
Desde el 1º de diciembre de 2012, Angélica Rivera es funcionaria pública y, por lo tanto, ha incurrido en conductas ilícitas sancionadas por las leyes mexicanas. “No existió conflicto de intereses”, fue el veredicto que culminó una espuria y relumbrante investigación sobre los extraños vínculos comerciales de Grupo Higa con Seguir leyendo