Los números fiscales [El Semanario]

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Solemos desatender los datos que Hacienda nos presenta sobre las finanzas públicas del país. Dada nuestra confianza en la información relacionada con ingresos, gasto público y déficit fiscal, optamos por eludir el universo de números y gráficas que mensualmente se publican. No los cuestionamos. Estamos convencidos de que son correctos, quizá con la expectativa de hacer nuestros los augurios gubernamentales de que vamos por el camino correcto.

La realidad evidencia, sin embargo, que hay razones para inquietarse. Nuestra desconfianza debería aguzarse cuando los funcionarios repiten que todo está perfecto, que la economía está sólida, lista para afrontar cualquier contrariedad externa. Así sucedió en los tiempos de las grandes crisis de las últimas décadas del siglo pasado. En la memoria colectiva de aquella época quedó grabada la lapidaria y emotiva expresión del presidente López Portillo: “defenderé el peso como perro”. A los pocos meses se dio la debacle.

El entorno mundial es desfavorable, lo cual en México se refleja en un precio del crudo mexicano por debajo de 40 dólares, en un dólar con valor de 15 pesos, en cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores también a la baja, y en una incipiente -y bien definida- fuga de capitales reportada por el Institute of International Finance.

Ello obedece a causas externas. Sin embargo, no podemos ignorar que nuestro país ha cometido errores propios, algunos estructurales y acumulados durante varias décadas. Lo que nos impide analizar el tema y evaluar el estatus real de las finanzas públicas, es que las cifras publicadas por Hacienda sólo son inteligibles para expertos en finanzas públicas; y respecto de la información que Hacienda nos proporciona a través de los medios de comunicación, está sesgada o, en el mejor de los casos, incompleta o descontextualizada.

Por ello, conviene presentar otros datos que complementen nuestra comprensión de la situación de las finanzas públicas de México, algunos de los cuales son los siguientes:

A) En el período de enero a noviembre de 2014 -no se ha publicado la información correspondiente a diciembre-, el sector público federal (todo el aparato estatal) gastó 500 mil millones de pesos en exceso a los ingresos percibidos, incluyendo los petroleros. El gasto público fue de cuatro billones de pesos, en tanto que los ingresos fueron de 3.5 billones. A esto se le conoce como déficit fiscal.

B) Sabemos que gastar más de lo que se obtiene de ingreso, no es nuevo en el sector público ni en sí mismo criticable. Lo que fundadamente se cuestiona es la renuencia de Hacienda para implementar una política de austeridad tendiente a reducir o eliminar el gasto público dispendioso e improductivo. Así lo demuestra el hecho de que en 2014 el gasto público se incrementó en 300 mil millones de pesos, una gran parte del cual se destinó a gasto corriente -prescindible- y no a proyectos de inversión que dinamizaran la economía.

C) Otro ejemplo es el gasto destinado al sector educativo, que en 2014 anduvo por 700 mil millones de pesos, equivalente a la recaudación federal total por concepto de IVA y de IEPS sobre cigarros y bebidas alcohólicas. En 2015, ese gasto será de un billón de pesos, cercano al ISR que se pretende recaudar en el mismo año. Ambas cantidades representan el 25% del gasto público del gobierno federal. Esto significa que uno de cada cuatro pesos se destina a educación, no obstante que diversas evaluaciones ciudadanas y científicas -nacionales e internacionales- son reprobatorias.

D) Un ejemplo más: en el esquema de coordinación fiscal, de enero a noviembre de 2014 la federación transfirió a los estados y municipios por concepto de participaciones y aportaciones, más de un billón de pesos, equivalente a dos terceras partes de la totalidad del ISR y del IVA recaudado en el mismo período. El SAT al servicio de los gobiernos locales. El problema es que el gasto público aparejado a esos recursos se caracteriza por el despilfarro, la opacidad y la corrupción.

E) El saldo histórico de requerimientos financieros del sector público a noviembre de 2014 superó los siete billones de pesos, equivalente al 50% del PIB nacional. Si a ese saldo se suman la deuda pública de estados y municipios, así como las pensiones y jubilaciones del sector público, los pasivos reales de México representan el 150% del PIB. Recordemos que la par de la deuda pública, las pensiones y jubilaciones han puesto en dificultades de liquidez, incluso de quiebra, a varios países del mundo.

F) Para cubrir los llamados déficit fiscales -el exceso de gasto respecto de los ingresos-, se ha contratado mayor deuda. En los tres primeros años del sexenio en curso, es decir, hasta diciembre de 2015, la deuda pública se habrá incrementado un 40%, al pasar de 5.3 billones de pesos en 2012 a 7.3 billones en 2015.

G) Un hecho lamentable, incluso inconstitucional, es que gran parte de la deuda pública contratada anualmente se destina al pago de intereses generados respecto de deuda asumida en años anteriores. En 2010, por ejemplo, se contrató deuda en cantidad de 250 mil millones de pesos, de la cual 215 mil millones se utilizaron para cubrir intereses. Al parecer de la Auditoría Superior de la Federación, ello constituye una mala decisión financiera, al igual que lo es sacar dinero de los cajeros automáticos con nuestras tarjetas de crédito para pagar intereses de la misma tarjeta.

Hacienda y el SAT exaltan los aumentos en la recaudación fiscal alcanzados en noviembre de 2014 respecto del mismo mes de 2013, en un monto aproximado de 200 mil millones de pesos. Cierto que la cifra es relevante, aunque engañosa, pues incluye 100 mil millones por concepto de IVA, del cual una parte significativa corresponde a cantidades que el SAT se ha negado a devolver a empresas exportadoras y a contribuyentes del sector primario (ganaderos, agricultores, etcétera). No perdamos de vista, además, que esos 200 mil millones de pesos son una nimiedad frente a la magnitud del gasto público y del endeudamiento del sector público federal.

Los números hablan por sí solos. Las palabras sobran.

Artículo publicado el 7/1/2015 en El Semanario.

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Experto en temas jurídicos, con más de 40 años de experiencia. Es socio director de PDEA Abogados, despacho especializado en derecho fiscal y administrativo en la Ciudad de México.