16
Feb
2017
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Perfil. Luis Manuel Pérez de Acha, el funcionario que no cobrará honorarios [El Universal]

Experto en derecho constitucional y fiscal, el ahora integrante del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción devolvió todos sus honorarios por participar en estas
acciones.

Perfil. Quién es Luis Manuel Pérez de Acha

Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, es doctor en Derecho por la UNAM y un prestigiado abogado con una trayectoria de más de tres décadas.

Pérez de Acha es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Es socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM.

En 2015, tras la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la petición de información sobre la declaración patrimonial de primera dama Angélica Rivera, Pérez de Acha y Darío Ramírez, entonces, director de Artículo 19, acudieron a la SCJN para promover un amparo para dar a conocer como fue la compra del inmueble en las Lomas conocido como la “Casa Blanca”.

Ha sido promovente de juicios de amparo para que por primera vez la Suprema Corte de la Nación revisara la inconstitucionalidad del gasto público federal que deriva en derroche, opacidad y corrupción.

Es el caso de amparos como: El conocido como #YoContribuyente, contra la condonación del ISR a estados y municipios.

Asesoró a legisladores de distintos partidos políticos en la presentación de acciones de inconstitucionalidad en temas como la homologación del IVA en zonas fronterizas y el déficit fiscal autorizado al Ejecutivo Federal.

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16
Feb
2017
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Devuelve al gobierno 100 mil pesos al mes [El Universal]

El recién integrado Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, que preside Jaqueline Peschard, se llevó una primera lección.

Nos adelantan que el integrante del comité Luis Manuel Pérez de Acha no cobrará los 100 mil pesos más IVA de honorarios mensuales por participar en estas labores, como una manera de demostrar que los funcionarios públicos y los magistrados electorales sí pueden reducir sus percepciones en tiempos difíciles para el país.

Don Luis Manuel, nos comentan, tomó la decisión por congruencia y dignidad… Y doña Jacqueline Peschard no pudo convencerlo para que aceptara la remuneración. Ah, el abogado ha comentado que tampoco irá a Los Pinos a tomarse la foto.

¿Alguien más en esta lista?

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1
Feb
2017
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Dar resultados y ganar legitimidad, retos del nuevo Comité ciudadano del Sistema Anticorrupción [Animal Político]

Cinco expertos en transparencia y rendición de cuentas conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Conoce sus trayectorias y cuáles creen que son sus principales retos.

El Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en 2016, tiene a su nuevo Comité de  Participación Ciudadana conformado por cinco expertos en transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué es importante? Es la única figura ajena a la administración pública que será parte de la estructura que combatirá la corrupción en el país.

“Seremos el elemento incómodo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción en la medida que fiscalicemos”, asegura Luis Manuel Pérez de Acha, uno de los cinco integrantes del Comité. Este grupo, dice, será el contrapeso en el entramado institucional, pero su papel, insiste, está del lado de los ciudadanos.

La Comisión de selección, por voto unánime, eligió este lunes 30 de enero a Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard como los integrantes del Comité que será el enlace entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la sociedad civil.

Este es “el mejor intento que hemos logrado en las últimas décadas”. Fue “inédito” que ciudadanos hayan influido en la aprobación de legislación como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, afirma Octavio López, otro de los integrantes.

Su aseveración tiene sustento: como pocas veces, ciudadanos agrupados en organizaciones civiles presionaron y vigilaron la actuación del Legislativo para elaborar la ley que daría forma al nuevo sistema que combatiría la corrupción para que casos de saqueo a las arcas del erario, conflicto de interés o tráfico de influencias no volvieran a repetirse entre la clase política.

La nueva ley otorga mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, se crea la figura del Fiscal Anticorrupción y se creó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros preceptos.

De acuerdo con la Ley, el Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas locales.

El Comité Coordinador será el responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes y tendrá a su cargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción además emitirá emitir recomendaciones públicas, aunque no vinculantes ante hechos de corrupción.

Estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, de los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del INAI y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Comité de Participación Ciudadana tendrá la responsabilidad de vincular  al Sistema con organizaciones de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos; y acceder sin ninguna restricción a la información que genere el Sistema Nacional Anticorrupción.

Además podrá proponer proyectos de coordinación interinstitucional en materia de fiscalización, control de recursos públicos, prevención y disuasión de faltas administrativas y proponer la emisión de recomendaciones no vinculantes ante hechos  de corrupción.

¿Cuál es el reto del nuevo Comité de Participación Ciudadana?

Animal Político habló con los integrantes recién elegidos y esto fue lo que respondieron:

Jacqueline Peschard Mariscal

Tiempo en el cargo: 1 año

Será la primera presidenta del Comité y esto le da la facultad de presidir el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán, Maestra en Ciencia Política y actualmente es profesora titular en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Fue comisionada del Instituto Federal Electoral y comisionada presidenta del IFAI.

“Este modelo de interlocución entre instituciones públicas y la sociedad civil tiene retos enormes como reconstruir nuestro muy mal trecho Estado de Derecho, resanar nuestras, no sólo frágiles, sino ineficientes instituciones públicas y también recuperar la confianza de la ciudadanía en las instancias públicas” (declaración realizada como parte de la entrevista ante la Comisión de Selección).

Alonso Hernández Valdez

Tiempo en el cargo 5 años

Doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Fue especialista del Órgano Garante dela Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral y Director general de Estudios e Investigación en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

“El gran reto del Comité y que impactaría a todo el Sistema Nacional es la legitimidad del trabajo que se vaya realizando en el día a día. Eso se construye a través de resultados y de una red de relaciones de aliados que están fuera del gobierno. Si la sociedad civil, los sistemas locales no participan, no se apropian de este Comité será muy difícil realizar la labor”.

Luis Manuel Pérez de Acha

Tiempo en el cargo: 4 años

Es doctor en Derecho con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Es socio fundador de PDeA Abogados. Llevó los casos presentados por organizaciones en los litigios de Yo contribuyente y abrió brecha jurídica con el argumento de “interés legítimo” en el caso del desvío de recursos públicos destinados a la educación que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El reto es enorme. Vamos a ser un grupo pequeño, pero si lo vemos como sociedad, somos millones. Por eso es importante lograr el eco ciudadano con respecto al trabajo que hagamos. Es importante que el Comité se legitime pronto, si no se va a percibir que es más de lo mismo y eso sería la debacle del grupo”.

Octavio López Presa

Tiempo en el cargo: 3 años

Master in Business Administration por la Escuela de Negocios del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Actualmente es consejero fundador de Causa en Común. Fue comisionado fundador del Instituto Federal de Acceso a la Información de 2002 a 2005.

“La labor de los cinco será acordar el plan, la lista de acciones y tenemos que dar resultados rápido para que la ciudadanía tenga confianza en que es algo que hará un cambio en cuanto al combate a la corrupción. Una labor muy importante será tener una postura consensuada entre los cinco y expresarla en el Comité de Coordinación”.

Mariclaire Acosta Urquidi

Tiempo en el cargo: 2 años

Maestra en Política y Gobierno en America Latina por la Universidad de Essex, Inglaterra. Actualmente es directora de la Oficina de México de Freedom House. Fue investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

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1
Feb
2017
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Los cárteles de la corrupción [Nexos]

En los últimos años la evasión de impuestos a través de empresas fantasma ha sido un delito recurrente solapado por particulares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. En este texto Luis M. Pérez de Acha revela cómo operan estos cárteles de la corrupción.

En la última década las empresas fantasma se han utilizado para evadir impuestos. Su única misión es la expedición de facturas falsas.1 Los contribuyentes que las reciben las aprovechan para efectuar deducciones improcedentes en el ISR2 o acreditamientos indebidos en el IVA.3 Además, como las mismas se liquidan con facilidad, los impuestos a su cargo difícilmente se cobran por el fisco federal.

Sin embargo, las empresas fantasma también se emplean para cometer actos de corrupción y financiar campañas políticas. Al igual que sucede con la evasión fiscal, todas esas actividades se instrumentan a través de estructuras sofisticadas y bien organizadas, en las que no sólo participan funcionarios públicos, sino también empresarios, asesores profesionales, notarios y ejecutivos bancarios. Se trata de verdaderos cárteles a la manera del narcotráfico.

Este problema es sistémico en todo el país. En él intervienen de manera generalizada particulares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. El SAT4 ha combatido la evasión fiscal resultante de este mecanismo, principalmente con la entrada en vigor del artículo 69-B del CFF,5 que se analizará con posterioridad. Sin embargo, el Estado adolece de una pasividad que raya en la apatía frente a la corrupción y a otras actividades ilícitas que le están asociadas.

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Ilustraciones: Adrián Pérez

 

¿Cómo operan las empresas fantasma?

En la actualidad la vía preferida de los cárteles de la corrupción para apropiarse de recursos públicos son las empresas fantasma. Contrario a la creencia general, éstas tienen existencia legal: se constituyen ante notario, están inscritas en el registro público de la propiedad y en el registro federal de contribuyentes, tienen domicilio fiscal, cuentan con firma electrónica y expiden CFDI6 a través de la plataforma del SAT. Sin embargo, los bienes y servicios que proporcionan son inexistentes o simulados.

Los cárteles de la corrupción actúan a través de personas de bajo perfil socioeconómico, quienes facilitan sus credenciales de elector con engaños o a cambio de una gratificación menor, si acaso unos cientos de pesos, para constituir las empresas. Esas personas se convierten entonces en prestanombres de los cárteles, sin tener conocimiento de ello. Además, con las mismas credenciales se abren cuentas de cheques, en las que las firmas registradas son las de los operadores reales de la conspiración delictiva. De este modo se asegura el control del dinero.

Una característica de estas empresas es que desaparecen con facilidad lo cual, a la par de la realización de operaciones inexistentes o simuladas, les asigna el calificativo de fantasmal. Todo esto complica las tareas de fiscalización del SAT.

En lo que respecta a la corrupción, el mecanismo opera de manera similar a la evasión fiscal, aunque con algunas variantes. Para este fin las dependencias públicas aparentan la celebración de contratos de obra o de prestación de servicios con dichas empresas, maquillando licitaciones o adjudicaciones directas. Si bien las obras y los servicios no se ejecutan, las dependencias cubren las contraprestaciones a las que se obligaron y a cambio reciben facturas falsas.

Con posterioridad los rendimientos de las transacciones se transfieren a los verdaderos dueños del negocio o a las personas que ellos designen —por lo general a familiares o a otros operadores allegados a ellos—, no a los prestanombres de bajo perfil socioeconómico.

Lo anterior requiere del contubernio de notarios y ejecutivos bancarios (que si bien son la excepción, lo cierto es que los hay). Se trata de un juego en el que el tinglado está plenamente armado y todos los actores ganan. Los verdaderos dueños del negocio asumen algún riesgo, aunque mínimo, pues quienes quedan expuestos en primer término son los prestanombres que en un inicio constituyeron las empresas.

Sin embargo, siempre quedan cabos sueltos. Por un lado, el SAT cuenta con la información completa de los CFDI expedidos por las empresas fantasma. Por otra parte, las autoridades fiscales y financieras tienen la posibilidad de rastrear la totalidad de las transferencias de dinero que salieron de las dependencias públicas y que terminaron en los bolsillos de los operadores de los cárteles.

Cómo saquear el erario y no morir en el intento

Un ejemplo ayuda a explicar lo anterior. Supóngase que varios funcionarios pretenden apropiarse de 10 millones de pesos pertenecientes al erario. Para esos fines, en contubernio con empresas externas idean un mecanismo para esos propósitos: inventan una licitación de una obra o servicio público que de antemano saben que nunca se ejecutará.

Ninguna sorpresa hay en que una de esas empresas resulte favorecida con la asignación del contrato objeto de la trama. Aunque la obra o servicio sean falsos, arman un expediente que en apariencia cumple con todos los requisitos legales. El eslabón final es la salida de los 10 millones de pesos, para lo cual aquella emite un CFDI falso que ampara la transferencia de esa cantidad a su favor.

La transacción queda de este modo consumada. Acto seguido, los integrantes del complot se reparten el dinero. Así de simple. Los medios de comunicación reportan múltiples casos de corrupción a través de empresas fantasma. En este caso, los delitos que se cometen son de peculado, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, todos ellos con penas de prisión severas.

El mecanismo descrito también se utiliza para financiar campañas políticas. Pensemos el caso del patrocinador de un candidato a un puesto de elección popular, quien le dona cinco millones de pesos para su campaña. Y qué mejor que contar con un CFDI apócrifo para esos propósitos. Las ventajas son múltiples. Por una parte, las empresas fantasma son el vehículo ideal para deducir esa cantidad en el ISR y acreditar el IVA respectivo, que de otra manera serían improcedentes. Por otro lado, la factura falsa posibilita el anonimato del patrocinador y permite al candidato eludir los límites de financiamiento establecidos en la legislación electoral.

Por ello no es extraño que en años de elecciones federales y locales las estadísticas del SAT reporten incrementos sustanciales en la emisión de facturas falsas. Lo paradójico es que los responsables de las finanzas de los partidos políticos y de sus candidatos ofrezcan paquetes “llave en mano”, es decir, un portafolio de empresas para materializar los donativos para campañas electorales.

¿Qué dice el CFF?

En los últimos años la lucha de las autoridades fiscales en contra de las empresas fantasma ha sido notoria. De hecho, a partir de 2014 se adicionó el artículo 69-B al CFF, en el que se empoderó al SAT para detectarlas y dejar sin efectos los CFDI que emiten. Las reglas que en dicho artículo se contienen, son las siguientes:

a) Se presume que son empresas fantasma y, por lo tanto, que sus operaciones son inexistentes o simuladas, aquellas que las autoridades fiscales cataloguen como “no localizadas”, así como las que no cuentan con “[…] activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes [CFDI]”.

b) Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, el SAT publica las listas preliminares de contribuyentes cuyas operaciones se presumen inexistentes o simuladas. En las propias listas se les brinda la oportunidad de ofrecer pruebas para refutar las sospechas en su contra.

c) Si los contribuyentes no desvirtúan esa presunción, el SAT emite nuevas listas en las cuales la acusación queda firme y el calificativo de empresas fantasma es definitivo.

d) La declaratoria contenida en las listas definitivas produce efectos generales. Esto significa que las facturas expedidas por tales empresas son inválidas y que los contribuyentes que las utilizaron deben corregir su situación fiscal, o bien, demostrar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios de parte de aquéllas.

e) Otra consecuencia es que tanto las empresas fantasma como los contribuyentes que interactuaron con ellas incurren en dos delitos: uno genérico de defraudación fiscal y otro específico que se actualiza por el hecho de expedir, recibir o enajenar CFDI que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

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Los delitos de funcionarios públicos

Como se señaló en el segundo apartado, las empresas fantasma y las facturas falsas son ideales para apropiarse del dinero del Estado en forma indebida. Esto se refleja en un incremento patrimonial de los funcionarios, que los enfrenta al reto no sólo de ocultarlo sino también de disfrutarlo. ¿O no es ese el propósito de la corrupción?

Lo anterior da lugar a la comisión de diversos delitos, los cuales se explican a continuación:

a) En primer lugar, el peculado, precisamente por la apropiación indebida de dinero del Estado.

b) El ocultamiento del dinero proveniente del peculado o la adquisición de bienes con los mismos recursos configura el delito de lavado de dinero, por tratarse de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.

c) Una vez que el lavado de dinero se presenta el delito de delincuencia organizada puede también darse. Para esto bastará con que tres o más personas se organicen en forma permanente o reiterada para operar con recursos de procedencia ilícita. En la orquestación de la corrupción a través de empresas fantasma esta hipótesis se cumple con facilidad ya que, por lo general, los funcionarios no actúan solos, sino que lo hacen con el auxilio y complicidad de varias personas para consumar el peculado, así como para ocultar el dinero producto de sus actividades delictivas.

d) Por su parte, el incremento en el patrimonio de los funcionarios actualiza el delito de enriquecimiento ilícito, que como una modalidad de corrupción se contempla en la legislación penal.

e) Finalmente, el delito de defraudación fiscal se comete en tres variantes distintas. La primera de ellas es resultado de una presunción legal establecida en el CFF, en función de la cual el delito se configura en automático cuando existe lavado de dinero.

Asimismo, el dinero que reciben los funcionarios, aunque ilícito, les genera la obligación de pagar el ISR, lo cual evidentemente no sucede, pues ello implicaría revelar a las autoridades el enriquecimiento ilícito. Esta omisión actualiza una segunda modalidad de evasión fiscal, distinta de la mencionada en el párrafo anterior.

Un tercer tipo de defraudación fiscal se configura con el disfrute del dinero del que los funcionarios se apropiaron ilegalmente. En efecto, la Ley del ISR dispone que cuando en un año de calendario un contribuyente efectúa erogaciones superiores a los ingresos declarados, la diferencia se considera como un ingreso respecto del cual debe pagarse dicho impuesto. A esta presunción se le conoce como discrepancia fiscal.

La lógica de esta presunción es simple, como lo demuestra el siguiente ejemplo: supongamos que en 2015 una persona declaró que tuvo ingresos por dos millones de pesos, pero el fisco federal le demuestra que gastó ocho millones. ¿De dónde salió la diferencia en exceso por seis millones? Puede ser que ésta provenga de ingresos obtenidos en años anteriores, respecto de los que ya pagó el impuesto. Sin embargo, si el contribuyente no lo justifica debe pagar el ISR por esa diferencia.

La discrepancia fiscal no sólo da lugar a una responsabilidad económica a cargo de los contribuyentes —incluyendo, por supuesto, a los funcionarios—, sino también a una imputación por defraudación fiscal expresamente prevista como tal en el CFF.

Como se aprecia, la línea entre corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada es clara y directa. De ahí la necesaria determinación con que el Estado debe combatir estos delitos.

Retos para la fiscalización

La fiscalización de las empresas fantasma afronta tres retos. El primero es que la forma en que operan se ha sofisticado, al grado de que es difícil seguir el rastro físico de quienes instrumentan la trama. Otro desafío radica en que estas empresas desaparecen con la misma rapidez con la que se constituyen. Un reto adicional es que la emisión de facturas falsas es un deporte nacional, lo que hace que su proliferación en el país sea alta y su fiscalización compleja.

Sin embargo, como se señaló, el SAT tiene la información completa de los CFDI emitidos por las empresas fantasma, lo que le permite ubicar a los contribuyentes y las dependencias gubernamentales que los recibieron. Del mismo modo, las autoridades fiscales y financieras tienen la posibilidad de identificar la totalidad de las transferencias que salieron del erario y que terminaron en los cárteles.

Así como el SAT actúa en contra de la evasión fiscal instrumentada a través de facturas falsas, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberían combatir la corrupción gubernamental y los delitos que van aparejados.

El Estado cuenta con herramientas legales e insumos logísticos para perseguir a las empresas fantasma y a los cárteles de la corrupción. Así, hacerlo es una decisión de política pública impostergable.

Luis M. Pérez de Acha
Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.


1 En estricto sentido, los comprobantes fiscales son reales y tendrían que ser válidos, en la medida que se emiten utilizando en la plataforma digital del SAT. Sin embargo, se les califica como falsos porque amparan operaciones inexistentes o simuladas, como se explica más adelante.

2 ISR: “Impuesto Sobre la Renta”.

3 IVA: “Impuesto al Valor Agregado”.

4 SAT: “Servicio de Administración Tributaria”.

5 CFF: “Código Fiscal de la Federación”. El tema de las listas negras del artículo 69-B se aborda en el apartado cuatro.

6 CFDI: “Comprobantes Fiscales Digitales por Internet”. A estos comprobantes se les conoce como facturas falsas cuando amparan operaciones inexistentes o simuladas.

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31
Ene
2017
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Anuncian a los integrantes del comité ciudadano del sistema anticorrupción [Excelsior]

El nombramiento oficial se hará el 9 de febrero en el Instituto Mexicano de la Competitividad, en sesión pública.

Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, José Octavio López Presa y Luis Manuel Pérez de Acha fueron designados como los primeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La mañana de ayer, Edna Jaime Treviño, coordinadora de la Comisión de Selección del CPC del SNA, la encargada de anunciar también que Jacqueline Peschard, quien se desempeñará como comisionada presidenta y fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), será la primera presidenta de este Comité.

De acuerdo con lo acordado para concretar las designaciones, la duración de los seleccionados será de la siguiente manera: Peschard, un año; Acosta, dos años; López, tres años; Pérez de Acha, cuatro años, y Hernández, cinco años.

Después de la sesión pública, cada uno de los candidatos fue notificado para que en lo inmediato presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés y una vez realizado esto reciban la constancia oficial de nombramiento por parte de la Comisión de Selección.

De esta forma, el Comité de Participación Ciudadana, que tendrá como objetivo coordinar todas las políticas públicas del Sistema Nacional Anticorrupción, estará formado por especialistas en materia de derecho de acceso a la información, derechos humanos y dos abogados.

Se explicó que la integración del CPC es producto de un proceso riguroso y transparente que incluyó la evaluación exhaustiva de expedientes de las y los candidatos, entrevistas públicas, foros de consulta ciudadana y un largo proceso deliberativo entre los integrantes de la Comisión.

“Los cinco integrantes del CPC votados por el Pleno de la CS son los que mejor cumplen con el perfil, las capacidades y las cualidades idóneas para encabezar uno de los esfuerzos más importantes para combatir la corrupción en nuestro país”, se detalló.

La coordinadora de la Comisión de Selección, Edna Jaime, sometió a votación una lista de cinco candidatas y candidatos “que resultó de una amplia consulta entre los integrantes de la Comisión de Selección y que toma en cuenta los criterios orientadores establecidos por la misma Comisión, entre los que se encuentran la diversidad de género, geográfica, de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias”.

La ceremonia de entrega de nombramiento a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA se realizará el jueves 9 de febrero, en el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), durante una sesión pública.

Para el director general del IMCO, Juan Pardinas, los mexicanos deberíamos estar actualmente más preocupados por enfrentar y poner fin prontamente al flagelo que representa la corrupción.

“Los mexicanos estamos muy preocupados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero lo cierto es que éste debería ser nuestra preocupación número dos pues la corrupción es el mayor problema que tenemos ahora que enfrentar como nación”, puntualizó.

Consultado tras la selección de los integrantes del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Pardinas explicó que lo que sigue es que la Cámara de Senadores nombre la Fiscalía Anticorrupción y el presidente de la República envíe los nombres de los tres candidatos a formar parte de la Sala Especializada para faltas administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.

Vigilará que dependencias actúen contra corruptelas

Esta mañana se dieron a conocer los nombres de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ellos son: Jacqueline Peschard Mariscal, Mariclaire Acosta Urquidi, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdez.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen, Viridiana Ríos Contreras, integrante del Comité de Participación Ciudadana, habló de las funciones que tendrán estos nuevos cinco miembros y aclaró:

“Son cinco ciudadanos, cada uno de los cuales va a ser presidente de esta Comisión por un año y durante su presidencia son los encargados de vigilar, de hacer llamados, de hacer recomendaciones.”

Explicó que fue complicada la elección de estos cinco integrantes del Comité del Sistema Nacional Anticorrupción, luego que originalmente recibieron 70 expedientes, y destacó que “verdaderamente hay muchísimo talento y compromiso en la sociedad civil de este país.”