadas y, por lo tanto, se pierde la deducibilidad para efectos del ISR y el acreditamiento en el IVA. Asímismo, los contribuyentes corren el riesgo de que se les acuse de defraudación fiscal y de un delito específico para quienes compran facturas falsas.

Como se señaló, las empresas fantasma se utilizan también para cometer actos de corrupción. El modo de operar es el siguiente: las dependencias públicas simulan contratos de obra o la prestación de servicios con ellas. Obvio que las obras y los servicios no se ejecutan, no obstante lo cual las dependencias pagan las contraprestaciones a las que se obligaron. Al efecto, las empresas fantasma les entregan los respectivos CFDI, expedidos a través de la plataforma del SAT. Veracruz y Chihuahua son ejemplos actuales y emblemáticos, pero lo cierto es que ese mecanismo se ha utilizado durante años por la mayoría de los estados (de igual manera por dependencias federales y municipales).

Cuando las autoridades fiscales detectan a las empresas fantasma, al mismo tiempo descubren los CFDI emitidos por estas a otros contribuyentes y a las dependencias públicas con las que han interactuado. Estos comprobantes son falsos, porque amparan operaciones inexistentes o simuladas. Ello significa que el SAT puede identificar no sólo los casos de evasión fiscal, sino también de desvío ilícito de recursos públicos.

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Respecto de las 1,100 empresas fantasma fichadas por el SAT, se ha visto que las autoridades actúan en forma implacable en contra de los contribuyentes que han realizado operaciones con ellas. Sin embargo, la misma determinación es nula cuando se trata de dependencias gubernamentales. Las autoridades fiscales tienen la relación completa de los CFDI falsos. No hay excusa para abstenerse de actuar en contra de la corrupción que se articula por funcionarios públicos.

Con las facturas falsas emitidas por empresas fantasma, los contribuyentes omiten impuestos y cometen delitos fiscales. Para los funcionarios públicos el tema es más delicado, pues además incurren, en forma directa, en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la PGR tienen mucho por hacer en la lucha contra la corrupción. Las empresas fantasma proporcionan material útil para esos efectos.

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29
Nov
2016
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¿Es viable dar por terminado el TLCAN? [Forbes]

Resulta inquietante pensar que Donald Trump dé por terminado el TLCAN. ¿Es viable que suceda? ¿Las cláusulas del acuerdo comercial lo permiten? ¿Qué dice el derecho internacional?

Comercio entre naciones.  (Foto: Reuters)

Enero de 1994 potenció nuevas y distintas oportunidades de negocios para Canadá, México y Estados Unidos de América [EUA], con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN]. Todo indicaba que la globalización había llegado para quedarse. Un buen número de tratados comerciales entre países de todo el mundo lo ratificaba. Las fronteras estaban libres de barreras al comercio.

Sin embargo, la elección de Donald Trump como presidente de los EUA ha puesto en jaque ese paradigma, con la advertencia de su parte de que el TLCAN tendrá que renegociarse o, de lo contrario, su país lo dará por concluido. De ambas posibilidades, la más complicada es la de abrir el tratado a nuevas negociaciones para cambiar su clausulado.

En efecto, en lo que hace a las enmiendas al TLCAN, el tratado prevé que los tres países podrán convenir cualquier modificación o adición al mismo, siempre que exista un acuerdo entre ellos que sea ratificado conforme a su legislación interna (en el caso de México, por la Cámara de Senadores). El reto para nuestro país es que, a diferencia de los años 90, el escenario con Trump se espera complicado. Considerando la fuerza de la economía norteamericana, nuestro margen para negociar hoy el TLCAN es limitado.

Además, deben considerarse los costos y tiempos del proceso de renegociación. Para que los tres Estados lleguen a acuerdos sobre puntos específicos del tratado que deseen cambiar o suprimir, deberán fijarse agendas temáticas y celebrarse rondas que consumirán varios meses de negociación, sobre todo si a los ojos de Trump existen aspectos específicos que afectan a su país.

De esta forma, el camino sencillo para EUA es salirse del TLCAN, no sólo por los pocos alicientes para renegociar -Trump dixit-, sino porque el propio tratado ofrece una cláusula expedita para renunciar al mismo. Bastaría con que ese país comunicara por escrito a Canadá y a México su intención de actuar en ese sentido. Esto traería dos consecuencias: la primera, que la salida de los EUA -’denuncia’ del tratado, como se conoce legalmente-, operaría seis meses después de la comunicación escrita, que es como públicamente lo ha manifestado Trump.

La segunda consecuencia sería que el tratado continuaría vigente entre nuestro país y Canadá, a menos que alguno de estos países decidiera, a su vez, darlo por terminado; o renegociarlo, incluso, pero sin la participación de EUA.

Obviamente, la salida de los EUA del TLCAN conllevaría ajustes operativos, legales y fiscales en las dinámicas entre los tres países. Los cambios normativos y regulatorios tendrían impactos importantes en la multiplicidad de operaciones transfronterizas.

Lo paradójico del caso es que un tratado que tomó mucho tiempo celebrar y que llevaría meses renegociar, podría denunciarse -darse por terminado- con una simple carta firmada por Trump, cuando este asumiera la presidencia de los EUA. Desde el punto del derecho internacional, sería así de simple. Legalmente no hay mucho más que agregar. En ello radica su fuerza para abrir el tratado a renegociación.

17
Nov
2016
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De corrupción y delincuencia organizada [Animal Político]

Los recientes casos de corrupción gubernamental en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos, plantean interrogantes sobre el tipo de delitos de los que son acusados. Además de cohecho y peculado, Hacienda y la PGR los ha denunciado por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Cómo es que todos esos delitos se actualizan? El propósito del presente artículo es responder a esta interrogante.

El inicio de la cadena delictiva se encuentra en dos especies de corrupción: el cohecho y el peculado. En el primero, los funcionarios públicos reciben dádivas –mordidas– a cambio de favores a terceras personas. En el peculado existe la apropiación indebida de dinero del Estado. En ambos casos, los funcionarios tienen un incremento en su patrimonio, lo cual los enfrenta al reto no sólo de ocultarlo, sino también de disfrutarlo -¿o no es ese el propósito de la corrupción?-, ya sea en forma directa o a través de prestanombres.

El proceso de ocultar el dinero proveniente de cohecho y peculado -al igual que la adquisición de bienes con los mismos recursos-, configura el delito de lavado de dinero. De este, a su vez, se deriva la defraudación fiscal, por una presunción legal en razón de la cual este último delito se consuma en automático cuando existen ingresos o recursos provenientes de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

AP Delincuencia organizada-1

Por su parte, no obstante la ilicitud del dinero obtenido, el incremento en el patrimonio de los funcionarios trae como consecuencia la obligación a su cargo de pagar el Impuesto sobre la Renta. No pagarlo actualiza una segunda modalidad de defraudación fiscal, distinta de la señalada en el párrafo anterior, sobre todo si para omitirlo se hace uso de engaños, como usualmente sucede en los casos de corrupción.

Incluso, una tercera variante de defraudación fiscal se configura por el disfrute del dinero del cual los funcionarios se apropiaron ilegalmente. En efecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que cuando en un año de calendario una persona efectúa erogaciones superiores a los ingresos declarados, la diferencia constituye un ingreso respecto del cual debe pagarse dicho impuesto.

La lógica es simple, como se demuestra en el siguiente ejemplo: supongamos que en 2015 una persona declaró 200 mil pesos, pero el fisco federal le demuestra que gastó 800 mil. ¿De dónde salió la diferencia en exceso por 600 mil? Puede ser que esta provenga de ingresos obtenidos en años anteriores, respecto de los que ya pagó el impuesto; sin embargo, si el contribuyente no lo justifica, entonces la ley presume que esa diferencia constituye un ingreso por el cual debe pagar el ISR.

A la anterior presunción se le conoce como discrepancia fiscal, que no sólo da lugar a una responsabilidad económica a cargo del contribuyente, sino también a una imputación por defraudación fiscal ‘equiparada’, la cual se actualiza precisamente cuando en un año de calendario una persona física realiza erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio, y no comprueba al SAT el origen de la discrepancia.

AP Delincuencia organizada-2

Ahora bien, una vez configurado el lavado de dinero, el delito de delincuencia organizada se presenta en automático cuando “tres o más personas se organicen […] en forma permanente o reiterada” para esos propósitos. En la articulación de la corrupción esa hipótesis se cumple con facilidad, pues por lo general el funcionario público no actúa solo, sino que lo hace con el auxilio y complicidad de varias personas -tres o más- para consumar el cohecho y el peculado, así como para ocultar el dinero producto de sus actividades ilícitas.

Como se aprecia, la línea entre corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada es clara y directa. Por eso no debe extrañar que las acusaciones penales de Hacienda y de la PGR sean en este sentido.

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13
Oct
2016
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Las empresas fantasma de Veracruz [Animal Político]

Las 26 empresas fantasma que celebraron operaciones falsas con el gobierno de Veracruz no sólo son constitutivas de los delitos de corrupción y defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La noticia de que la PGR ha actuado en contra de los representantes legales de 26 empresas fantasma que celebraron operaciones falsas con el gobierno de Veracruz, evidencia que las mismas se utilizan como instrumento para cometer actos de corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero.

Contrariamente a lo que se cree, las empresas fantasma tienen existencia legal. Son reales en el mundo jurídico: se constituyen ante notario público, se inscriben en el registro federal de contribuyentes y cuentan con domicilio fiscal. Sin embargo, los bienes y servicios que proporcionan son simulados, los cuales se amparan con facturas falsas que son efectivamente pagadas por los pseudo clientes. Todos operan con un sólo objetivo: apropiarse en forma indebida del dinero del Estado o consumar la evasión fiscal.

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Lo usual en las empresas fantasma es que sus socios sean personas de bajo perfil socioeconómico, prestanombres que facilitan sus credenciales de elector a cambio de una gratificación menor -apenas unos cientos de pesos-. Con esas credenciales se constituyen las empresas y se abren las respectivas cuentas de cheques. Sin embargo, las firmas que se registran no son de esas personas, sino de quienes operan el negocio. Así estos garantizan el control y el flujo del dinero.

Una vez que los clientes pagan las facturas falsas, los rendimientos de la transa se transfieren a los verdaderos dueños del negocio o a las personas que ellos designen -por lo general a familiares o a otros prestanombres de alto perfil-, pero nunca a los prestanombres iniciales.

Lo anterior requiere del contubernio de notarios públicos y ejecutivos bancarios. Se trata de un juego en el que todos ganan y en el tinglado está plenamente armado. Los verdaderos dueños del negocio asumen algún riesgo, aunque mínimo, pues quienes quedan expuestos en primer término son los prestanombres de bajo perfil. Pero siempre queda un cabo suelto: el rastro de la transferencia final del dinero de las empresas fantasma a los beneficiarios reales.

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La fiscalización de las empresas fantasma afronta dos retos. El primero radica en que su creación y la emisión de facturas falsas es un deporte nacional, lo que hace que su proliferación en el país sea alta. El segundo factor es que la operación de dichas empresas se ha sofisticado, al grado de que es difícil identificar a quienes instrumentan la trama.

No obstante, la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP cuentan con herramientas legales e insumos logísticos para perseguir este tipo de operaciones, las cuales no sólo son constitutivas de los delitos de corrupción y defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero y delincuencia organizada. Es cuestión de que el Estado se decida a actuar en ese sentido.

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5
Oct
2016
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Contabilidad electrónica y buzón tarifario a discusión en la SCJN [Forbes]

Los ministros deberán pronunciarse hoy sobre temas relacionados con la reforma fiscal de 2014, entre ellos en límite de las deducciones personales en ISR.

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Este miércoles 5 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] resolverá diversos temas relacionados con la reforma de 2014 a diversas leyes fiscales, los cuales a continuación se señalan:

  1. Revisiones electrónicas y buzón tributario: ambos temas fueron resueltos por la SCJN el 6 de julio de este año. Ahora, en cuatro nuevos proyectos se propone confirmar la constitucionalidad de los mismos. De ser aprobados, integrarán la jurisprudencia que se aplicará en todos los amparos que se promovieron en el país.
  2. Contabilidad electrónica: al igual que en el tema anterior, en los cuatro proyectos se propone confirmar la constitucionalidad del Código Fiscal de la Federación, con lo cual se formaría jurisprudencia. El  único aspecto en el que se propone la  inconstitucionalidad, es el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal por cuanto remite a un formato elaborado en idioma inglés por un tercero: Consorcio 3W.
  3. Límite a las deducciones personales en ISR: en distintos proyectos se sostiene que es constitucional el límite en el ISR a las deducciones de las personas físicas, en tanto se trata de gastos que no están directamente relacionados con la generación de los ingresos gravados.
  4. Tarifa del ISR para personas físicas: en varios proyectos se sugiere ratificar la constitucionalidad de diversos artículos de la ley, por dos motivos: el primero, porque la tasa máxima del 35% es proporcional y equitativa; y el segundo, porque dicha tarifa es progresiva.
  5. Personas físicas que tributan en el régimen general del ISR: en distintos proyectos se plantea la constitucionalidad de ese régimen, no obstante de su trato diferenciado respecto de los contribuyentes del RIF y de la tasa reducida del 10% sobre las ganancias obtenidas en bolsa de valores.
  6. Tasas diferenciadas de ISR para el sector primario: en varios proyectos se propone confirmar la constitucionalidad de las tasas del 0, 21 y 30%, aplicables a los contribuyentes de este sector, en función del nivel de ingresos que obtuvieron en el ejercicio.
  7. IEPS sobre “comida chatarra”: en distintos proyectos se propone ratificar la constitucionalidad de este impuesto.

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