16
Oct
2017
0

Señalan inmovilismo de PGR con Cervantes [Reforma]

Cd. de México (16 octubre 2017).- 

 La gestión de casi un año de Raúl Cervantes al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) estuvo marcada por el inmovilismo en la investigación de los temas más emblemáticos, consideró Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Los casos en los que la PGR no avanzó con la celeridad que la sociedad le ha demandado, indicó Pérez de Acha, son los sobornos que presuntamente pagó Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya; la utilización del software Pegasus para espiar a activistas y periodistas; así como el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca que provocó la muerte de dos personas.

“En los tres casos que acabo de mencionar, sin lugar a dudas, la institución que debió liderar los casos se llama PGR y lo único que hemos recibido son explicaciones que consumen semanas, que consumen meses y por el otro lado promesas de que se va a investigar”, expuso.

Cervantes anunció este lunes que renunció a la titularidad de la PGR tras haber estado casi un año en el cargo, pues su ratificación por parte del Senado se dio el 26 de octubre de 2016 luego de que el Presidente Enrique Peña lo propusiera en el cargo en sustitución de Arely Gómez.

Su perfil, un militante priista que ha fungido como abogado del tricolor fue duramente cuestionado por diversas organizaciones sociales debido a que como está la ley actual, al ser el titular de la PGR se convertiría en automático en el nuevo Fiscal General de la Nación.

Esta salida, consideró Pérez de Acha, añade un aspecto más a la discusión de quién deberá encabezar la Fiscalía.

“Yo creo que a la par de discutir quién tiene el perfil adecuado para ocupar la posición y, en su caso, convertirse en Fiscal General de la República, también se debe analizar, discutir y debatir, en términos de política de Estado, cuál es el mejor diseño institucional que corresponderá a la Fiscalía General de la República”, sugirió.

Fuente.

12
Oct
2017
0

La denuncia por los daños del #19S busca evitar más víctimas [Expansión]

A la par de las investigaciones de la CDMX, abogados, académicos y activistas impulsan una denuncia contra quienes resulten responsables por los daños injustificables a raíz del sismo.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –

Además de las medicinas, alimentos, agua, techo, abrigo, para los damnificados del sismo que sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, se tiene que satisfacer el reclamo de justicia de los ciudadanos, aseguró el abogado Luis Pérez de Acha, quien impulsa una denuncia junto con otros académicos y activistas, contra quien resulte responsable por las muertes, derrumbes y daños a raíz del temblor.

“Lo que estamos haciendo través de la denuncia penal, no soluciona el problema, pero señala el problema. De nada sirve tener 10, 20, 50 o 100 personas encarceladas por homicidio culposo, porque no va a revivir a las personas fallecidas, pero lo que sí se puede evitar hacia el futuro son actos de corrupción, que en un momento determinado, ocasionen más víctimas”, dijo Acha en entrevista con Expansión.

El también miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción comentó que el temblor afloró la “caja de Pandora” de la corrupción que provocó el colapso de algunos edificios en la capital del país y la muerte de las personas que se encontraban dentro y no pudieron salir.

“Es cierto que algunos inmuebles se derrumbaron con motivo del sismo en sí mismo, pero también es innegable que algunos otros cayeron por deficientes materiales, en la construcción, por licencias de uso de suelo mal otorgadas o falsas, porque no se cumplió con la normatividad establecida en la CDMX”, dijo Acha.

El litigante considera que todo eso en su conjunto habla de actos de corrupción, de irresponsabilidad, de contubernio entre autoridades y constructores, que debe ser atendido.

La semana pasada un grupo de empresarios, activistas, líderes de la sociedad civil, entre los que se encuentran los integrantes del CPC, Jacqueline Peschard, Mariclarie Acosta y José Octavio López Presa, así como representantes de organizaciones como María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), Edna Jaime, de México Evalúa, y María Elena Morera, de Causa Común, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) por los delitos de homicidio culposo, fraude específico y uso ilegal de atribuciones.

De comprobarse que alguna autoridad, verificador, Director Responsable de Obra (DRO), contratista o constructor estuvo relacionado con la muerte de una de las 228 víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre podría ser castigado hasta con 10 años de prisión.

El gobierno capitalino, comandado por Miguel Ángel Mancera, también anunció que se abrieron 147 carpetas de investigación por las irregularidades de algunas edificaciones y dijo que tomará las medidas pertinentes ante posibles violaciones a la ley.

El abogado, que ha encabezado otras denuncias contra los estados por incumplir el plazo para instalar sus sistemas locales anticorrupción, dijo que la idea no es fabricar responsables, sino que se persiga a quienes sí lo son, y se eviten casos de este tipo en el futuro.

Al respecto, aseguró que se debe trabajar en el rediseño de todo el marco legal, además de regularizar en la práctica todo lo que se pueda para que no se repita el fenómeno de corrupción relacionado con el uso de suelo y en temas de construcción.

“Hay mucho por hacer, hay que hacer trabajo preventivo. Se tiene que revisar de nueva cuenta la legislación de la Ciudad de México en esta materia. Está muy descompuesto el marco legal y por otro lado también hay otras acciones que estamos apenas diseñando, pero nuestro interés es continuar con la lucha”, afirmó.

Fuente.

10
Oct
2017
0

Sismo 19-S: La corrupción mata [Proceso]

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando el abogado Luis Manuel Pérez de Acha se convence de que muchas de las muertes del sismo del pasado 19 de septiembre ocurrieron como consecuencia de construcciones mal hechas, explota: ¡Debe haber responsables –tanto de autoridades como de constructoras e inmobiliarias que pueden ser acusadas por lo menos de homicidio culposo– y éstos tienen que ser llevados a la cárcel! La corrupción mata, afirma.

Dos semanas después del terremoto de 7.1 grados, el reporte oficial destaca que hubo 228 muertes y al menos 18 mil edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 48 ya fueron demolidas.

Al cierre de edición, el gobierno de la Ciudad de México estimó que al menos mil edificios más serán demolidos y previsiblemente otros mil 193 podrían tener el mismo destino si los peritos determinan la magnitud de sus daños estructurales.

El abogado Pérez de Acha encabeza un grupo de escritores, arquitectos, académicos y activistas sociales que presentaron la primera denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) contra quien resulte responsable por los actos de corrupción que pudieran haber existido detrás de las construcciones siniestradas.

En la denuncia de hechos, presentada el martes 3, los promotores piden a la procuraduría capitalina investigar a quienes pudieron haber cometido los delitos de homicidio doloso, fraude específico y uso ilegal de atribuciones en la emisión de licencias de uso de suelo y construcción.

“Aquí hubo muertos por efectos de la corrupción. El edificio de Álvaro Obregón 286 es el emblema de la corrupción, aunque no es el único. Está también la escuela Enrique Rébsamen, donde los padres de familia nos pidieron apoyo; ellos están tristes y muy enojados”, comenta el abogado en entrevista.

Según la querella, a raíz del sismo hubo lesiones, privación de la vida de cientos de personas y daños a la propiedad en cientos de edificios que tuvieron su origen en que “probablemente el empresario, contratista o constructor de los inmuebles empleó o realizó construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas”.

La petición 

El abogado Pérez de Acha y los denunciantes sostiene que los técnicos que ostentan la figura de Director Responsable de Obra (DRO) “autorizaron o permitieron el desarrollo de construcciones, de las que se otorgaron responsivas sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro a la normativa vigente en la materia de desarrollo urbano”.

De la misma manera, arguyen, los propietarios de inmuebles derrumbados o dañados, sus representantes legales o constructores, “teniendo conocimiento, permitieron la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro a la normatividad vigente, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitida”.

Y añaden: La autoridad, para dar licencias o permisos relacionados con la construcción, “actuó de manera contraria a la normatividad vigente”.

Los denunciantes incluyen una lista de 48 inmuebles que se cayeron por el sismo en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón y Xochimilco.

Piden que se investigue la pluralidad de conductas y de resultados en cada inmueble dañado. “Esto –puntualizan– es así, ya que no es creíble que ante un movimiento telúrico como el que se ha descrito, algunos edificios se caigan y otros no. Este tipo de tragedias no suceden al azar”.

E insisten: la autoridad ministerial debe determinar si existe probable responsabilidad por las lesiones, homicidios, fraudes y daños a las propiedades por la negligencia o la corrupción de autoridades, empresarios, contratistas, directores responsables de obra o inmobiliarias.

“Lo que hemos estado viendo es que hay mucha gente que salió afectada por la corrupción y tiene que haber responsables penales. Pero lo que queremos es ayudar a que la tónica del desarrollo urbano no tiene que ser la corrupción”, comenta.

Barrido de evidencias

Pérez de Acha es experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo. Egresado de la Escuela Libre de Derecho y con un doctorado en derecho por la UNAM, litiga desde 1984. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en funciones hasta el año 2020, ha promovido juicios de amparo para que la Suprema Corte revise la inconstitucionalidad del gasto público federal que deriva en derroche, opacidad y corrupción.

Obtuvo sentencias en tribunales federales en temas novedosos sobre interpretación de las leyes del ISR y del IVA, así como de los tratados fiscales internacionales, impulsó las candidaturas independientes a puestos de elección popular, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Federal Electoral, por la inclusión de requisitos desproporcionados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ha participado en la promoción de acciones colectivas en materia ambiental, entre las que destaca la interpuesta en contra de Grupo México por la contaminación del río Sonora.

Respecto a la denuncia de hechos en contra de quienes resulten responsables por las muertes y lesiones de las personas que habitaban los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre, Pérez de Acha señala que es un parteaguas en la impartición de justicia para que ya no exista la corrupción en las constructoras y en las autoridades.

“Nosotros no queremos fabricar culpables, queremos identificar a los responsables en la comisión de los delitos; el más importante de todos, el homicidio culposo, porque ni las constructoras ni las autoridades cumplieron con las obligaciones que les impone la ley para el otorgamiento del uso del suelo, licencias de construcción, de supervisión de obras o avance de obras. O bien por haber otorgado licencias ilegales o haberse prestado para la falsificación de documentos”, señala.

Y añade: “Hay un catálogo muy amplio de ilegalidades. Nosotros vamos a abarcar todo el paquete, autoridades y constructoras, quienes resulten responsables. No vamos a hacer una selección caprichosa de los inmuebles o de si los afectados tienen voz a través de los medios de comunicación. Lo que tratamos es de completar el cuadro de la propiedad inmobiliaria porque la información es escasa o está muy desordenada, asistemática y difícil de clasificar. Es posible que nos podamos equivocar o que esté incompleta, pero vamos a trabajar con lo que tenemos y la podemos completar con pruebas o los pedimentos que hicimos”.

–¿Qué tanto futuro puede tener una demanda de este tipo, que es genérica y después se irá decantando en casos particulares?

–El objetivo es ir particularizando para aquellos casos en los que tengamos elementos. Tenemos un buen número de inmuebles señalados; si nos quedamos con la mitad está bien, porque es mejor que nada. Por lo menos que quede el antecedente de acción legal, que las autoridades sepan que estamos atentos como sociedad.

“Nosotros estamos en la tónica de que en el futuro se contemple la prevención. No nos sirve de nada tener a 100 funcionarios, constructores y empresarios encarcelados, porque no le van a regresar la vida a las personas. Tenemos que evitar la pérdida de vidas en la medida de lo posible.”

Se le comenta que hubo casos en los que el retiro de escombros se realizó de manera muy apresurada, como si quisieran desaparecer el cuerpo del delito.

Pérez de Acha responde: “Sí, las evidencias las quieren desaparecer. Nosotros en la denuncia penal hacemos una petición específica al Ministerio Público, de tomar medidas para salvaguardar las pruebas. Esto es fundamental porque si no hay pruebas no podemos demostrar el delito. Esto es parte del entramado hacia donde debemos dirigir las baterías, porque sin pruebas nos van a poner más obstáculos. Esto es así, sin lugar a duda. Hay que reconocerlo”.

Fuente.

28
Sep
2017
0

Demandan que Tribunal Superior de CDMX suspenda labores hasta comprobar seguridad tras sismo [Animal Político]

Abogados presentaron este jueves una demanda de amparo, solicitando que no sigan las labores en los inmuebles del TSJCDMX hasta que se compruebe la seguridad, luego de los daños que causó el sismo de magnitud 7.1.

Abogados presentaron este jueves una demanda de amparo, en la que reclaman que no sigan las labores en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y el Consejo de la Judicatura, hasta que no se compruebe que los inmuebles son seguros y se lleven a cabo las medidas de protocolo correspondientes, tras el sismo de magnitud 7.1 en la Ciudad de México.

En la demanda, de la que Animal Políticotiene una copia, los abogados reclaman que ni a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, ni a los abogados que desarrollan ahí su actividad, se les ha informado sobre posibles efectos secundarios que pueden tener los sismos en las edificaciones.

“Tampoco se han realizado las evaluaciones de riesgo en las instalaciones referidas, al no haberse obtenido dictamen por parte del Instituto para la Seguridad de Construcciones de la Ciudad de México de conformidad con la Ley del Instituto de referencia 3 y los ‘Lineamientos para la emisión de dictámenes y revisiones en seguridad estructural, competencia del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal”, refieren en el documento.

Los abogados que firman la demanda son Luis Manuel Pérez de Acha, Mario Héctor Blancas Vargas, Carlos Jesús Altamirano Bustos y Carla Cristina Altamirano Bustos.

 En otro de los puntos del documento, se señala que el obligar a los trabajadores a laborar en un sitio inseguro, con daños en su estructura, transgrede mandatos constitucionales, de respeto a la vida, salud, integridad e información, tutelados por los artículos  1, 4, 5, 6, 16 y 22 de la Constitución Federal, y 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo que reclaman, es contar con la protección de la Justicia Federal, para que “no se lleve a cabo la reanudación de labores o se permita la continuación de las mismas dada la violación de derechos fundamentales como ha quedado establecido a lo largo de la presente demanda”.

En la página web del TSJCDMX, se indica en un comunicados que se reanudarían las labores a partir del 26 de septiembre, exceptuando el caso de los inmuebles de Fray Servando Teresa de Mier Núm. 32, Colonia Centro; Río Lerma Núm. 62, Colonia Cuauhtémoc; Nezahualcóyotl Núm. 130, Colonia Centro, y James E. Sullivan Núm. 133, Colonia San Rafael. En ellos se reanudarán labores, hasta nuevo aviso.

“En relación a las oficinas que se encuentran en el inmueble ubicado en Isabel la Católica número 165, colonia Centro, las áreas serán reubicadas”, indicó el TSJCDMX, en boletines.

El pasado 25 de septiembre, el presidente del Tribunal Superior capitalino, Álvaro Pérez Juárez, dijo que dictámenes de revisión internos (elaborados por personal especializado del propio Tribunal) aseguraban la seguridad de las instalaciones, y que sólo se había registrado caída de plafones, losetas y vidrios rotos, reportó Reforma. 

Ante protestas de empleados del Tribunal, dijo que esos reclamos podían deberse a una situación emocional, dado lo reciente del sismo, lo que les haría pensar que existe un verdadero peligro, cuando observaron una grieta o la caída de un plafón.

En la página del TSJCDMX, están los dictámenes sobre seguridad internos que elaboró el Tribunal, firmados por Directores Responsables de Obra.

Sin embargo, los abogados que presentan la demanda reclaman que sean presentados dictámenes por parte del Instituto para la Seguridad de Construcciones de la Ciudad de México, en los que se compruebe que no hay riesgos, tras los sismos. 

Pérez de Hacha mencionó en entrevista que la demanda de amparo busca que se clarifique la información sobre el estado que guardan las instalaciones del TSJCDMX y el Consejo de la Judicatura, ya que hasta ahora ha prevalecido “la nubosidad”.

Dijo que entre trabajadores y abogados hay temores sobre daños que pongan en riesgo vidas, tras el sismo, pero que algunos empleados tienen temor a exponer que se les obliga a trabajar en situación insegura, ya que podría haber represalias.

“Es un crimen hacer que la gente se exponga”, dijo. “Es una desvergüenza que se les diga que si no suben al edificio, se les va a descontar sueldo”, agregó el abogado.
6
Sep
2017
0

Las razones del altercado por el Fiscal General [Animal Político]

El altercado entre diputados, senadores y partidos sobre el ‘pase automático’ es incomprensible por extemporáneo. Debieron oponerse en el 2014, ahora es tarde. Lo único que resta es que nos expliquen, de manera aceptable, la razón de aquella votación.

Para evitar el ‘pase automático’ del titular de la PGR como Fiscal General, varios actores y grupos sociales proponen una reforma a la Constitución Federal. Dado el entorno político-electoral, ¿es ello viable? Todo indica que no. ¿Existen otras alternativas legales? Sí, sin duda, en la medida que los partidos las ejerzan.

Empecemos por revisar los requisitos constitucionales para ser Fiscal General: mexicano por nacimiento con al menos 35 años de edad, con título de abogado con antigüedad mínima de 10 años y no haber sido condenado por delitos dolosos. Al respecto nada cabe comentar, pues basta que los mismos se satisfagan.

Sin embargo, un distinto requisito es que dicho funcionario goce de buena reputación. Este ha sido uno de los ejes de la petición de eliminar el ‘pase automático’. Se alega que el procurador general no satisface ese perfil y carece de la independencia que exige el nuevo puesto. Sin duda, la credibilidad social es fundamental.

Veamos en qué consiste el ‘pase automático’. Es fácil de explicar: en febrero de 2014 se publicó una reforma constitucional en materia político-electoral. En esta se incluyó la creación de la Fiscalía General de la República, con autonomía plena frente al Ejecutivo federal, con facultades autónomas y con una duración del cargo por nueve años. Esto significa que tendrá un poder descomunal, durante un largo plazo.