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A nivel internacional, existe un consenso en el sentido de que el desarrollo económico no debe centrarse exclusivamente en el crecimiento de los ingresos de un país, sino también en la distribución de los mismos entre su población. La OCDE emitió un estudio en que aborda el tema del no aumento de la inequidad de ingresos en muchos de sus países miembros, como México, catalogado por la organización como el país en que, en la última década, la brecha entre ricos y pobres ha crecido más que en ningún otro.
Mientras que algunas políticas económicas destinadas a mejorar el PIB nacional tienen un dudoso impacto en la inequidad, el sistema impositivo de un país juega un rol fundamental en su abatimiento. Los impuestos y las transferencias de efectivo (pensiones y los subsidios) tienen un impacto redistributivo, pero se debe tener cuidado en su implementación.
•Por ejemplo, señala la OCDE, si bien los impuestos progresivos como el ISR tienden a favorecer la equidad en el ingreso al gravar más a quienes más ganan (conforme aumenta el rango de ingreso, crece proporcionalmente la tasa marginal del impuesto), un exceso de impuestos a la riqueza puede inhibir el ahorro, la oferta de empleo y la inversión, afectando el crecimiento económico en general.
•Por el contrario, el aumento en los impuestos al consumo –de efecto regresivo ya que inciden en mayor medida en quienes menos ganan (con una tasa fija sobre un mismo producto, se extrae proporcionalmente mayores recursos a quien menos ingresos tiene)– provoca en la mayoría de los casos un aumento en el PIB, pero dada su regresividad afectan la equidad en la distribución del ingreso.
•Una medida que la OCDE muestra como una situación de ganar-ganar en términos de equidad es la eliminación de los “gastos fiscales”, que en general consisten en la transferencia de recursos del gobierno hacia diversos sectores de contribuyentes a través de tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales. Los tratamientos especiales benefician por lo regular a grupos de altos ingresos, por lo que su eliminación favorece la distribución del ingreso y a la larga favorece el crecimiento del PIB per cápita.
