Helicópteros, casas y corrupción [Animal Político]

abril 27, 2015agosto 7, 2015 luis

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La insensibilidad de la clase política es proporcional a su distanciamiento con la ciudadanía. Para esta, la actividad política se ha distorsionado. La percepción social es que su principal objetivo es el incremento del patrimonio de los gobernantes en turno. La experiencia de las tres últimas décadas así lo corrobora.

Casas y helicópteros han estado de moda. La cobertura mediática de los abusos cometidos por los personajes ahí involucrados ha sido grande. El intercambio de información en las redes sociales ha jugado un papel fundamental. Es difícil encontrar a un funcionario de la élite gubernamental que escape a esas dinámicas, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa.

Las casas de Las Lomas y Malinalco y el helicóptero de Conagua son muestras actuales y emblemáticas de ello. Cada semana surge un tema nuevo. Algunos son federales, pero otros más son estatales o municipales, pero con notoriedad nacional como la Línea 12 del Metro. Es probable que en algunos no existan delitos, como sucedió con la vestimenta en Buckingham y las compras en Beverly Hills, pero que como actitudes de frivolidad agravian aún más a una sociedad dolida con la corrupción y la mala calidad de los servicios públicos.

¿Hay soluciones legales? Sí, por supuesto. El punto de partida es la Constitución Federal, que establece que los servidores públicos “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”, bajo dos modalidades:

Sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Las sanciones consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en multas económicas.

Penas de prisión por los delitos previstos en las leyes penales, entre los que destacan el ejercicio indebido o abusivo del servicio público, la intimidación, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

En las casas de Las Lomas y de Malinalco y el helicóptero de Conagua, el debate se ha centrado en el conflicto de intereses en su vertiente administrativa -no en la penal- y en algunas de sus consecuencias jurídicas, como por ejemplo la reversión de los contratos, que los funcionarios públicos repongan los daños ocasionados y que renuncien a sus cargos. Por ello, los argumentos de los involucrados han tendido a demostrar la inexistencia de las irregularidades que se les imputan o a justificar la inaplicación de la legislación administrativa.

En cambio, en la discusión de las casas y el helicóptero el tema penal se ha eludido por completo. De los probables delitos que en ellos se cometieron destacan los siguientes:

Tráfico de influencias, que se da cuando el servidor público solicita o promueve cualquier resolución o la realización de actos que produzcan beneficios económicos para sí o para su cónyuge, ascendientes o descendientes.

Cohecho -también conocido como soborno-, que se actualiza cuando el servidor público solicita o recibe dinero o cualquiera otra dádiva, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones.

Peculado, que se presenta cuando el servidor público distrae de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

Enriquecimiento ilícito, que existe cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

En la mayoría de estos delitos las penas son hasta 14 años de prisión, las cuales se aplican con independencia de las sanciones administrativas que procedan. Además, los actos de corrupción tienen que complementarse con acusaciones por defraudación fiscal y lavado de dinero, al igual que sucede en otros países. Como se aprecia, el cúmulo de penas de prisión es grande, y nadie debería librarse de ellas con una simple renuncia ni con promesas de reparar los daños ocasionados. Cometidos los delitos, lo que sigue es que se actúe en contra de los responsables.

Respecto de las casas, los indicios apuntan a que con la complicidad de Grupo Higa existió tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. En lo referente al helicóptero, se actualizó peculado en la medida que el funcionario involucrado y su familia dispusieron de un bien propiedad del Estado.

Sin menoscabo de la presunción de inocencia en materia penal, si en todos esos casos -como en muchos más- la evidencia es que los delitos se cometieron, lo menos que puede exigirse es la investigación penal, no sólo administrativa, de los mismos, como mecanismo para satisfacer el reclamo social de un combate efectivo de la corrupción y de la impunidad. Sin acciones concretas de ese tipo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción será una herramienta inefectiva más del alicaído Estado de derecho de nuestro país.

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