¿Qué es el federalismo fiscal?
El federalismo fiscal, en términos muy elementales, es un sistema de reparto de competencias que busca identificar a la luz de la eficiencia social qué nivel de gobierno debe realizar qué función y cómo estas actividades deben ser financiadas.
¿Qué son las transferencias?
Las diferencias en la capacidad fiscal de los gobiernos locales, determinadas en gran medida por el nivel de desarrollo de sus economías, es una de las razones por las que las transferencias, que no son más que los recursos asignados por un gobierno central a los gobiernos locales, constituyan la principal herramienta del federalismo fiscal.
Bajo el federalismo fiscal, los gobiernos locales “renuncian” a su facultad de cobrar determinados impuestos y la ceden al gobierno central por cuestiones de eficiencia. Así, las transferencias tienen como objetivo “regresar” a los gobiernos locales su contribución en la recaudación impositiva, por lo que se suelen distribuir en función del esfuerzo recaudatorio, es decir, con criterios resarcitorios. De igual forma, para corregir las desigualdades regionales, las transferencias tienen como función nivelar la capacidad fiscal de los gobiernos locales más rezagados, por lo que se distribuyen entre los gobiernos receptores de manera inversamente proporcional a su desarrollo económico, es decir, con criterios compensatorios.
En México, existen transferencias de origen resarcitorio (participaciones federales) así como de tipo compensatorio (aportaciones federales).
¿Cuál es la diferencia entre participaciones y aportaciones?
Los estados, incluido el Distrito Federal y los municipios, reciben la mayor parte de los recursos de la Federación a través de las participaciones federales (ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación -PEF-) y de los Fondos de Aportaciones Federales (ramo 33 del PEF).
•Participaciones federales. De acuerdo al artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal -LCF-, el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la Recaudación Federal Participable que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal.
•Aportaciones federales. Están reguladas en el Capítulo V de la LCF: De los Fondos de Aportaciones Federales. Actualmente existen varios fondos que buscan objetivos relacionados, entre otros rubros, con la educación pública, los servicios de salud, la infraestuctura social y la seguridad pública.
La diferencia más importante entre los ramos 28 y 33 radica en que las participaciones que reciben los estados y municipios son ejercidos de manera libre (discrecionalmente) por los gobiernos estatales y municipales; por el contrario, las aportaciones federales no se ejercen libremente, sino que están condicionadas desde la Federación y en su gran mayoría, como señalamos, deben atender problemas relacionados con la educación, salud e infraestructura estatal y municipal.
¿Cómo ha evolucionado el federalismo fiscal?
El federalismo fiscal en México ha transformado las relaciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno. De una alta centralización fiscal a favor del gobierno federal, se transitó a una descentralización vía ingresos al dotar de mayores atribuciones fiscales a los estados y, sobre todo, vía gasto, mediante un incremento de transferencias a favor de las entidades y sus municipios.
La problemática
La reforma del 2007 a la LCF, partió de la problemática que implica la alta dependencia financiera generada por parte de los gobiernos estatales respecto de las transferencias federales en general, y contempló la expansión de facultades tributarias de dichos gobiernos mediante la creación de nuevos impuestos federales administrados por las entidades federativas. Tras dicha reforma, que cambió las fórmulas del Fondo General de Participaciones para regresarles su sentido resarcitorio y del Fondo de Aportaciones para clarificar su carácter compensatorio, aproximadamente el 51% de los recursos transferidos a los estados y municipios se integran por participaciones, que insistimos, son ejercidas al arbitrio de los estados, y un 49% por aportaciones.
Sin embargo, y debido al propio diseño institucional del federalismo mexicano, bajo el cual las fórmulas de reparto municipal deben ser establecidas por los congresos locales, quienes no las han homogeneizado con las fórmulas federales, las transferencias que reciben los municipios no fueron abarcadas por dicha reforma y hoy poco más del 1% de los municipios del país es capaz de cubrir el gasto corriente con ingresos propios.
Así, el aumento en las transferencias a los estados ha traído consecuencias negativas en las finanzas públicas del país. Hoy por hoy, existe una fuerte tendencia de los gobiernos locales a depender casi por completo de las transferencias del gobierno federal para solventar su gasto corriente y una tendencia al sobreendeudamiento, con el riesgo cada vez más tangible de que el gobierno federal tenga que rescatarlos cuando ya no pueden enfrentar sus obligaciones financieras.
Algunas cifras
Conforme al PEF en vigor, del gasto neto total para el 2012, que asciende a 3 billones, 706,922 millones, 200 mil pesos; se transferirán como aportaciones: 482 mil 155 millones 473 mil 745 pesos, y como participaciones: 504 mil 867 millones 708 mil 391 pesos.
La diferencia entre las aportaciones transferidas en el primer trimestre del 2011 contra las del mismo periodo del 2012 es de un 4.6% de aumento; mientras que las participaciones, por los mismos periodos, han tenido un crecimiento real del 4.9% del 2011 al 2012.
Las cifras por sí solas quizá no logren dar una idea clara de lo que el sistema de transferencias representa en las finanzas del país, pero al compararlas con los ingresos contemplados para este ejercicio fiscal, resultan alarmantes.
En efecto, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, el gobierno federal percibirá por concepto de recaudación e todos los impuestos federales, 1 billón 466 millones 179 mil 600 pesos, de los cuales por concepto de IVA corresponden 556 mil 234 millones.
Es decir, sin hacer grandes cálculos, claramente podemos observar que el gobierno federal transferirá durante el 2012 a los estados y los municipios el equivalente a más del 90% de todo el IVA que se recaudará en el país, lo cual sí nos da una idea más clara de la magnitud del problema y de la crisis del federalismo fiscal en México.