A diario leemos noticias sobre desfalcos mediante empresas fantasma. Uno de los principales problemas es que la legislación tributaria solo alcanza para combatir la evasión fiscal. Esa legislación es inaplicable en contrataciones públicas e insuficiente para imputar delitos de corrupción gubernamental.
Las finanzas públicas hacen agua y las empresas fantasma navegan con impunidad. El daño que ocasionan es doble: son efectivas para evadir impuestos y son todavía mejores para desviar recursos de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Recordemos tres aspectos de las factureras o EFOS —acrónimo de ‘empresas que facturan operaciones simuladas’—. El primero es que son reales: están constituidas ante notario público, se encuentran inscritas en el registro federal de contribuyentes y tienen cuentas bancarias. Se les llama fantasma por una cuestión histórica, aunque ahora también se les denomina empresas fachada o pantalla, pero son lo mismo.
La segunda característica es que los dueños reales son fantasmas, pues para efectos de sus transas nunca dan la cara. Los socios que aparecen son simples prestanombres en muchos casos ilocalizables, o bien, son personas físicas inexistentes, incluso muertas, o a quienes les han robado su identidad, como sucedió al presidente López Obrador y a su esposa para constituir 26 empresas fantasma. El cinismo de los factureros es estoico.
El tercer aspecto de las EFOS es que las obras y servicios que proveen son también fantasma, es decir, son inexistentes y resultado de maniobras para simular (falsear) que las obras se ejecutaron y los servicios se prestaron. Por ello, no es extraño que, a pesar de que se realice el gasto para construir hospitales o escuelas, los mismos sean inexistentes o solo tengan tres ladrillos puestos. La Estafa Maestra es el prototipo del desvío de casi 8 mil millones de pesos por servicios que nunca se proporcionaron.
Las empresas fantasma son versátiles. Además de depredar al erario vía la evasión fiscal y la corrupción pública, su función predominante es el lavado de dinero. Por eso aparecen también ligadas al tráfico de drogas, de armas y de personas. Sus esquemas operativos son propios de la delincuencia organizada y sus transacciones siempre a través del sistema bancario.
La reforma penal-fiscal de enero de 2020 inhibió en seco, aunque en forma temporal, la compraventa de facturas como mecanismo para evadir impuestos. Sin embargo, el negocio de las EFOS no decayó. Simplemente, su mercadotecnia se redireccionó al aumento de contrataciones públicas, sobre todo en las entidades federativas, cuyos presupuestos se integran, en su gran mayoría, con participaciones y aportaciones federales provenientes de ingresos recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En 2022, esas transferencias ascenderán a 1.8 billones de pesos, un manjar exquisito para los factureros, equivalente al 90 % del total de ISR por 2 billones.
Es así como la corrupción se ha potenciado, con independencia del color de los gobernantes en turno.
Depredar las arcas públicas es sencillo y sin riesgo alguno. A nivel federal, estatal y municipal el presupuesto es elevado. En la lógica de los funcionarios deshonestos es un ‘error’ no adueñarse del dinero a través de las EFOS. La paradoja es que algunos de ellos son, de hecho, los factureros, incluso desde el propio SAT, como lo evidenciaron las empresas fantasma cuyos socios (falsos, con identidad robada) eran López Obrador y su esposa.
Las empresas fantasma son multifuncionales: lo mismo realizan operaciones falsas para evadir impuestos que celebran contratos de obras y servicios públicos inexistentes. También se utilizan para lavar dinero, así como para transferirlo a paraísos fiscales o retornarlo a México. Todas esas conductas delictivas se cometen, por supuesto, a través del sistema financiero. La idea de que los pagos entre contribuyentes y de los entes gubernamentales se realizan en efectivo es arcaica e irreal. No hubo manera de que los recursos de la Estafa Maestra se operaran en billetes físicos.
De igual modo, las EFOS se utilizan para dar salida a las ‘comisiones’ pagadas por los empresarios a los funcionarios en virtud de los contratos públicos que estos les asignan. Son gastos ilegales que, para deducirse, los contribuyentes respaldan con facturas de empresas fantasma.
Otra variante de las factureras es que los recursos desviados sirven para financiar campañas políticas, obviamente en forma ilícita. El negocio es redondo para partidos políticos, candidatos y gobernantes electos, lo que garantiza su propia imbatibilidad. Los funcionarios corruptos son los primeros desinteresados en combatir el problema, ni siquiera para aminorarlo.
A diario leemos noticias sobre desfalcos mediante empresas fantasma. Uno de los principales problemas es que la legislación tributaria, como el famoso artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, solo alcanza para combatir la evasión fiscal. Esa legislación es inaplicable en contrataciones públicas e insuficiente para imputar delitos de corrupción gubernamental. En el horizonte cercano, una reforma legal de gran calado en el ejercicio y destino del gasto público parece inviable.
El erario naufraga por el lado de los ingresos y de los egresos. La codicia es alta y los intereses en juego, enormes. Cualquier reforma fiscal que implique el aumento de las tasas impositivas incrementará proporcionalmente el apetito de los factureros. La historia así lo demuestra.
Dada la debilidad estructural de las finanzas públicas, el combate a las empresas fantasma deberá asumirse como una decisión de Estado. Pronto tendrá que suceder, pues la fuga por la evasión fiscal y la corrupción gubernamental es billonaria. A fin de cuentas, la realidad se impondrá sobre los mismos funcionarios.
