27
Abr
2015
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Helicópteros, casas y corrupción [Animal Político]

CapturaLa insensibilidad de la clase política es proporcional a su distanciamiento con la ciudadanía. Para esta, la actividad política se ha distorsionado. La percepción social es que su principal objetivo es el incremento del patrimonio de los gobernantes en turno. La experiencia de las tres últimas décadas así lo corrobora.

Casas y helicópteros han estado de moda. La cobertura mediática de los abusos cometidos por los personajes ahí involucrados ha sido grande. El intercambio de información en las redes sociales ha jugado un papel fundamental. Es difícil encontrar a un funcionario de la élite gubernamental que escape a esas dinámicas, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa.

La insensibilidad de la clase política es proporcional a su distanciamiento con la ciudadanía. Para esta, la actividad política se ha distorsionado. La percepción social es que su principal objetivo es el incremento del patrimonio de los gobernantes en turno. La experiencia de las tres últimas décadas así lo corrobora.

Las casas de Las Lomas y Malinalco y el helicóptero de Conagua son muestras actuales y emblemáticas de ello. Cada semana surge un tema nuevo. Algunos son federales, pero otros más son estatales o municipales, pero con notoriedad nacional como la Línea 12 del Metro. Es probable que en algunos no existan delitos, como sucedió con la vestimenta en Buckingham y las compras en Beverly Hills, pero que como actitudes de frivolidad agravian aún más a una sociedad dolida con la corrupción y la mala calidad de los servicios públicos.

¿Hay soluciones legales? Sí, por supuesto. El punto de partida es la Constitución Federal, que establece que los servidores públicos “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”, bajo dos modalidades:

  • Sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Las sanciones consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en multas económicas.
  • Penas de prisión por los delitos previstos en las leyes penales, entre los que destacan el ejercicio indebido o abusivo del servicio público, la intimidación, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

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