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“No podemos dar los casos por cerrados. Puede estar cerrado mediáticamente, pero no legalmente”, sobre todo porque “existe la sospecha de tráfico de influencias y corrupción”, afirmó en entrevista Pérez de Acha, abogado de las organizaciones Mexicanos Primero y Causa en Común, con quienes consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise, por primera vez, la inconstitucionalidad del gasto público federal (derroche, opacidad y corrupción).
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