14
Ago
2012
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La Quiebra de “Mexicana”

La remoción del juez de Distrito, Felipe Consuelo, encargado de conducir el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, ha generado reacciones mediáticas que cuestionan esa medida. Sin embargo, en el ámbito jurídico mi opinión es que ello tiene explicación plena, dado que existen evidencias de que el juez incurrió, al menos, en tres irregularidades legales que no sólo justifican su destitución, sino que también obligarían a iniciarle una investigación por corrupción y cohecho [algo de esto traé en mi V-log: http://bit.ly/Otk88R]. Dichas irregularidades son:

I. La extraordinaria, injustificable y absurda dilación del procedimiento concursal, que bajo la ley actual, a diferencia de la que fue derogada hace más de 10 años, establece plazos límites predeterminados para declarar la “quiebra mercantil” cuando las empresas en crisis financiera no lleguen a un acuerdo con un porcentaje representativo de la mayoría de sus acreedores. La solicitud de concurso mercantil fue presentada por Mexicana de Aviación justo hace 2 años, el 2 de agosto de 2010, que con mucho excede a esos plazos. Incluso, el 2 de febrero de este año el juez “suspendió indefinidamente” el concurso, lo cual es inverosímil en términos legales.

II. La inusitada posición del juez Felipe Consuelo en la tramitación del concurso mercantil, no tanto por la alta exposición mediática que asumió –de suyo criticable en un funcionario judicial–, sino que utilizó ese medio para mentir a la opinión pública y a las autoridades federales, en particular la SCT, la Secretaría del Trabajo y el SAT, acerca de que la empresas se había vendido a inversionistas interesados en ella. Esto resulta tan evidente que a la fecha no se ha concretado ninguna de esas ventas.

III. La tendenciosa actitud del juez Concursal asumida frente a los trabajadores, a quienes en asambleas públicas convocadas ad hoc y a la manera de un verdadero líder sindical [véase: http://bit.ly/RRhwE7], los azuzó para que exigieran a las autoridades federales “el rescate” de Mexicana de Aviación, cuando es evidente la imposibilidad legal para hacerlo (el erario federal no está para rescatar empresas privadas). A ello se sumó la posición mediadora de Javier Lozano, entonces Secretario del Trabajo, que dio la impresión de que el gobierno federal haría justo eso: rescatar a la empresa en aras de proteger los derechos de los trabajadores.

Estos tres hechos indujeron a la opinión pública y dieron una esperanza a los trabajadores de que la empresa saldría del concurso mercantil, se arreglaría con sus acreedores incluyendo el fisco federal, contaría con nuevo capital de trabajo y reiniciaría operaciones. Nada más alejado de la realidad, pues las matemáticas no dan: los activos de la empresa se reducen a la marca “Mexicana de Aviación” y al valor que pueden asignarse a los slots y rutas de vuelo, que en su total se alejan del monto de sus pasivos. Vamos, aquéllos no alcanzan para cubrir los pasivos laborales, mucho menos junto con los fiscales que también tienen privilegio especial. Ante la incuestionable y objetiva inviabilidad financiera de la empresa, habría que cuestionar si desde un inicio la “quiebra mercantil” hubiese tenido que declararse, justo para evitar los engaños que ahora, dos años después, han resultado. El escepticismo sobre la conducta profesional y ética del juez de Distrito y de los interesados en este tema, son justificados.

Otro aspecto que genera desconcierto es la pasividad y apatía de diversas dependencias del gobierno federal apara afrontar el problema. En primer término y de manera destacada, la SCT, cuyas autoridades no han actuado en los términos que ordenan la leyes de la materia, tanto para revocar la concesión de Mexicana de Aviación como, en consecuencia, para retirarle los slots y las rutas de vuelo. Por su parte, el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación no han logrado integrar adecuadamente un expediente por defraudación fiscal en contra de los anteriores administradores de la empresa, a pesar de que existen elementos que, al menos en forma presunta, acreditan la comisión de ese delito. Son signos de que las autoridades tienen temor de dar la estocada final a una empresa que desde el inicio del concurso mercantil estaba financieramente ya muerta.

Y ahora que hablo de delitos, aprovecho para regresar al procedimiento concursal y señalar que en éste existe una evidencia de que Mexicana de Aviación incurrió en fraude de acreedores, que es un delito específicamente previsto como tal, y que en el caso concreto consistió en que antes de que se solicitara el concurso mercantil, es decir, el 2 de agosto de 2010, la empresa “vació” su patrimonio transfiriendo parte significativa de sus activos a otras empresas y así imposibilitar a sus acreedores, sobre todo a la planta laboral y al fisco federal, a que hicieran efectivos sus créditos. Esta manipulación, sobra decirlo, es una conducta delictiva que, al no ser denunciada por el juez Concursal, a pesar de tenerla detectada, es una prueba más que incrementa las sospechas sobre él.

Para efectos prácticos, son dos las conclusiones a las que pueden llegarse de este mega fraude procesal y financiero: la primera, que a pesar de lo que sostienen algunos de sus líderes y Felipe Consuelo, los principales engañados y perdedores son los trabajadores; y la segunda, que los grandes ganones han sido dos o tres personajes que en forma inteligente y perversa han logrado mantenerse en el anonimato. Las autoridades administrativas y judiciales saben quiénes son éstos; lo sorprendente, también, es que se resistan a actuar en su contra.