¿Quiénes serán los nuevos Ministros?

Es evidente la singularidad en la designación de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], que sustituirán a Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre Anguiano, y el reto que ello implica para los actores políticos que participan en el proceso de su nombramiento. En términos constitucionales, la propuesta formal de las dos ternas tendrá que salir del Presidente Calderón, de entre las cuales el Senado efectuará la elección por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes. Suponiendo que los Senadores del PRI y del PAN lograran esa mayoría, ellos tendrán que acordar quiénes serán los nombrados, o bien, podrán rechazar las ternas. Sin embargo, si las ternas no son desechadas en el plazo de 30 días como marca la Constitución, el Presidente de la República tiene la facultad de designarlos directamente. De ahí que si el Presidente Calderón desease contar con esta alternativa, las ternas tendría que presentarlas con la anticipación suficiente. En caso contrario, de darse el rechazo la designación correspondería a Peña Nieto.

Lo anterior implica, en un primer momento, un acuerdo político entre el Presidente Calderón y el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, y un entendimiento posterior entre las fracciones priísta y panista en el Senado. Un acuerdo de ese tipo estaría enmarcado en el contexto de una negociación más compleja, que no sólo comprendería la designación de los ministros, sino otros temas relevantes como las reformas constitucionales y legales cuya aprobación quedó pendiente en la anterior legislatura federal, y otras más que se anticipa serán presentadas por el gobierno federal en funciones a partir del 1º de diciembre. Un ejemplo ad hoc es la Ley de Amparo que tuvo que haberse aprobado desde el año pasado y con base en la cual, precisamente, los ministros –los actuales y los que sean nombrados– tendrán que resolver los múltiples conflictos que se sometan a su resolución.

Otro aspecto que incide en esta materia es el perfil ideológico y la trayectoria profesional que se buscará satisfacer con la nuevas vacantes: ¿Progresista, conservador, moderado? ¿Amigo o recomendado? ¿Un compromiso político? ¿Abogado con trayectoria en la administración pública o un político? ¿Abogado postulante o con carrera en el poder judicial federal o de alguna entidad federativa, o bien, de extracción académica? ¿Experto en justicia constitucional o en alguna materia determinada como amparo, fiscal, penal o administrativo? ¿Hombre o mujer? Son varias las respuestas que deberán tomarse de manera previa a la integración de las dos ternas y que, sin duda, se ubicarán en el marco de la negociación entre los actores políticos que participarán en su designación.

Una valoración adicional en este proceso es que el Presidente Calderón, en su administración, ha tenido la oportunidad de nombrar tres de los actuales ministros, dos de ellos de su misma universidad: la Escuela Libre de Derecho (Arturo Zaldívar y Jorge Pardo Rebolledo). De fortalecer su margen de maniobra en el nombramiento de los nuevos ministros, al final él habrá incidido en la integración del 50%  de la SCJN –cinco de once ministros–, lo cual no es un tema que pueda pasar desapercibido, con todo y que, como en alguna ocasión lo dijo el Presidente Harry S. Truman de los Estados Unidos: “Sus mejores amigos abogados dejaron de serlo cuando los nombró ministros de la Suprema Corte”.