¿Quebrará algún estado o municipio? [El Semanario]

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El esquema de endeudamiento subnacional ha derivado en un circulo vicioso sinfín y depredador de las finanzas públicas de los estados y municipios.

Ciudad de México.- No falta quien sostenga que la deuda de los estados y municipios –conocida como deuda subnacional- no representa problema alguno para las finanzas públicas de México. Sin embargo, la prensa nacional y los propios funcionarios locales advierten que la situación que se afronta es angustiosa, pues en ocasiones se carece de recursos para cubrir siquiera los sueldos de los trabajadores.

Los problemas surgieron ante la creciente tendencia de endeudamiento de los estados y municipios. La información de la Secretaría de Hacienda muestra que en la última década la deuda subnacional ha tenido un aumento constante y exponencial (casi del 400%). Esta información sólo se refiere a la deuda garantizada con participaciones federales de años posteriores y sin considerar el endeudamiento de corto plazo (inferior a 30 días), del cual los estados y municipios se socorren para salir de apuros financieros, no obstante lo oneroso que les resulta.

Con la deuda subnacional, los estados y municipios han comprometido sus participaciones federales futuras, las cuales, llegado el momento, deberán utilizar parapagarla junto con su respectiva carga financiera. Así, entre mayor sea la deuda garantizada con dichas participaciones, menor será el flujo neto disponible en años subsecuentes y, por lo tanto, menor también su capacidad para cumplir con los requerimientos presupuestales del ejercicio en curso. Un dato ratifica lo anterior: a diciembre de 2014 dicha deuda representaba el 87.2% de las participaciones federales.

Una variable del problema es la apatía y hasta pereza de los fiscos locales para recaudar sus propias contribuciones, como el impuesto predial y el impuesto sobre nóminas. Por décadas les ha sido más cómodo estirar la mano para recibir las participaciones y aportaciones federales, que hacer esfuerzos realistas para mejorar la recaudación de la que son directamente responsables, con todo y la sumisión política que ello genera.

Una circunstancia que agrava lo anterior es que durante años la recaudación federal se ha estacionado, lo que ha implicado que las participaciones de los estados y municipios dentro del sistema de coordinación fiscal se hayan también estancado. La caída de los precios internacionales del petróleo ha complicado la situación, al disminuir las participaciones que ellos reciben de la federación por concepto de impuestos sobre hidrocarburos.

La reestructura de la deuda subnacional se ha considerado como solución del problema, cuando en realidad lo ha perjudicado, en virtud de la generación de nuevas comisiones y capitalización de intereses que a su vez producen nuevos intereses. El anatocismo público a su máxima expresión, a la par del negocio de los agentes y asesores financieros que lo auspician, siempre a costa de los ciudadanos.

En síntesis, el esquema de endeudamiento subnacional ha derivado en un circulo vicioso sinfín y depredador de las finanzas públicas de los estados y municipios, dados los magros ingresos provenientes de fuentes tributarias propias, la caída de las participaciones federales y la disminución de los flujos netos disponibles que cada año afrontan.

Los hechos evidencian que la deuda subnacional es un problema real para las finanzas públicas del país. No en balde las autoridades locales afirman que su situación es de verdadera quiebra técnica, pues sus arcas están en ‘ceros’. No son pocos quienes claman que la federación los rescate. El problema es que ésta no se encuentra en una situación que le permita hacerlo.

La reforma constitucional de mayo de este año en materia de disciplina financiera de los estados y municipios tiende a establecer orden en el caos existente. Las reglas que en la misma se establecen las comentaré en un artículo posterior.

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Un podcast para abogados y no abogados en el que escucharás los temas actuales de nuestro país desde una perspectiva jurídica.


Experto en temas jurídicos, con más de 40 años de experiencia. Es socio director de PDEA Abogados, despacho especializado en derecho fiscal y administrativo en la Ciudad de México.