Los recursos que se obtienen por el diferencial en el costo de gasolinas, mayor fiscalización y otras medidas propuestas, como una doble verificación, son las maneras con que la administración de Enrique Peña Nieto se hace de más recursos, aunque no se puede descartar un mayor incremento de impuestos.
Por Roberto Arteaga y Francisco Muciño
Desde finales de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta el reto de recaudar más dinero ante la caída de una de sus principales fuentes de ingresos: las ventas de petróleo.
Hasta ahora, la primera medida adoptada ha sido un recorte presupuestal para este año y el rediseño del gasto público para 2016, aunque eso no será suficiente para tapar el boquete en las finanzas públicas.
Impedido para aumentar impuestos por la celebración de un pacto fiscal, el gobierno tiene otras opciones para hacerse de más recursos: captar más ingresos a partir de las importaciones más baratas de gasolinas a costa del consumidor, quien las sigue pagando al mismo precio; una mayor fiscalización sobre los contribuyentes cautivos u otras medidas propuestas que son impopulares, como una doble verificación vehicular.
Pero esto no será suficiente. Especialistas no descartan que el próximo año sí haya un aumento de tributos.
El boquete fiscal
Los ingresos por la venta de petróleo han pronunciado su caída desde el año pasado. Solamente en el primer trimestre, los ingresos petroleros del gobierno cayeron 43% hasta 143,716 millones de pesos (mdp), debido al desplome de los precios del petróleo y gas natural, de 49% y 24.5%, respectivamente, establece el informe de finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a marzo de este año.
La caída de ingresos pudo ser peor de no haber sido por la depreciación del tipo de cambio, reconoce la dependencia en el documento.
En 2014, los ingresos petroleros fueron de 1.2 billones de pesos (bdp), 9.1% menos que un año antes.
Una de las mayores dificultades en estos momentos es que no se prevé que el precio del barril de crudo repunte en el corto plazo, advierte Miriam Grunstein, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y especialista de México ¿cómo vamos?
“Tenemos un entorno mundial con problemas complejos que hacen difícil decir con seguridad si el precio se va a recuperar en cierto tiempo. Sin embargo, por factores de oferta y demanda no se espera una recuperación antes de 2017”, asegura la académica.
El 30 de enero, la SHCP anunció un recorte de 124,300 mdp al gasto público de este año, además de una reingeniería para el presupuesto de 2016.
Pero el gobierno no tendrá mucho margen de maniobra para recortar gastos en el corto plazo. Sólo 5.3% del presupuesto es sujeto a modificaciones porque no está comprometido por una ley ni implica servicios básicos a la población, indica un reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Más recaudación sin nuevos impuestos
En febrero de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a no aumentar ni crear más impuestos después de la reforma hacendaria. Pero debido a la caída de ingresos petroleros debe atraer más recursos. Estas son las formas en las que trata, o ha tratado, de captar más dinero:
Importaciones de gasolina
Desde el inicio de 2015 se acabaron los aumentos mensuales a las gasolinas y el diesel, conocidos popularmente como gasolinazos. Estos incrementos tenían como objetivo reducir los subsidios sobre los combustibles hasta emparejar los precios a niveles internacionales. La referencia son los costos de la gasolina en Estados Unidos, pero desde el año pasado la gasolina mexicana ya estaba al mismo precio, o superior, a la del vecino del norte.
Por esto, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre los combustibles se convirtió en un ingreso adicional.
Sólo en enero, el IEPS de gasolina y diesel llegó a recaudar 24,138 mdp, de acuerdo con un reporte del CIEP.
“Lo que hace la Secretaría de Hacienda es aumentar los impuestos asociados a la gasolina para equilibrar el impacto de la caída en los ingresos petroleros, pero ésa es una distorsión, ya que la gasolina debería estar bajando”, comenta Miriam Grunstein.
Mayor fiscalización sobre los contribuyentes
Con la figura de la ‘discrepancia fiscal’, el SAT ya puede revisar los registros bancarios de cualquier contribuyente si hay una diferencia entre los ingresos que declara y en sus estados de cuenta.
Otra medida que ha implementado el SAT, pero que pospuso hasta el 1 de julio, es obligar a las aerolíneas a proporcionar información sobre los pasajeros, destinos, número de asientos, equipaje y hasta el peso del mismo.
Según el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, cualquier información con la que pueda hacerse el organismo recaudador podrá ser usada para efectos fiscales.
La recaudación por actos de fiscalización (los medios que tiene la autoridad para determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes) del SAT en 2014 fue por 156,398 millones de pesos, 32% más que en 2013, a través de un total de 112,535 actos, según el Informe Tributario y de Gestión de la agencia.
La efectividad del organismo también se incrementó. Por cada peso que invirtió en actos de fiscalización recaudó 55.2, cuando en 2013 fueron 43 pesos por cada peso gastado.
Dobles verificaciones
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados desempolvó una propuesta de 2008 para modificar diversos artículos de la Ley de Caminos y Puentes Federales para una segunda verificación vehicular, que consistirá en la revisión de las condiciones físicas y mecánicas para asegurar que el mantenimiento del automóvil sea el adecuado para conducir en carretera.
Ante la caída de recursos, las opciones del gobierno son: contratar más deuda (actualmente alcanza 40% del PIB) o buscar más recursos vía de la fiscalización, dice Luis Manuel Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y constitucional.
¿Una nueva ola de impuestos?
Aunque el gobierno prometió no aumentar los impuestos durante esta administración, podría ser otra salida para tapar el boquete en las finanzas públicas.
En su “Acuerdo de certidumbre tributaria” con el sector privado a principios de 2014, la SHCP incluyó una cláusula: “el Ejecutivo federal sólo propondría modificaciones, en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales y extraordinarios ante los cuales sea inevitable realizar ajustes al marco tributario”.
“La ciudadanía debe prepararse para lo que parece una realidad: que salgan nuestras autoridades a informarnos sobre nuevos impuestos frente a la caída de los ingresos petroleros”, dice María Fonseca Paredes, directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
La académica resalta que esta acción tendría costos inherentes, como la pérdida de atractivo a los ojos de los inversionistas por un aumento de impuestos.
Para Luis Manuel Pérez de Acha, quien tampoco descarta otro aumento de impuestos, señala otro problema: el débil crecimiento económico en los últimos años sólo apretaría más a los contribuyentes cautivos.
“El punto es qué tanto aguanta la economía, qué tanto aguantarán social y políticamente más presión sobre los mismos contribuyentes. La disyuntiva del gobierno es fuerte.”