Va acción colectiva por daño ambiental [am]

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CapturaUna Juez federal aceptó dar trámite a una acción colectiva contra Grupo México por daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que podría incrementar exponencialmente los costos que ha enfrentado la empresa minera por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico.

Emma Gaspar Santana, juez Octava de Distrito en Materia Civil, aceptó certificar el pasado 26 de marzo como acción colectiva difusa la demanda que fue presentada en agosto de 2014 por los abogados penalistas David Álvarez y Luis Manuel Pérez de Acha.
Emma Gaspar Santana, juez Octava de Distrito en Materia Civil, aceptó certificar el pasado 26 de marzo como acción colectiva difusa la demanda que fue presentada en agosto de 2014 por los abogados penalistas David Álvarez y Luis Manuel Pérez de Acha.
Hasta ahora, Grupo México sólo tuvo que pagar una multa de 40 millones de pesos impuesta por el Gobierno federal, y depositó dos mil millones de pesos en un fideicomiso para reparar daños, cantidades relativamente menores ante el tamaño de la empresa, que tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos.

“La certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental”, afirmó Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.

“Si materialmente fuera imposible reparar el daño al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba antes de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización destinada al fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de dos mil millones de pesos”, agregó por su parte Pérez de Acha.

El monto a pagar será calculado por la juez a partir de consultas a expertos en temas ambientales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa), y sería repartido según dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, que contempla las acciones colectivas desde 2012.

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Experto en temas jurídicos, con más de 40 años de experiencia. Es socio director de PDEA Abogados, despacho especializado en derecho fiscal y administrativo en la Ciudad de México.