¿Cuál es el valor legal que tienen los #PanamaPapers? En el caso de México la respuesta es sencilla: son meros indicios -no prueba cierta- de que el dinero proviene de actividades delictivas o de fraude fiscal.
Tener dinero en paraísos fiscales no es un delito, siempre que el mismo sea producto de actividades lícitas y haya pagado impuestos, lo cual pocas veces sucede. Lo común es que esos territorios se utilicen para ocultar recursos procedentes de fraude fiscal, corrupción, narcotráfico, trafico de armas o blanqueo de capitales. De ahí la relevancia de los #PanamaPapers.
Una de las principales características de los paraísos fiscales es su rígida secrecía bancaria, que impide a las autoridades detectar el origen y el destino del dinero que en ellos se encuentra. Por razones obvias, esto es fundamental cuando los recursos provienen de actividades delictivas o cuando se busca evadir impuestos. Si bien no se puede afirmar que dichos territorios sólo se utilizan para tales propósitos, la realidad demuestra lo contrario.
Ello es precisamente la razón por la que en los últimos siete años se ha emprendido un combate frontal a los paraísos fiscales, iniciado y encabezado por el presidente Obama y extendido a la OCDE y al G-20, de los que México es parte. Un elemento adicional que influye en esa batalla, sobre todo por parte de los Estados Unidos y de Europa, es que son un medio para financiar el terrorismo.
Aunque falta camino por recorrer, los resultados son positivos: alrededor de 100 países han firmado un convenio internacional, que comenzará a operar a partir de 2017, cuyo objetivo es fracturar la secrecía bancaria y, al mismo tiempo, favorecer el intercambio automático de información para efectos fiscales y de lavado de dinero. Así, el mundo es cada vez más transparente y la lucha contra los paraísos fiscales es una realidad.
Una situación que destaca es que Panamá no ha firmado dicho convenio internacional. A propósito de los #PanamaPapers, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, declaró que ese país es uno de los mayores paraísos fiscales, en la media que se ha resistido a eliminar el secreto bancario.
En este contexto surge una pregunta: ¿cuál es el valor legal que tienen los #PanamaPapers? En el caso de México la respuesta es sencilla: son meros indicios -no prueba cierta- de que el dinero proviene de actividades delictivas o de fraude fiscal. En el caso de que el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP se decidiesen a actuar, el mayor obstáculo sería la cerrazón del gobierno y del sistema bancario panameños para proporcionarles información.
Lo anterior permite anticipar que todo quedará en una “llamarada de petate”, con fuerte impacto en la opinión pública pero sin efectos legales. Además, dado el perfil de los personajes mexicanos involucrados es válido especular que nada sucederá. Por otra parte, hay que tener presente que las actuaciones del gobierno mexicano tomarían meses -años- en implementarse.
La lucha en contra de los paraísos fiscales no es tarea de un solo país. Se trata de un trabajo global e inacabado, pues como la ha reconocido el secretario general de la OCDE, los #PanamaPapers evidencian la urgencia de poner punto final a este problema.