De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay más de 25 mil millones de pesos dentro de cuentas que llevan inactivas más de tres años. Al aprobarse la reforma a la Ley de Instituciones Financieras, ese dinero se destinaría a las Fuerzas Armadas mexicanas. Además de esos recursos, el Gobierno federal incrementará la deuda y mejorará la recaudación para tener más dinero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), conforme a sus facultades de vigilancia del Sistema Financiero en México, recibe periódicamente información referente al Estado de la Situación Financiera de las Instituciones de Banca Múltiple, entre la que se encuentra el saldo de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento (CGCSM).
Esta cuenta contiene el saldo de las cuentas que no presentaron movimientos por el titular de la misma durante tres años. De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, si dentro de los siguientes tres años no se reclaman los recursos, sus derechos prescriben a favor de la beneficencia pública.
La iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito —aprobada en la Cámara de Diputados y pendiente en el Senado de la República— establece que ese dinero, se destinaría además de fortalecer la seguridad pública del país, a atender la seguridad social para las Fuerzas Armadas, esto con el propósito de fortalecer los fondos de prestaciones para militares retirados y pensionados.
Al cierre de agosto del 2022, la CNBV informó que el saldo de la CGCSM ascendió a 21 mil 334 millones de pesos. Este saldo representó el 0.3 por ciento de la captación tradicional de las Instituciones de Banca Múltiple. Después de un año y dos meses, la cuenta rebasa los 25 mil millones de pesos, a diciembre del 2023.
Para que estos más de 25 mil millones de pesos se destinen a las Fuerzas Armadas, aún es necesario que el Senado de la República apruebe la reforma emitida por la Cámara de Diputados.
Una vez aprobada, se le restará lo que le corresponde a la beneficencia pública, de acuerdo con los lapsos de vencimiento, para pasar a repartirlos al Ejército mexicano.
Las instituciones que presentaron la mayor participación en el monto registrado en la CGCSM fueron: Banamex, BBVA México, Banorte, Santander , HSBC y Scotiabank . Estas seis instituciones concentraron el 94 por ciento del monto registrado en la CGCSM en el 2022.
La reforma al artículo 61
Cuando una cuenta bancaria no registraba movimientos, los bancos tenían la obligación de enviar a la beneficencia pública los recursos ubicados en cuentas —tanto de cheques como de ahorro e inversiones— que no hubieran reportado movimiento luego de 6 años.
El 22 de octubre del 2022, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para permitir que los recursos inactivos por más de tres años, con un monto máximo de 51 mil pesos, se destinen a Seguridad Pública.
Dicha reforma fue avalada por 483 votos a favor en la Cámara de Diputados y, de acuerdo con la Gaceta del Senado de la República, aún se encuentra pendiente para ser aprobada por este órgano legislativo.
La reforma específica que los recursos en dicha cuenta, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia.
El Decreto a detalle
De acuerdo con el decreto, se propone que los derechos sobre las cuentas inactivas prescriban a favor del patrimonio del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el propósito de fortalecer los fondos de prestaciones para militares retirados y pensionistas.
Ante la urgencia de un flujo de recursos constante, se dispondrá del monto total que resulte de restar los recursos que hayan prescrito en favor de la beneficencia pública, a fin de que queden en favor de la seguridad.
El porcentaje previsto en la repartición es del 50 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para los estados, y un 20 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.
El principal motivo de la reforma apunta principalmente a las riquezas acumuladas en bancos por la delincuencia organizada, y que por distintos motivos son abandonadas en los circuitos financieros del país. Fortunas que muchas veces son sustraídas por directivos de los bancos privados.
El decreto también expone como ejemplo de lo anterior, que el pasado 10 de marzo del 2022, se dio a conocer el Informe global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto del uso de las instituciones bancarias y mecanismos de moneda virtual por parte de la delincuencia organizada en el mundo.
En dicho informe, se menciona que aunque los grupos delictivos han diversificado sus operaciones financieras en el mundo a través del uso de monedas virtuales, como las denominadas criptomonedas o bitcoins, esquemas Ponzi, testaferros y mini inversionistas, son los ahorros ordinarios establecidos en los bancos tradicionales los que continúan siendo el mecanismo favorito de la delincuencia organizada para mover sus recursos financieros.
El documento cita un ejemplo del banco HSBC como retrato del comportamiento del sistema bancario ante estos criminales: la entidad admitió en 2012 haber lavado 881 millones de dólares provenientes del Cártel de Sinaloa. Los fiscales desistieron de acusar penalmente al banco y permitieron que acordara el pago reparatorio de mil 900 millones.
Otras formas de recaudación
Otra manera de obtener recursos que se vislumbran para este 2024 es el Plan Estratégico de Recaudación por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda.
Dicho plan busca mejorar la fiscalización, la recaudación y la atención al contribuyente, utilizando acciones persuasivas y ejemplares como parte de sus estrategias para fomentar el cumplimiento fiscal y combatir la corrupción.
De acuerdo con Luis Pérez de Acha, Experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo y abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM, el hecho de que el SAT haya comunicado este plan tiene como finalidad aumentar la percepción de riesgo de los contribuyentes y, de ese modo, fomentar el cumplimiento voluntario, a la vez que, en caso de incumplimientos, se regularice de manera espontánea.
Un comunicado firmado por el despacho del experto señala que hay elementos del plan que refieren este propósito.
“El SAT cuenta con información agregada propia, así como del IMSS y del Infonavit, para procesar todas las bases de datos de los contribuyentes. Además, ya utiliza la Inteligencia Artificial para potenciar los mecanismos de control de obligaciones, fiscalización y recaudación en contra de los contribuyentes.
“También muestra una clara intención de incrementar de manera coercitiva la recaudación federal, pues el Gobierno federal requiere de mayores recursos”.
Aunque el tono del Plan Estratégico es amable, se deja ver que el SAT combatirá fuerte la evasión fiscal y fortalecerá la persecución de los delitos fiscales.
“Se prevé el uso de Inteligencia Artificial y análisis de datos para identificar patrones sospechosos de evasión y elusión fiscal, agilizando los procesos y brindando mayor certeza fiscal a los contribuyentes”, señala el documento.
Inmovilización de Cuentas
Según la información, lo anterior incluye la implementación de “acciones persuasivas”, como la solicitud de inmovilización de cuentas bancarias, reportes de información crediticia, cancelación de certificados de sellos digitales.
Además “acciones de ejemplaridad” para incentivar la regularización, como ejemplificar casos de contribuyentes que han cumplido y obtener su cooperación en campañas de concientización fiscal.
La sugerencia para los contribuyentes es regularizarse y atender la presentación de declaraciones, los pagos de las contribuciones respectivas, sobre todo, de retenciones a trabajadores, tener en orden la contabilidad, y dar marcha atrás a la compra de facturas falsas y a operaciones simuladas de outsourcing con “nomineras”.
“No hay que olvidar que el SAT es el Big Brother fiscal, y el día que se decida a operar adecuadamente sus bases de datos, sobre todo, a través de Inteligencia Artificial, su efectividad crecerá exponencialmente”, señaló el experto.
La gran deuda
El pasado martes 30 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el último informe sobre la situación de las finanzas públicas de México al cierre de 2023.
De acuerdo con el experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM, Luis Pérez de Acha, los datos no son nada halagüeños.
La información señala que, por un lado, existe un déficit primario de ingresos menos gastos de 200 mil millones de pesos. Este déficit, sumado a todo el gasto que incurrió el Gobierno federal, tuvo que ser financiado con deuda pública, la cual al cierre de 2023 es de 1.1 billones de pesos.
“Hay que considerar que esta cantidad, sumada a los 2 billones de pesos que se pretenden contratar como deuda para el 2024, da un total de 3.1 billones, sólo para 2023 y 2024 lo cual equivale al 10 por ciento del PIB del país. Ese es el monto del endeudamiento”, señaló Pérez de Acha.
En el mismo informe se reporta que la deuda total del sector público mexicano es de 15 billones de pesos. Un 50 por ciento aproximadamente del total del PIB, de los cuales, el 90 por ciento corresponde a endeudamiento interno: cetes y otros instrumentos del mismo tipo.
Según el experto, otro aspecto que cabe destacar es que la recaudación tributaria estuvo muy por debajo de lo esperado o de lo programado en la Ley de Ingresos de 2023. Puso como ejemplo la recaudación del impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que el total recaudado respecto de la cantidad presupuestada en la Ley de Ingresos fue menor.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) recaudado, fue menor 121 mil millones de lo previsto en la Ley de Ingresos, es decir, un 8 por ciento menos; y respecto al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), también fue negativo en 64 mil millones de pesos respecto del programado, equivalente a un 12.5 por ciento.
“Ligando estos resultados con lo que se presupuesta para el 2024, quien llegue a la Presidencia de la República tendrá un reto muy grande con las finanzas públicas para efectos de tener que afrontar la necesidad de efectuar una reforma hacendaria de gran calado que incluya una reforma fiscal importante”, señaló.
