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La Constitución Federal establece la facultad de la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación [ASF], de revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de: (i) evaluar los resultados de la gestión financiera; (ii) comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto, y (iii) verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
El 29 de febrero de 2012 se publicaron los decretos relativos a las Cuentas Públicas federales de los ejercicios 2002 y 2007. En lo que hace al primero de éstos, se detectaron inobservancias a los principios básicos de contabilidad gubernamental por parte de las entidades fiscalizadas, pese a lo cual no hubo un pronunciamiento claro en cuanto a la aprobación o no de la Cuenta Pública de dicho ejercicio.
Respecto de la Cuenta Pública del 2007, la Cámara de Diputados resolvió que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto, ni se cumplieron los objetivos contenidos en los programas, por lo que no existieron elementos suficientes para aprobar el ejercicio del gasto público federal.
Por otra parte, el 4 de mayo de 2012 se publicaron los decretos relativos a las Cuentas Públicas federales de los años 2008 y 2009. Los resultados no fueron distintos.
En lo que toca al ejercicio 2008, la Cámara de Diputados afirmó que el ejercicio del gasto se caracterizó por la discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos y falta de transparencia en términos de registro contable y destino de aplicación del gasto, sobre todo en lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, se concluyó que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni se cumplieron los objetivos de la política de gasto, por lo que no existieron elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública de 2008.
Por lo que hace a la revisión de la Cuenta Pública de 2009, nuevamente se detectó entre las recurrencias más importantes, la corrupción sistémica organizada en las diversas áreas de la administración pública federal en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y que existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios. Por ese motivo, la conclusión fue que no existieron elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública de 2009.
En cuanto a los ejercicios de 2003 a 2006, cabe mencionar que aún no han sido publicados oficialmente los resultados de las revisiones efectuadas. No obstante, de los informes del resultado de la revisión y fiscalización superior que emite la ASF se desprende que, por ejemplo, para el ejercicio 2003, se determinó un “probable efecto contable” de 235,672.3 millones de pesos por operaciones no registradas, registradas erróneamente, o bien, por operaciones no reveladas con suficiencia en los estados financieros de los entes fiscalizados o en la Cuenta Pública Federal, tal como lo establecen los principios de contabilidad gubernamental. Cabe aquí acotar que dicho efecto contable representa casi la mitad de los ingresos petroleros que para el 2003 se presupuestaron en 464 mil millones de pesos. Además, se realizó la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas por la misma ASF, resultando en 54,092.2 millones de pesos. Esta cuantificación monetaria, así como el efecto contable determinado, no necesariamente constituye resarcimientos o daños patrimoniales al erario, sino que son montos que los entes fiscalizados deben justificar en su gestión financiera, pero son indicadores importantes de la magnitud del problema del ejercicio del gasto público y su falta de transparencia.
Respecto del ejercicio de 2004, la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas por la ASF ascendió a 33,157.2 millones de pesos, derivados, de igual modo, de operaciones no registradas, registradas erróneamente o no reveladas con suficiencia en los estados financieros de los entes fiscalizados. Conforme al informe de resultados de 2005, dicha cuantificación monetaria ascendió a 26,342.0 millones de pesos, igualmente derivados de operaciones no registradas correctamente, según los principios de contabilidad gubernamental. Finalmente, el informe del resultado del ejercicio 2006 cuantifica en 33,187.0 millones de pesos las observaciones determinadas, nuevamente, por falta de aplicación de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental.
En conclusión, tenemos que la Cámara de Diputados no aprobó las Cuentas Públicas federales correspondientes a los años de 2007, 2008 y 2009, y que, conforme a los informes del resultado de revisión de la ASF del 2003 al 2006, el costo monetario de no acatar los principios de contabilidad gubernamental para la Hacienda pública rebasa, sólo en 4 ejercicios fiscales, los 350 mil millones de pesos.

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Experto en temas jurídicos, con más de 40 años de experiencia. Es socio director de PDEA Abogados, despacho especializado en derecho fiscal y administrativo en la Ciudad de México.