Claudia Sheinbaum deberá asumir que el combate a la evasión fiscal y, en específico, a las empresas fantasma, es una decisión de Estado —al igual que la lucha contra el terrorismo y narcotráfico—, con independencia de los personajes de alto perfil involucrados y de sus filiaciones partidistas.
Históricamente, la corrupción gubernamental ha desalentado el pago de impuestos. Los contribuyentes nos rehusamos a cumplir con las obligaciones fiscales cuando constatamos el despilfarro del erario o, peor aún, cuando el dinero público termina en el bolsillo de funcionarios oportunistas.
La experiencia demuestra que los ciudadanos nos resistimos a pagar impuestos. Esa resistencia es humana; por ello, entendible y justificada: a nadie nos complace trasladar una parte de nuestro patrimonio a las arcas del gobierno, queramos o no. Así sucede en todos los países: en algunos, sin embargo, el cumplimiento voluntario se reafirma cuando la ciudadanía verifica que los servicios del Estado son retributivos —que vale la pena contribuir fiscalmente—, como en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania y Canadá. En otros países, la percepción es opuesta: la ineficiencia del gasto público y la corrupción aumenta la resistencia de los contribuyentes, como es el caso de Grecia, Italia, Brasil, Argentina y México.
En nuestro país, el mandato constitucional es claro: estamos obligados a «contribuir para los gastos públicos» de la federación, estados y municipios en que residimos, «de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes». Si no cumplimos, las autoridades tienen la facultad de actuar en forma coactiva en contra nuestra, incluso penalmente por defraudación fiscal.
Un problema que afecta la recaudación es el derroche indecoroso y el desvío impune de recursos, que no son sino los impuestos que, por las buenas o las malas, pagamos a la Hacienda federal. La relevancia es de índole constitucional, pues la razón de nuestra obligación de contribuir es que los tributos se destinen a un «gasto público» que, como lo ordena la propia Constitución, se administre con «eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados».
De este modo, a la obligación de tributar le es correlativo el deber de los funcionarios de ejercer el gasto en forma honesta, transparente y racional. No se trata de pagar solo porque así lo establece la Constitución. Al hacerlo, los contribuyentes asumimos el derecho y la certeza —tenemos la legitimación— de que los impuestos que pagamos se destinarán a los fines connaturales del gasto público: educación, salud, seguridad pública, pensiones y programas sociales, entre otros, sin ineficiencias ni desviaciones ilícitas.
En México, la percepción generalizada es que el gasto público es dispendioso, opaco y corrupto, tanto a nivel federal como estatal y municipal, lo que desfavorece el pago espontáneo y voluntario de impuestos, incluso con maquinaciones propias de la defraudación fiscal. Un estudio del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, muestra que, en un cálculo conservador, la evasión de 2005 a 2016 fue equivalente al 4.1 % del producto interno bruto promedio anual, que en términos actuales ascendería a 1.3 billones de pesos: el mismo monto del Impuesto al Valor Agregado a recaudarse en 2024.
Las empresas fantasma son un medio sencillo y eficaz para evadir impuestos. De manera paradójica, también se utilizan para desviar recursos públicos y, sobre todo, para el lavado de dinero. En un esfuerzo del SAT venido a menos en los últimos tres años, el número de empresas fantasma publicadas conforme al artículo 69-B del Código Fiscal —ideado para optimizar su persecución— apenas llega a 11 mil. Sin embargo, el dato que destaca es que esas empresas han facturado alrededor de 4 billones de pesos, lo que es una aberración. Si el número se elevara a 100 mil —por supuesto que las hay— la facturación rondaría la monstruosidad de 40 billones de pesos, equivalente a 4.5 veces el presupuesto federal total para este año.
El daño de la evasión fiscal y la corrupción gubernamental es lacerante. El boquete que generan a la Hacienda pública es descomunal y menoscaba de manera sustancial los márgenes de maniobra del gobierno federal para afrontar el gasto público, pensiones, intereses sobre la deuda, obras de infraestructura, Pemex, participaciones federales y aportaciones a estados y municipios. La rehabilitación de los servicios de salud pública y el fortalecimiento de la seguridad seguirán demandando recursos adicionales extraordinarios.
