18
Ago
2016
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Huelga de impuestos [Animal Político]

No es ilegal -ni irracional- que los empresarios exijan que el gobierno los exente del pago de impuestos, dados los daños y perjuicios ocasionados por la CNTE. Además, se trata de un mecanismo avalado por la Suprema Corte de Justicia y concedido en múltiples ocasiones por el gobierno federal.

En semanas pasadas, los principales organismos empresariales del país exigieron al gobierno la exención de algunos impuestos federales y locales, debido a las afectaciones ocasionadas por las marchas y plantones de la CNTE. Ellos también expusieron que la petición forma parte de una estrategia integral que incluye diversos juicios de amparo en contra de las autoridades que no han dado solución al problema.

Reclamar una exención de ese tipo nada tiene de descabellado, como de inicio lo parece. Es un hecho que los ciudadanos estamos legitimados para protestar cuando el Estado incumple con las obligaciones a su cargo, sin que esto resulte irracional. Las demostraciones de nuestra inconformidad pueden variar: en ocasiones a través de mecanismos institucionales, como, por ejemplo, propuestas de reformas legales, juicios de amparo, peticiones dirigidas a los funcionarios públicos o, incluso, manifestaciones callejeras.

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En otros casos, sin embargo, las vías de inconformidad se desnaturalizan y pierden todo cauce legal, como sucede, por ejemplo, con el vandalismo en marchas y la toma de oficinas de gobierno.

El impago propuesto por el sector empresarial en apariencia se identifica como una acción ilegal, a la manera de una simple huelga de impuestos. No es así. En realidad consiste en un reclamo para que se conceda una exención cuyo sustento se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, que expresamente permite este beneficio “cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad”.

De esta forma, no es ilegal -ni irracional- que los empresarios exijan que el gobierno los exente del pago de impuestos, dados los daños y perjuicios ocasionados por la CNTE. Además, se trata de un mecanismo avalado por la Suprema Corte de Justicia y concedido en múltiples ocasiones por el gobierno federal, el último en materia de IVA en favor de los principales constructores de casa habitación del país, justo por las razones que ahora se invocan por los empresarios y con el mismo fundamento legal.

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Reclamar la exención de impuestos tiene otra justificación. Es cierto que los pagamos porque así lo ordena la Constitución; sin embargo, a esta obligación le es correlativo nuestro derecho para exigir que el Estado los destine al gasto público. Ello significa que los impuestos no los pagamos porque sí, a la manera de los Estados tiránicos, sino en razón del deber del gobierno de velar por la seguridad nacional y la paz pública, puntales de la sana convivencia social y del desarrollo económico del país.

Como lo señalé, la exención de impuestos va acompañada de una serie de amparos, cuyo objetivo es obligar a las autoridades a actuar en contra de los bloqueos magisteriales. De nuevo, el ejercicio de una vía institucional de protesta ante la ineficiencia del Estado.

Con independencia de si las peticiones del sector empresarial son fundadas o no, lo destacable es su actitud de resolver por medios legales los conflictos que vive el país, en particular la crisis de negocios que sus agremiados afrontan.

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