Para 2025, la situación de las finanzas públicas en México será crítica, por endeble y volátil.

Metas de crecimiento y recaudación

Uno de los principales factores de incertidumbre es la dependencia del gobierno federal de un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre el 2% y el 3%. Si esta meta —considerada por muchos analistas como irreal— no se alcanza, la recaudación proyectada de 5.3 billones de pesos también se verá comprometida.

El déficit fiscal para 2025 está proyectado en 1.6 billones de pesos. Este déficit surge porque el gasto público supera a los ingresos federales. Si los ingresos no alcanzan los 5.3 billones, el déficit fiscal será incluso mayor.

En comparación, el déficit fiscal de 2024 cerrará cerca de 2 billones de pesos, lo que pone en evidencia una trayectoria insostenible.

Endeudamiento y pago de intereses

Para cubrir estos déficits, el gobierno recurrirá a un mayor endeudamiento. La deuda pública para 2025 se acercará a los 20 billones de pesos. Este nivel de deuda generó intereses en 2024 de 1.35 billones y en 2025 se estiman en 1.25 billones.

Estos pagos representan una carga monumental: cada año de intereses equivale a 2.5 veces el costo del Tren Maya; o 5 trenes en dos años (2024 y 2025). Además, el gobierno federal tiene comprometidos otros 1.25 billones para participaciones a estados y municipios y 1.4 billones para pensiones. En total, 3.9 billones de pesos, lo que equivale al 73 % de los ingresos tributarios proyectados. Esto deja apenas un 27 % para financiar el resto de los gastos federales.

La falta de flujo para cubrir necesidades como salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales es alarmante. Para 2025, el endeudamiento adicional de 1.6 billones de pesos será necesario, pero gran parte de él: 1.25 billones se destinará exclusivamente al pago de intereses.

El problema sistémico

El modelo actual de administración de la deuda pública es insostenible. Tomar dinero prestado para pagar solo los intereses de un endeudamiento creciente es, en palabras simples, un negocio pésimo y una práctica suicida. Este ciclo debe detenerse, ya que agrava la crisis estructural de las finanzas públicas.

Opciones fiscales y políticas

Incrementos marginales en impuestos como el ISR o el IVA no serán suficientes. Aunque los aumentos del 30 % en la recaudación del IEPS sobre gasolinas podrían aportar algo, su impacto es limitado.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó aumentos en los impuestos, una decisión acertada desde el punto de vista político y social. Por ejemplo, un incremento del IVA al 17 % sería políticamente inviable y solo generaría 80 mil millones de pesos, una cifra marginal frente a las necesidades fiscales del país.

Combate a la evasión fiscal

La solución más efectiva para lograr aumentos estructurales en la recaudación federal es combatir la evasión fiscal. Actualmente, los niveles de fraude tributario son alarmantes. Las empresas fantasma —también conocidas como empresas fachada o factureras— han crecido de manera exponencial en la última década.

El SAT ha identificado 11 mil empresas fantasma que han facturado 4 billones de pesos. Sin embargo, estas representan una fracción insignificante del problema real. Si existieran 100 mil empresas fantasma activas —una cifra creíble—, la facturación falsa podría ascender a 40 billones de pesos.

Estas empresas son parte de redes delictivas que no solo evaden impuestos, sino también desvían recursos públicos y lavan dinero. Este negocio es mucho más lucrativo y menos riesgoso que actividades como el narcotráfico.

Bajo la administración de AMLO, el combate a estas prácticas fue ineficaz. Los factureros continúan operando con impunidad, lo que ofrece una oportunidad inmediata para la presidenta Sheinbaum de mejorar la recaudación.

Conclusión

La crisis de las finanzas públicas para 2025 es un problema sistémico que requiere acciones inmediatas y estructurales. Combatir la evasión fiscal y optimizar el manejo de la deuda pública son pasos esenciales para evitar mayor estrés a las finanzas de México y garantizar la sostenibilidad económica del país.