25
Ago
2016
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Nadie podrá escapar de las herramientas electrónicas del SAT [Forbes]

Tres temas introducidos en la reforma fiscal de 2014 se estimaron inconstitucionales: el buzón tributario, las revisiones electrónicas y a la contabilidad electrónica; las tres herramientas han sido ratificadas por lo que iniciará una nueva era de mayor control.

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Tres temas introducidos en la reforma fiscal de 2014 se estimaron inconstitucionales por los contribuyentes. Me refiero al buzón tributario, a las revisiones electrónicas y a la contabilidad electrónica. Esto originó la promoción de miles de amparos en el país, los cuales fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia (SCJN)  en los términos que comento a continuación.

En lo que hace al buzón tributario y a las revisiones electrónicas, la SCJN determinó que son constitucionales. De este modo, queda inalterada la efectividad de ambos mecanismos para fiscalizar a los contribuyentes, sobre todo considerando que el SAT cuenta con una cantidad importante de información que nosotros le proporcionamos, o bien, que le es facilitada por terceros con los que interactuamos: proveedores, clientes, bancos, etcétera. Lo previsible, por lo tanto, es que para el último trimestre de 2016 se masifiquen las revisiones electrónicas, tal como lo han anunciado las autoridades fiscales.

En lo que toca a la contabilidad electrónica, la SCJN también confirmó su constitucionalidad, salvo para un tema particular que fue invalidado. Se trata del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal, que establece los lineamientos técnicos para generar archivos XML y que son necesarios para subir la información contable a la página del SAT. La razón de esta inconstitucionalidad fue que dichos lineamientos no están redactados en español.

Lo anterior ha obligado al SAT a emitirlos en nuestro idioma, algo en lo que ya se está trabajando. En tanto ello no suceda, la obligación de entregar la información contable quedará en suspenso. Esto, sin embargo, no exime a los contribuyentes de llevar su contabilidad en medios electrónicos, por lo que es aconsejable cumplir con esta obligación en aras de evitar problemas y entregarla a las autoridades fiscales en cuanto se publiquen los nuevos lineamientos.

Un aspecto a definir es la situación de quienes en el pasado subieron su contabilidad a la página del SAT, pero que sin haber promovido amparo, pretenden ahora acogerse a la declaratoria de inconstitucionalidad de la SCJN. ¿Esto significa que pueden interrumpir unilateralmente esa obligación? Ello dependerá de la estrategia legal que en cada caso se implemente.

Por último, una vez que el SAT emita los lineamientos técnicos en español, sólo restará resolver si los mismos operarán hacia el futuro, o bien, si se aplicarán retroactivamente, obligando a los contribuyentes a subir la contabilidad de meses anteriores. Todo un tema que en su momento tendrá que definirse por la SCJN.

Fuente.

23
Ago
2016
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La controversia constitucional contra el ‘paquete de impunidad’ de Quintana Roo [Nexos]

La acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR y la aparente marcha atrás dado por el actual gobierno en Quintana Roo no fueron suficientes para remontar el conocido como ‘paquete de impunidad’. Solamente se dejó insubsistente la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la designación de los magistrados del mismo.

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El  ‘blindaje’ aprobado por el Congreso estatal a iniciativa del gobernador saliente Roberto Borge, consiste además en la aprobación e implementación de un paquete de reformas constitucional y legales, así como el nombramiento de funcionarios públicos. El común denominador de estas acciones es que dotan de una red de protección a los funcionarios salientes, a través de los siguientes mecanismos:

a) Seguridad personal, a cargo de los contribuyentes, por 15 años tanto para quienes sean exgobernadores, cónyuge e hijos, que no podrá ser menor a la que se tenga en funciones. Así como seguridad personal para altos exfuncionarios de gobierno.

b) Se elimina la calidad de ‘gravedad’ de los delitos cometidos por servidores públicos que afectan a la hacienda, el patrimonio y el servicio públicos. Por ejemplo, el delito de peculado ya no será grave. Así los servidores públicos acusados por estos delitos podrá salir libre bajo fianza.

c) En los delitos relacionados con la corrupción, se disminuyen sustancialmente las penas de prisión y pecuniarias. Por ejemplo, el  peculado se disminuye de 10 a 5 años de cárcel.

d) Se establece que los delitos por funcionarios públicos se persiguen por querella, ya no de oficio como debería ser en casos de corrupción.

e) Se disminuyen a tres años los plazos de prescripción de los delitos de funcionarios públicos por hechos de corrupción.

f) Se crea la fiscalía general del estado como órgano constitucional autónomo y se designa como tal al actual Procurador General de Justicia, por un período de nueve años. Esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, fue designado por Roberto Borge.

g) Se nombraron con 10 meses de anticipación al titular del Órgano de Fiscalización y a su Suplente. Al igual que en el caso anterior, esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, se da en el gobierno de Borge.

h) Se establecen porcentajes mínimos del presupuesto de egresos del estado en favor del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos autónomos, con lo cual se afecta la capacidad del Ejecutivo para prever ingresos, equilibrar finanzas públicas y para cubrir las necesidades sociales en materia de educación, salud, seguridad, protección civil, entre otras. Un ejemplo: el presupuesto del Congreso local, suponiendo que fuese el mismo del 2016, para el 2017 se incrementaría en 283.6 millones de pesos, para quedar en un total de 734.5 millones, lo que significa un aumento del 62%. Además las cantidades no pueden ser menores a las de los ejercicios anteriores, en caso de ajustes presupuestales no pueden ser afectadas y si el Congreso lo decide pueden ser mayores.

Las reformas fueron iniciadas después de conocer el resultado de las elecciones y discutidas, aprobadas y publicadas el 23 y 25 de junio y vigentes desde esas fechas. La minoría parlamentaria actual no alcanza el 33% pero sí lo reúne la elegida. Sin embargo, entre la fecha de publicación y vigencia de las reformas y la toma de posesiones de la nueva legislatura y del nuevo Ejecutivo transcurren más de treinta días hábiles.

La controversia iniciada

La acción intentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una controversia constitucional prevista en el artículo 105 de la Constitución federal, la cual fue suscrita por Carlos Joaquín González en su carácter de ‘gobernador electo’. Esta controversia constitucional se ha promovido en el plazo de los treinta días siguientes al inicio de la vigencia de las normas y actos que se combaten, el cual venció el pasado 18 de agosto.

¿Qué se pretende lograr?

El objetivo de la controversia constitucional es que la SCJN invalide tanto el ‘blindaje’ de impunidad, como el establecimiento de porcentajes mínimos del presupuesto de egresos para los poderes y órganos mencionados.

¿Por qué la controversia suscrita por el gobernador electo?

a) Es la persona legitimada para actuar ante la SCJN, quien ostenta una especial calidad que se deriva de la representación obtenida en la contienda electoral, en la que los ciudadanos de Quintana Roo optaron por una nueva propuesta.

b) Se trata de un caso inédito en nuestro país que un gobernador electo promueva una controversia constitucional. Sin embargo, él tiene el mandato y la responsabilidad —no sólo la facultad— de actuar en contra de la corrupción con base en la representatividad obtenida en las urnas. De ello, se insiste, se actualiza un interés legítimo para plantear el caso ante la SCJN.

c) En el armado del ‘blindaje’, existió una colusión entre el Congreso local y el gobernador saliente. Quien ocupa el Ejecutivo obtiene prerrogativas personales y se beneficia de la nueva legislación penal. El Congreso y su mayoría obtienen un incremento presupuestal desproporcionado y el traslado al Legislativo de las decisiones sobre finanzas públicas.

d) La legitimación procesal del gobernador electo se justifica en el hecho de que, conforme al artículo 49 de la Constitución de Quintana Roo, Carlos Joaquín González ostenta la calidad especial y diferenciada del resto de los ciudadanos, como ‘Poder Electo’ de ese estado. Dicho artículo establece lo siguiente: “El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. […]”.

e) Como se aprecia, este artículo señala con toda claridad que el Poder Ejecutivo se deposita en ciudadanos electos, calidad que satisface Carlos Joaquín González como resultado de la elección del 5 de junio de 2016.

f) Al momento en que un candidato triunfa en la contienda electoral, es indudable que se convierte en ‘Poder Ejecutivo Electo’ del estado, pues es cuando los ciudadanosempoderan a uno de ellos en específico para asumir las funciones y ejercer las correspondientes atribuciones constitucionales y legales.

g) El hecho de que exista un periodo de transición en el cual coinciden un ‘gobernador en funciones’ y un ‘gobernador electo’, no implica que a éste se le desconozca su calidad de Poder Electo. Simplemente se reconoce que es necesario un plazo prudente para que el gobernador saliente pueda hacer entrega/recepción de todos los asuntos de gobierno al gobernador entrante, sin que tal circunstancia permita desconocerle la calidad de ‘gobernador electo’ de la entidad.

h) El hecho de que el ‘gobernador electo’ no haya tomado posesión del cargo no es suficiente para que se desconozca su calidad de ‘Poder Electo’. Lo anterior es así, ya que incluso antes de que se lleve a cabo la toma de posesión y protesta, el ‘gobernador electo’ va ejerciendo cada vez mayores atribuciones inherentes a su cargo, las cuales culminan con la toma de protesta, momento en el cual asume la totalidad de sus atribuciones.

En las reformas y nombramientos hay una unidad de propósito: prerrogativas de seguridad personal, modificación estructural en el tratamiento penal por hechos de corrupción que afectan su eficacia y nombramientos que son centrales en la investigación y determinación de las responsabilidades.

Las reformas invaden las facultades del Ejecutivo y afectan el ámbito de su función constitucional. Además, contrarían las reglas y principios de la reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

La controversia constitucional ejercida tiene el propósito de actuar garantizando que no haya condiciones de impunidad, en el interés de la preservación de las condiciones de gobernabilidad y del mandato otorgado en las urnas. No hacerlo sería abdicar de tal responsabilidad y dejar que se consume la afrenta a la ciudadanía.

Rosa María Cano. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y de la maestría en derecho constitucional de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.

José Roldán Xopa. Profesor de la División de Administración Pública del CIDE. Twitter:@jrxopa

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

Nota: los autores participaron en la redacción de la demanda de esta controversia constitucional.

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18
Ago
2016
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Huelga de impuestos [Animal Político]

No es ilegal -ni irracional- que los empresarios exijan que el gobierno los exente del pago de impuestos, dados los daños y perjuicios ocasionados por la CNTE. Además, se trata de un mecanismo avalado por la Suprema Corte de Justicia y concedido en múltiples ocasiones por el gobierno federal.

En semanas pasadas, los principales organismos empresariales del país exigieron al gobierno la exención de algunos impuestos federales y locales, debido a las afectaciones ocasionadas por las marchas y plantones de la CNTE. Ellos también expusieron que la petición forma parte de una estrategia integral que incluye diversos juicios de amparo en contra de las autoridades que no han dado solución al problema.

Reclamar una exención de ese tipo nada tiene de descabellado, como de inicio lo parece. Es un hecho que los ciudadanos estamos legitimados para protestar cuando el Estado incumple con las obligaciones a su cargo, sin que esto resulte irracional. Las demostraciones de nuestra inconformidad pueden variar: en ocasiones a través de mecanismos institucionales, como, por ejemplo, propuestas de reformas legales, juicios de amparo, peticiones dirigidas a los funcionarios públicos o, incluso, manifestaciones callejeras.

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En otros casos, sin embargo, las vías de inconformidad se desnaturalizan y pierden todo cauce legal, como sucede, por ejemplo, con el vandalismo en marchas y la toma de oficinas de gobierno.

El impago propuesto por el sector empresarial en apariencia se identifica como una acción ilegal, a la manera de una simple huelga de impuestos. No es así. En realidad consiste en un reclamo para que se conceda una exención cuyo sustento se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, que expresamente permite este beneficio “cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad”.

De esta forma, no es ilegal -ni irracional- que los empresarios exijan que el gobierno los exente del pago de impuestos, dados los daños y perjuicios ocasionados por la CNTE. Además, se trata de un mecanismo avalado por la Suprema Corte de Justicia y concedido en múltiples ocasiones por el gobierno federal, el último en materia de IVA en favor de los principales constructores de casa habitación del país, justo por las razones que ahora se invocan por los empresarios y con el mismo fundamento legal.

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Reclamar la exención de impuestos tiene otra justificación. Es cierto que los pagamos porque así lo ordena la Constitución; sin embargo, a esta obligación le es correlativo nuestro derecho para exigir que el Estado los destine al gasto público. Ello significa que los impuestos no los pagamos porque sí, a la manera de los Estados tiránicos, sino en razón del deber del gobierno de velar por la seguridad nacional y la paz pública, puntales de la sana convivencia social y del desarrollo económico del país.

Como lo señalé, la exención de impuestos va acompañada de una serie de amparos, cuyo objetivo es obligar a las autoridades a actuar en contra de los bloqueos magisteriales. De nuevo, el ejercicio de una vía institucional de protesta ante la ineficiencia del Estado.

Con independencia de si las peticiones del sector empresarial son fundadas o no, lo destacable es su actitud de resolver por medios legales los conflictos que vive el país, en particular la crisis de negocios que sus agremiados afrontan.

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11
Ago
2016
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Amparo: El recurso legal de confianza de los ciudadanos ante abusos de autoridad [Expansión]

Contra bloqueos, gobernantes, medidas de ‘blindaje’ y acuerdos dudosos, ciudadanos y organizaciones se protegen con estas demandas para evitar hechos u omisiones que los afectan.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –

Diversos sectores de la ciudadanía han hecho del amparo su instrumento legal de confianza para protegerse de lo que consideran violaciones a sus derechos, o porque en su opinión contravienen lo establecido por la Constitución.

Aunque la medida no es nueva, recientemente se comenzaron a poner “de moda” estos recursos jurídicos para impedir que gobernadores, autoridades u organismos concreten actos que —a decir de los promotores de éstos— son ilegítimos, explica el abogado Luis Pérez de Acha.

“El hartazgo social está encontrando una válvula de escape institucional y los abogados estamos encontrando propuestas en el amparo para satisfacer a los ciudadanos”, dice en entrevista el experto en Derecho Constitucional y Fiscal, que ha encaminado algunos amparos.

Igual las marchas de los maestros inconformes con la reforma educativa, que las medidas de gobernadores salientes para ‘blindarse’ de investigaciones anticorrupción, ciudadanos y organismos civiles inconformes con las acciones u omisiones de las autoridaes han recurrido al amparo.

Pérez de Acha, que promovió un recurso junto con la organización Mexicanos Primero el año pasado para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sancionara el mal uso de recursos públicos destinados a la educación, comenta que con la reforma de 2011 a la Ley de Amparo se amplió el ámbito de protección a los derechos humanos y se incluyó el interés legítimo.

Gracias a este concepto, añade el litigante, un mayor número de ciudadanos se ha amparado contra las autoridades por casos que considera abusos, como en temas de corrupción y finanzas públicas.

“El interés legítimo juega a la par de otro técnico, interés jurídico. El interés jurídico solamente lo tienen aquellos que resultan directamente afectados. El interés legítimo busca proteger derechos colectivos”, abunda.

Éstos son algunos ejemplos recientes de cómo grupos de la sociedad civil se defendieron.

Mexicanos Primero vs. Acuerdos Segob-CNTE

Por considerar que los acuerdos que se hicieron entre autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1992, 2013 y 2015 eran ilegales, la organización Mexicanos Primero interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que éstos perdieran validez.

El juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa reconoció que los compromisos de la Segob con la Sección 22 del magisterio —que representa a los profesores en Oaxaca—, tales como la asignación de plazas a docentes a criterio del sindicato, nombramientos de funcionarios en el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO) y el derecho a no ser despedido en razón de un mal resultado en las evaluaciones, violaban el Artículo 3 de la Constitución.

Empresarios vs. CNTE

El martes 2 de agosto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó un amparo por las omisiones de los gobiernos federal, estatales y municipales para salvaguardar los derechos humanos de los empresarios y ciudadanos ante los actos de la CNTE.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, explicó que en el documento se señaló al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a los procuradores y a los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

El amparo fue admitido por el juez Federal Décimoprimero de Distrito en Materia Administrativa, y estableció el 20 de septiembre próximo como la fecha para la audiencia constitucional del juicio.

Mexicanos contra la Corrupción vs. Deuda de Chihuahua

El Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) —de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad—, logró frenar la autorización del Congreso de Chihuahua para que el gobierno pudiera acceder a una deuda por 6,000 millones de pesos.

De acuerdo con DILE, este aval constituía una acción inconstitucional, toda vez que contraviene el Artículo 117 Constitucional que prohíbe al estado contratar financiamiento en los últimos tres meses de gobierno.

Ciudadanos vs. ‘Blindaje’ de Borge

Un grupo de activistas de Quintana Roo presentó un amparo el pasado 3 de agosto contra las reformas a la Ley de Seguridad Pública de la entidad que permiten al gobernador y a su familia contar con guardaespaldas proporcionados por el estado durante 15 años.

Los inconformes impugnaron también la disposición estatal para que el nuevo Fiscal General del Estado y el Auditor Superior en la entidad duren en sus cargos nueve y siete años, respectivamente.

Ciudadano vs. Gobierno de la CdMx

El Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó al ciudadano John Andrew Auping Birch, un amparo para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México retirara un plantón de la CNTE, por obstruir el libre tránsito en la Avenida Bucareli.

La autoridad indicó que el bloqueo provocó una obstrucción considerable a la circulación de los vehículos que afectó el libre tránsito, lo que incidió en la productividad del área y el derecho a un ambiente sano.

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14
Jul
2016
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Antiblindaje federal contra Borge y los Duarte [Animal Político]

Ante la magnitud de los casos de corrupción aflorados en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, ¿hay algo más que deba hacerse? ¿El presidente Enrique Peña Nieto no tendría que ordenar indagatorias especiales por corrupción, fraude fiscal, lavado de dinero y hasta delincuencia organizada en contra de César Duarte, Roberto Borge y Javier Duarte?

Es incierto el resultado de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, en contra de los blindajes implementados por los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. El éxito en ellas dependerá de la solidez de la argumentación expuesta, pero, sobre todo, de si en realidad se ha violado la Constitución Federal. Así sucede en todo litigio, en particular ante la Suprema Corte de Justicia.

Esas acciones son atinadas, en tanto que buscan anular maquinaciones que son política y socialmente cuestionables. Los argumentos jurídicos de la PGR no se analizará ahora. El propósito es preguntar: ¿y qué otras acciones emprenderá el gobierno federal? Ante la magnitud de los casos de corrupción aflorados en los tres estados, ¿hay algo más que deba hacerse? ¿El presidente Peña Nieto no tendría que ordenar indagatorias especiales por corrupción, fraude fiscal, lavado de dinero y hasta delincuencia organizada en contra de César Duarte, Roberto Borge y Javier Duarte? La respuesta es que sí. Veamos por qué.

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Lo primero a tener en cuenta es que los blindajes en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo sólo operan respecto de la corrupción local. En otras palabras, cuando la corrupción de los funcionarios estatales dé lugar a delitos federales, los blindajes serán inoperantes, por lo que no podrán protegerlos. Esto debe es importante remarcarlo.

Un ejemplo ayudará a entender lo anterior: cada año la federación transfiere una cantidad importante de dinero a los estados. En 2016, la misma ascenderá a 1.3 billones de pesos -equivalente a la recaudación total por concepto de ISR-, de la cual 600 mil millones corresponde a aportaciones que nunca perderán el carácter de federales. De ahí que el uso indebido de estos recursos constituya un delito federal, no local, como lo explico en los párrafos siguientes.

En efecto, supongamos que de esas aportaciones el gobierno federal destina 100 millones de pesos al gobierno de Veracruz, para la construcción de una carretera rural. Estos recursos están ‘etiquetados’ y sólo pueden destinarse a ese propósito. Por lo tanto, a pesar de que los mismos se administren y ejerzan por el gobierno local, se consideran como federales para efectos legales.

Continuando con el ejemplo, imaginemos que uno o varios de los funcionarios de Veracruz aceptan mordidas de constructores, para verse favorecidos con la asignación de contratos. La modalidad preferida para camuflar estos actos de corrupción son las facturas falsas. Con esto se configura el delito de cohecho, y como resulta inimaginable que los funcionarios paguen impuestos sobre los ingresos obtenidos ilícitamente -nada los exceptúa de hacerlo-, también incurren en el delito de defraudación fiscal. Es decir, dos delitos federales respecto de una misma conducta.

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Aún hay más. El cohecho y la defraudación fiscal van de la mano con otro delito: el lavado de dinero; y si para articular este último participan tres o más personas, entonces se actualiza el de delincuencia organizada. En total, cuatro delitos federales sancionados con severidad por la legislación penal.

Las autoridades competentes para investigar esa gama de delitos y perseguirlos son el SAT, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la PGR. Lo que sigue, por lo tanto, es que estas instituciones actúen en contra de los funcionarios corruptos no sólo de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, sino también del resto de los estados del país que operan de manera similar.

El primer paso dado por el presidente Peña Nieto es significativo, pero insuficiente aún. Lo que falta es que se proceda penalmente en contra de los responsables.

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29
Jun
2016
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¿La Corte declarará inconstitucional la contabilidad electrónica? [Forbes México]

La SCJN empezará a discutir hoy si algunos lineamientos técnicos para ingresar la contabilidad a la página de internet del SAT son inconstitucionales. De ser así, la e-contabilidad podría quedar temporalmente sin efectos.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá sobre la constitucionalidad de la contabilidad y de las revisiones por medios electrónicos. De esta forma se establecerán los criterios que regirán la resolución de los 35,000 amparos promovidos en contra de la reforma fiscal de 2014.

De acuerdo con el proyecto de sentencia que se conoce al día de hoy, la SCJN podría declarar la inconstitucionalidad de algunos lineamientos técnicosincorporados en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal, relativos a la forma de ingresar la contabilidad a la página de internet del SAT.

La razón de esa propuesta radica en la obligación de utilizar los requerimientos de homologación establecidos en la página w3.org, redactados en inglés, cuando el español es el idioma conforme al cual tienen que cumplirse las obligaciones fiscales en nuestro país.

La relevancia de una inconstitucionalidad de este tipo sería la inaplicabilidad del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal. De ser así, la obligación de proporcionar al SAT la contabilidad por medios electrónicos quedaría temporalmente sin efectos.

Un segundo aspecto considerado en el proyecto de sentencia tiene que ver con las revisiones electrónicas del SAT. Como se sabe, estas revisiones inician con una preliquidación, que se convertirá en definitiva si los contribuyentes no desvirtúan las observaciones ahí contenidas. El tema es que el SAT está facultado para realizar el cobro inmediato de dichos créditos fiscales, aspecto que se propone como inconstitucional por violación al derecho de audiencia.

Si los ministros de la SCJN aceptan el proyecto de sentencia, el SAT sólo podrá realizar el cobro coactivo de los créditos fiscales cuando previamente conceda a los contribuyentes la oportunidad plena de defensa.

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27
Jun
2016
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Delitos de funcionarios corruptos [Animal Político]

La corrupción, como tal, no está prevista como delito en las leyes de nuestro país. Esto no significa, sin embargo, que la misma carezca de implicaciones penales. Las posibilidades de actuar en contra de los funcionarios deshonestos son reales. Los delitos y las penas existen.

Cuando se aborda el problema de la corrupción de funcionarios públicos, lo usual es hacerlo desde la perspectiva de las responsabilidades administrativas que proceden en su contra: amonestaciones públicas y privadas, multas, reparación de daños ocasionados al erario federal, inhabilitación para ejercer cargos públicos, etcétera. Sin embargo, poco se dice de los delitos que ellos cometen.

Un primer aspecto a considerar es que la corrupción, como tal, no está prevista como delito en las leyes de nuestro país. Esto no significa, sin embargo, que la misma carezca de implicaciones penales. Lo que sucede es que este fenómeno se integra por diversos delitos, cada uno con sanciones específicas, severas en la mayoría de los casos. Algunos de esos delitos son los siguientes:

a) Cohecho (conocido comúnmente como soborno, mordida o propina)

Se entiende como la promesa o el ofrecimiento a un funcionario público de un beneficio indebido, generalmente en dinero, que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Las penas máximas por este delito son de dos a 14 años de prisión.

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b) Peculado o malversación de recursos públicos

Se trata del desfalco o la apropiación indebida, en beneficio propio o de terceros, de bienes o dinero público que se han confiado al funcionario en virtud de su cargo. Esta actividad puede consistir en robo simple o en actos complejos tendientes al desvío de esos recursos.

Las penas máximas por este delito son de dos a 14 años de prisión.

c) Tráfico de influencias

Es la promesa o el ofrecimiento efectuado a un funcionario público para que abuse de su influencia, con el propósito de obtener de otra autoridad un beneficio indebido que aproveche o favorezca al solicitante.

Las penas máximas por este delito son de dos a seis años de prisión.

d) Abuso de autoridad

Es la realización de funciones distintas a las que corresponden al funcionario público, o bien, usar las propias pero en exceso, con el fin de obtener ganancias ilegales.

Las penas máximas por este delito son de dos a nueve años de prisión.

e) Enriquecimiento ilícito

Es el incremento injustificado del patrimonio de un funcionario público. En esta modalidad no se sanciona el tamaño del patrimonio ni su incremento per se, sino que el mismo no se pueda justificar, o bien, que provenga de una fuente ilegal, incierta u oculta.

Las penas máximas por este delito son de dos a 14 años de prisión.

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f) Fraude fiscal

Es el uso de engaños o el aprovechamiento de errores con el propósito de omitir el pago de impuestos. Por su naturaleza, este delito es doloso e implica la intención consciente de los contribuyentes de incumplir con las obligaciones fiscales a su cargo. En el caso de funcionarios públicos, la defraudación se configura de manera natural, pues quien comete cohecho o peculado, por ejemplo, difícilmente pagará los impuestos que correspondan a las ganancias ilegales obtenidas. En años recientes, las facturas falsas son un mecanismo utilizado para estos propósitos.

Las penas máximas por este delito son de tres a nueve años de prisión.

g) Lavado de dinero

Es el proceso para encubrir el origen de las ganancias generadas en virtud de algún delito de corrupción (cohecho, peculado y fraude fiscal, por ejemplo), y abarca cualquier conducta tendiente a administrar, custodiar, poseer, depositar, invertir, transportar u ocultar el dinero. El objetivo central del también llamado blanqueo de capitales es que los recursos aparezcan como fruto de actividades económicas o financieras legales.

Las penas por este delito van de cinco a 15 años de prisión.

h) Delincuencia organizada

Se actualiza cuando tres o más personas se organizan para lavar dinero, lo que en casos de corrupción no es extraño que esto suceda. Ejemplo de esto es ladesaparición de 645 millones de pesos en el gobierno de Veracruz.

Las penas máximas por este delito van de 12 a 24 años de prisión.

Como se ve, las posibilidades de actuar en contra de los funcionarios deshonestos son reales. Los delitos y las penas existen. Si bien es cierto que el Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la Ley #3de3, tiene sus bondades, antes que insistir en reformar las leyes -que hay que hacerlo, por supuesto-, conviene concentrarnos en exigir su aplicación.

Es una decisión de Estado que la corrupción se combata con efectividad. De poco servirá ampliar la gama e incrementar la severidad de las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios, si las leyes -actuales o por expedirse- se asumen como letra muerta, como hasta la fecha ha sucedido. De continuarse con esta tendencia, el Sistema Nacional Anticorrupción será un pretexto discursivo más de la clase gobernante que es la mayormente favorecida con la impunidad que a sus anchas campea en nuestro país.

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24
May
2016
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La fórmula del SAT contra abusos del outsourcing [Forbes]

Se considerará que los pagos de empresas a firmas de outsourcing corresponden a sueldos, con los efectos fiscales que esto conlleva.

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Durante décadas, el outsourcing ha sido utilizado por empresas para simplificar la administración de su plantilla laboral. En términos de negocio, sus ventajas son innegables, y en tanto se cumplan los requisitos legales, el esquema no presenta inconveniente alguno. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la subcontratación de servicios de seguridad y limpieza.

En 2012, la Ley Federal del Trabajo reforzó las condiciones bajo las cuales eloutsourcing se considera válido y no genera contingencia legal alguna. Estas condiciones son:

  1. Los servicios subcontratados no pueden abarcar la ‘totalidad’ de las actividades que se desarrollen en los centros de trabajo.
  2. Los servicios deben justificarse por su carácter especializado (seguridad y limpieza, en los ejemplos mencionados).
  3. Los servicios subcontratados no pueden comprender tareas iguales o similares a las que realicen los trabajadores de las empresas que contratan el outsourcing.

Si bien estos requisitos fueron ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en años recientes el SAT y las autoridades laborales han detectado que ciertas empresas incurren en la práctica de transferir a sus trabajadores a una o varias subcontratistas, con el propósito de evitar las obligaciones fiscales sobre la nómina (ISR, IMSS, Infonavit e impuestos locales) y liberarse de todo tipo de contingencias laborales, en particular de riesgos de trabajo, antigüedad, PTU, etcétera. Así, los trabajadores y el fisco son los grandes perdedores.

Por su parte, existen subcontratistas que idean mecanismos para eludir las obligaciones fiscales y laborales que corresponden a los trabajadores que les son transferidos. Para lograrlo se utilizan sindicatos, cooperativas o sociedades creadas ex profeso con el único fin de evadir impuestos. El resultado de este artificio es que los sueldos se disimulen como honorarios o reparto de utilidades.

Un problema adicional se presenta en materia de IVA, el cual se causa con motivo del outsourcing. En muchos casos las subcontratistas no pagan ese impuesto al SAT, y en cambio las empresas que contratan sus servicios sí lo acreditan –a veces incluso con saldos a favor, cuya devolución solicitan–, generando así una recaudación negativa en perjuicio de la hacienda pública.

Conociendo esta problemática, las autoridades laborales y fiscales han litigado fuertemente el tema ante los tribunales federales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su argumento es que las prácticas abusivas de algunas empresas incumplen las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo para que el outsourcing se considere como legal.

Fue así como en 2016 un tribunal federal resolvió que el outsourcing será inválido cuando las empresas transfieran a subcontratistas la ‘totalidad’ o la mayor parte de sus trabajadores. De este modo se considerará que los pagos que las empresas realicen a las subcontratistas en realidad corresponden a sueldos, con los efectos fiscales que esto conlleva.

Si esta tendencia jurisprudencial se consolida, las estrategias para crear ficciones legales a través del outsourcing quedarán aniquiladas por completo.

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26
Abr
2016
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El mapa de los paraísos fiscales y su secrecía [Forbes]

Estos paraísos fiscales, con un nivel bajo o nulo de gravámenes, no se encuentran sólo en el Caribe, también están en Europa y el Pacífico y tienen un nivel de secrecía alto que atrae a los capitales que no quieren pagar impuestos.

En el mundo existen al menos 34 jurisdicciones conocidas como paraísos fiscales o centros financieros offshore, debido a que sus gravámenes son bajos o nulos, y por su nivel de secrecía, que los hacen atractivos para los capitales que quieren evadir pagar impuestos en su país de origen.

La investigación de los Panama Papers, sacada a la luz el 3 de abril (de 2016) por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, muestra cómo el despacho de abogados Mossack Fonseca ayudó a miles de clientes, muchos de ellos políticos, empresarios y hasta personajes de la farándula, a ocultar su dinero del fisco mediante la creación de empresas y vehículos de inversión.

Panamá, ya conocido como uno de los paraísos fiscales más antiguos de América, tiene un nivel de secrecía alto que impide investigar los nombres de sus clientes que piden sus servicios.

En el país sudamericano existen alrededor de 350,000 sociedades offshore libres de fiscalización, el tercer número más grande del mundo sólo después de Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con la organización no gubernamental Tax Justice Network.

El organismo también clasifica por un conteo el nivel de secrecía de los paraísos fiscales. Panamá tiene una calificación de 72 sobre 100 en este rubro, de los más altos en el mundo.

“El secreto bancario de Panamá es lo que impide a las autoridades mexicanas y de otros países investigar adecuadamente cuál es la situación, cuánto dinero hay, cuáles son los nombres de los ciudadanos”, indica Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal.

El caso de los Panama Papers trajo de nuevo la discusión sobre los avances en el combate a la evasión fiscal. Según Tax Justice Network, el monto de flujos financieros ilícitos transfronterizos se estiman entre 1.0 y 1.6 billones de dólares al año.

A continuación te presentamos un gráfico interactivo que muestra los centros financieros offshore considerados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su nivel de secrecía y peso global, según Tax Justice Network.

Después del gráfico se muestra el caso de la Isla de Jersey, un ejemplo de que los paraísos fiscales no se encuentran sólo en el Caribe, y los avances en la lucha por aumentar la transparencia fiscal y lo que falta por hacer.

Un ‘edén’ británico

Cuando se habla de paraísos fiscales, la primera imagen que llega a la mente de muchos es la de una isla en el Caribe o Panamá, tras la investigación que reveló miles de clientes del despacho Mossack Fonseca. Pero estas jurisdicciones con gravámenes bajos o nulos no se limitan solamente a este lado del orbe. También en Europa existen jurisdicciones, algunas de ellas islas británicas, que son ‘amables’ con el dinero que llega de fuera.

Jersey es una isla dependiente de la corona  británica, de sólo 116 kilómetros cuadrados de extensión, ubicada en el Canal de La Mancha,  frente a las costas de Normandía. Pese a tener una población de sólo 90,000 personas, sus habitantes tienen un alto poder adquisitivo, con un PIB per cápita de 57,000 dólares en 2005.

Su ubicación estratégica (entre Francia y Gran Bretaña), clima templado y paisajes lo convertirían  en un lugar paradisíaco, pero el verdadero edén está en sus servicios financieros, que contribuyen con 60% de la economía de la isla. Empresas y grandes contribuyentes emplean este centro para reducir la carga tributaria de su patrimonio

La Isla de Jersey, pese a su clima británico, aparece como uno de los principales exportadores de plátano en el mundo. No es que tenga plantaciones de esta fruta en sus costas, sino que muchas empresas se instalan en estos centros por la reducida carga tributaria. Por ejemplo, en la isla británica los productos no pagan IVA, por lo que son más baratos que en casi todo el mundo.

El problema de estos centros financieros offshore, como también se les conoce, viene de mucho tiempo atrás. Desde el siglo XVIII, Suiza fue el primero en implementar el “secreto bancario” para atraer más inversiones. Fue en 1934 cuando empezó a regularse esta práctica, pues la Alemania nazi buscaba fiscalizar las grandes fortunas que había fuera de su economía.

Desde 2010, los flujos de inversión de la Unión Europea hacia estos centros financieros se incrementaron exponencialmente. De acuerdo con la agencia de estadística de la Unión Europea, Eurostat, 5,300 millones de euros salieron de su país de origen hacia jurisdicciones como Liechtenstein, San Marino, las Islas Feroe, la Isla de Man, Jersey, Panamá, las Bermudas, Islas Caimán, Bahrein, Hong Kong, y otras.

En 2011, cuando la zona euro vivía el momento más agudo de su crisis, el número de capitales que huyeron a los paraísos escalaron hasta 59,000 millones de euros (mde). Según Eurostat. En 2013, la cifra se moderó a 40,000 mde, pero los paraísos fiscales siguen siendo el segundo destino de la inversión extranjera directa que sale de los 28 países de la Unión Europea.

Combate por tres frentes

Luis Manuel Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal, resalta que el combate global a los paraísos fiscales se tomó más en serio desde 2009, cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos en plena crisis financiera y la necesidad del gobierno de más recursos incrementó los niveles de fiscalización.

“Hay tres frentes que se han abierto desde hace siete  años. Uno es el combate que ha emprendido Estados Unidos con su ley FATCA. El otro es la lucha que se ha emprendido con la OCDE y el Grupo de los 20, que se ha materializado en un acuerdo multilateral para el intercambio automático de información. El tercero es el combate al terrorismo, ya que los paraísos fiscales también se usan para financiarlo.”

La investigación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló a varios de los clientes del despacho Mossack Fonseca, con sede en Panamá, encendió de nuevo la alarma entre los organismos internacionales como el Banco Mundial, el G-20, la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, señaló  el 15 de abril (de 2016) que la evasión y el uso de paraísos fiscales, ilustrados recientemente con el caso de los Panama Papers, debilitan la lucha global contra la pobreza y el impulso de la prosperidad.

La iniciativa más reciente para obstaculizar la evasión fiscal es Platform for Collaboration on Tax, un mecanismo con que los países deberán intercambiar información fiscal, recibirán asesoría y herramientas para combatir la erosión fiscal.

Pérez de Acha asegura que desde hace siete años ha habido avances en la lucha contra la evasión fiscal, pero el próximo gran paso será que todos los países se comprometan a eliminar el secreto bancario. Casi 100 países han firmado el compromiso, pero falta ver si todos lo harán.

“Será un gran paso para eliminar los paraísos fiscales. Ésta es la propuesta teórica, ya veremos si se lleva a la práctica.”

Fuente.