El problema de liquidez del gobierno federal es opresivo. Parte del problema es que no se ha respetado el mandato constitucional de que la deuda se destine exclusivamente a obras que generen ingresos. En cambio, se ha utilizado en gasto corriente como sueldos de trabajadores, pensiones, transferencias a estados y municipios, y para pagar intereses de la misma deuda.
El gobierno federal está en números rojos. En 2024, los gastos públicos superarán ampliamente los ingresos, generando un déficit fiscal de 2 billones de pesos, equivalente al 5.9 % del producto interno bruto (PIB). Como ocurre con las personas y las empresas, la forma de cubrir ese faltante será con más préstamos. El problema es que quien pide dinero ajeno —México— tiene que pagar.
Para finales de este año, la deuda pública federal alcanzará los 17 billones, poco más del 50 % del PIB. El presupuesto para 2024 asciende a 9 billones, de los cuales más de una quinta parte se financiará con más créditos. Esto refleja el nivel preocupante de gasto con dinero prestado.
Para ponerlo en perspectiva, con esos 2 billones de déficit podrían construirse cuatro veces el Tren Maya o seis veces la refinería Dos Bocas, proyectos emblemáticos —y polémicos— del expresidente López Obrador. También equivaldría a financiar cinco años de pensiones para adultos mayores.
Si bien la relación entre deuda y PIB muestra que la capacidad crediticia del gobierno se mantiene firme, organismos internacionales —incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI)— han advertido que en 2025 México tendrá que reducir su déficit fiscal al 3.5 % del PIB, es decir, bajarlo en 0.8 billones.
Reducir el déficit es apremiante. Esto exigirá recortes significativos en el gasto público, comenzando por ajustes en la administración federal y reducciones en la nómina burocrática. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apretará a los contribuyentes —sí, todavía más— para incrementar los ingresos fiscales de manera exponencial. Inevitablemente, veremos más acusaciones penales por defraudación fiscal.
El problema de liquidez es opresivo. Si no se controla el déficit y continúa el aumento de la deuda, las finanzas públicas enfrentarán un escenario adverso en los próximos años. El desafío de incrementar la recaudación sin aumentar impuestos —tal como lo ha prometido la presidenta Claudia Sheinbaum— será complejo e ineludible.
Un ejemplo ilustra esta dificultad: en 2024 se espera que la recaudación del IVA alcance 1.3 billones. En lo que toca al aumento de ingresos, para lograr el objetivo de reducir el déficit en 0.8 billones, la tasa del IVA tendría que aumentar del 16 al 26%, considerando que cada punto apenas da 85 mil millones. Ello es inviable, pues pensar siquiera en aumentarlo al 17 % sería un suicidio político y social para la presidenta Sheinbaum y Morena.
El pago de intereses sobre la deuda es una carga excesiva. En 2024, ascenderán a 1.2 billones, casi el 15 % del presupuesto total. Esta cifra equivale a 2.5 veces el Tren Maya, cuatro veces el de Dos Bocas o tres años de pensiones para adultos mayores. Lo anterior, solo respecto al año en curso.
La deuda pública seguirá aumentando en 2025, precisamente para cubrir el déficit del 3.5 % del PIB, lo que incrementará también el pago de intereses, agravando aún más la falta de liquidez. Parte del problema es que no se ha respetado el mandato constitucional de que la deuda deba destinarse exclusivamente a obras que generen ingresos. En cambio, se ha utilizado en gasto corriente como sueldos de trabajadores, pensiones y transferencias a estados y municipios. Además, la misma se ha empleado para pagar intereses, en una esquema comparable a sacar dinero de un cajero automático para pagar otra tarjeta de crédito.
México no es el único país atrapado en una espiral descendente de endeudamiento. La deuda pública es un problema mundial. Estados Unidos, por ejemplo, debe 36 trillones de dólares, Japón tiene un adeudo equivalente al 260 % de su PIB, y España alcanza el 105 %. El pago de intereses representa una carga que limita los ingresos disponibles de los gobiernos. Eventualmente, los pasivos tendrán que liquidarse. La forma racional de hacerlo es mediante un crecimiento estructural en la recaudación fiscal.
Lamentablemente, el panorama de las finanzas públicas a corto y mediano plazo es negativo. Entre las pensiones, la nómina burocrática, los programas sociales y las obras faraónicas del expresidente López Obrador limitan el margen de maniobra del presupuesto de egresos para 2025. La carga de los intereses será aún más asfixiante. Queda por ver qué as bajo la manga sacará la presidenta Sheinbaum en el paquete económico que entregará al Congreso Federal el próximo 15 de noviembre.
