La ASF deberá actuar contra desvíos de recursos al SNTE [Proceso]

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MÉXICO, DF., (proceso.co.mx).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó precedente al conceder un amparo a la asociación civil Mexicanos Primero para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promueva la sanción por el desvío y aplicación ilegal de la menos dos mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB),  destinados a la educación en las entidades del país.

El pleno de la Primera Sala revocó por unanimidad la negativa de amparo por parte de un juez de distrito, quien consideró que la asociación carecía de “interés legítimo” para obtener la protección de la justicia federal.

Mexicanos Primero promovió el amparo al considerar que la ASF fue omisa en sus labores de fiscalización en la revisión de las cuentas públicas de 2009 y 2010, en las que revisó la aplicación del FAEB, en beneficio del Sindicato Nacional de Trabajadores de  la Educación (SNTE).

Los ministros de la Primera Sala establecieron el precedente al considerar que la asociación sí tiene interés legítimo para promover un juicio de amparo en atención a su objeto social, según lo establecido en la Constitución y en instrumentos internacionales.

La efectividad del derecho a la educación implica el cumplimiento de un cúmulo de obligaciones generales y para que no se vea frustrado el objeto social de la asociación “es factible permitir el acceso al amparo para proteger el derecho a la educación, con la finalidad de verificar el cumplimiento de acciones relacionadas al destino de los recursos públicos”, señaló la Corte en un comunicado.

Además, en el curso del juicio de amparo, el ente de la Cámara de Diputados fue incapaz de demostrar que hubiese cumplido con sus facultades de fiscalización de los recursos en materia de educación, lo que para los ministros “impacta en la efectividad” del derecho a la educación en cuanto a su destino adecuado y suficiente.

Como consecuencia del amparo, la ASF tendrá que demostrar que ya agotó sus facultades de investigación o llevarlas a cabo.

El abogado de Mexicanos Primero, Luis Pérez de Acha, aseguró que se trata del primer amparo ganado contra la corrupción y permitirá a más organizaciones no gubernamentales promover juicios en ese sentido.

En una comunicación por escrito, explicó que el amparo se presentó contra la ASF porque a pesar de que el Informe  de Resultados de la Cuenta Pública de 2009 y 2010 encontraron múltiples irregularidades, el ente omitió fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios públicos que ejercieron los recursos.

Según Mexicanos Primero, entre los pagos ilegales del FAEB hubo pagos indebidos a trabajadores con goce de sueldo por mil 216.8 millones de pesos, pagos no vinculados con los objetivos del fondo por 986.6 millones de pesos, pagos posteriores a la fecha de baja o durante las licencias sin goce de sueldo por 200.9 millones y 191.3 destinados al pago de compensaciones a empleados comisionados.

Pérez de Acha destacó que con el reconocimiento que hizo la Corte de la figura del “interés legítimo”, la sociedad civil podrá promover amparos para proteger derechos sociales y colectivos como la salud, la educación, la seguridad o el medio ambiente, pero también para combatir la corrupción.

Experto en derecho fiscal y constitucional, Pérez de Acha fue quien promovió, junto con 19 académicos e intelectuales agrupados en #Yo Contribuyente, un amparo en contra de la condonación del Impuesto Sobre la Renta a estados y municipios.

También, con Causa en Común, promovió un amparo en contra del desvío de recursos públicos destinados a la seguridad pública.

Ambos recursos fueron negados, pero fueron la base del amparo ahora concedido por la Primera Sala de la Suprema Corte, explicó el litigante.

Pérez de Acha mantiene además un litigio para que la Secretaría de Hacienda de a conocer la declaración de impuestos de Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de esclarecer la adquisición de la llamada “Casa Blanca” de Las Lomas de Chapultepec.

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Experto en temas jurídicos, con más de 40 años de experiencia. Es socio director de PDEA Abogados, despacho especializado en derecho fiscal y administrativo en la Ciudad de México.