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Hoy, el valor comercial de dicha empresa es prácticamente nulo en relación con el monto total de sus pasivos, dado que sus activos prácticamente se reducen a la marca comercial “Mexicana de Aviación” (con valor a la baja por el transcurso del tiempo), ya que carece de otros activos significativos propios.
De este modo, siendo mayores los pasivos que los activos, la declaratoria de concurso mercantil afecta de manera significativa los derechos individuales y colectivos de más de 8 mil trabajadores. No menor ha sido el fraude cometido en contra del fisco federal y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), uno de los principales acreedores de Mexicana de Aviación. Todo ello, sin embargo, no es causa válida, menos de tipo constitucional o legal, para que el gobierno federal tenga que entrar al rescate de dicha empresa, ni siquiera para hacerse responsable de los pasivos laborales de ésta.
No hay duda de que los responsables originarios de todo el problema, con las correspondientes implicaciones penales, han sido los dueños de la empresa y sus abogados, quienes en beneficio directo de sus patrimonios personales la dejaron en verdadera situación de quiebra. Sin embargo, de esa situación son también responsables, en mayor o menor medida, el gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación, por lo siguiente:
1. La SCT y la Secretaría del Trabajo por actuar de manera timorata y medrosa en contra de los responsables originarios del desfalco fiscal y laboral cometido en este asunto. Ambas secretarías también son responsables de no haberse manifestado, desde un inicio y de modo contundente, sobre la imposibilidad de que con recursos públicos se rescatase la empresa y se satisficieran los derechos de los trabajadores.
2. El SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación son responsables de no haber dejado sentir la fuerza del Estado en contra de los dueños de la empresa y de sus abogados por los daños patrimoniales ocasionados al gobierno federal, en particular por probables delitos de evasión fiscal y por la falta de pago a ASA. La actitud de ambas instituciones es inexplicable e injustificable dada la relevancia del tema, frente a la determinación (saña) con que aplican el rigor de las leyes sobre los contribuyentes de mediano y pequeño perfil; los grandes empresarios siguen gozando ampulosamente de impunidad.
3. El juez concursal, Felipe Consuelo, es responsable de haber cometido al menos cuatro irregularidades:
•Por abandonar la posición de imparcialidad que institucionalmente le corresponde, por los siguientes motivos: por omitir imputar la responsabilidad directa a los dueños originales de la empresa y a sus abogados; por aparecer en medios de comunicación para “opinar” sobre estatus jurídico del concurso mercantil y de la negligencia del gobierno federal en el caso; y por ostentarse ante los trabajadores como paladín de los derechos humanos de estos y por azuzarlos en contra de la SCT [Véase Youtube: http://bit.ly/xsJz4A].
•Por mentir, cuando afirma que Mexicana de Aviación tiene activos suficientes para responder por todos sus pasivos, incluyendo los fiscales y laborales, y que aún es financieramente viable como empresa, cuando a todas luces ambas posibilidades son aberrantes. Además, este tipo de pronunciamientos no le compete hacerlos, mucho menos mediáticamente.
•Por proteger y ocultar la identidad de quienes supuestamente realizaron un depósito de 300 millones de dólares, y por presionar mediáticamente para que la SCT y la SCHP lo acepten. Nada de esto se ubica en el ámbito de su competencia legal; al contrario, demuestra su parcialidad y la opacidad que campea en este caso.
•Por actuar en contra de lo expresamente dispuesto por la Ley de Concursos Mercantiles, al haber concedido prórrogas en y evitar decretar la quiebra de la empresa, en violación al artículo 167, fracción II de la Ley, y recientemente por suspender indefinidamente el procedimiento concursal. Una y otras situaciones son inauditas e injustificables.
4. Por último, el Consejo de la Judicatura Federal es responsable de permitir que el juez concursal haya cometido las anteriores irregularidades. En casos grandes y significativos, dicho Consejo se caracteriza por su pasividad, al igual que sucedió en el tema del juez Tovilla.
