Una nueva reforma electoral

Una nueva reforma electoral

El pasado 24 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma electoral centrada en:

  • La eliminación del INE
  • Reducir el financiamiento a partidos políticos
  • Eliminar la representación plurinominal en los tres niveles de gobierno

El antecedente directo que se tiene en esta materia es la reforma político-electoral presentada el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente López Obrador. Los objetivos principales de esa iniciativa coinciden con las intenciones de la presidenta.

TEMAS PRINCIPALES Y PUNTOS CLAVE

I. Objetivos de la reforma

La iniciativa busca adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas de los últimos años, destacando la necesidad de:

  • Ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos.
  • Insertar el principio de austeridad en el sistema electoral.
  • Fortalecer la vida partidista, que actualmente se percibe como fuente de “indignación” debido al gasto excesivo.
  • Equilibrar el poder y la imparcialidad en las contiendas electorales.
  • Homologar los procesos electorales locales y el método de representación.

II. Reestructuración de la autoridad electoral nacional

Una de las propuestas más ambiciosas es la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

  • El INEC sería el único órgano público electoral del país, absorbiendo las funciones electorales federales y locales.
  • Se busca fortalecer su función electoral independiente, garantizando los principios de validez y transparencia.
  • Se propone una reducción significativa de consejeros electorales y magistrados electorales, quienes serían elegidos por voto popular.
  • La nueva estructura se integrará por un Consejo General con siete consejeros y consejeras electorales, elegidos por voto popular en elecciones ordinarias.
  • Los procesos de elección de consejeros serían liderados por la Cámara de Diputados, con postulaciones de los Poderes de la Unión y el Poder Judicial, culminando con la calificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. Reducción del financiamiento público a partidos políticos

La iniciativa aborda el financiamiento de los partidos.

  • Se propone reducir a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos.
  • También se busca reducir las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos.
  • En cuanto a la obtención de recursos privados, se establecerán reglas para sufragar gastos de campaña, prohibiendo la recepción de recursos de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.
  • La propuesta incluye la derogación de las disposiciones relativas al financiamiento público para actividades específicas (educación, investigación, etc.).

IV. Acceso a radio y televisión

Se propone un nuevo modelo de comunicación política que centraliza el acceso a los tiempos oficiales del Estado.

  • Desde el inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral se destinarán 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al INEC.
  • El 90% de los tiempos se distribuirá entre partidos políticos y candidaturas independientes, y el 10% restante al INEC
  • En los tiempos no electorales, los partidos políticos tendrán asignado el 12% del tiempo total del Estado.
  • Se plantea prohibir la contratación de espacios en radio y televisión por personas físicas o morales para evitar proselitismo o injerencia en los procesos electorales.

V. Reducción del número de legisladores y regidores

La reforma busca una disminución significativa en el número de representantes.

  • La Cámara de Diputados se conformaría por 300 curules (actualmente 500), elegidos por el principio de votación de mayoría relativa en distritos electorales uninominales.
  • Se elimina la representación plurinominal de las entidades federativas, lo que implica una reducción de 200 diputados.
  • El Senado de la República se integraría por 64 senadores (actualmente 128), elegidos bajo el principio de votación de mayoría relativa.
  • También se contempla la reducción del número de regidores y concejales en los ayuntamientos, estableciendo rangos según la población municipal. Por ejemplo, municipios con menos de 60,000 habitantes tendrían una regiduría, mientras que aquellos con más de un millón diez mil habitantes tendrían hasta nueve regidurías.

VI. Eliminación de órganos electorales locales

La iniciativa establece la extinción de los órganos públicos electorales locales (OPLEs), transfiriendo sus funciones al INEC.

  • Se justifica por el alto costo de operación del sistema político mexicano. El presupuesto de todas las autoridades electorales federales y locales en 2018 fue de 68,300 millones de pesos, representando un crecimiento del 400% en 20 años.
  • Se busca homologar los procesos electorales locales al sistema federal.
  • Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales de los OPLEs se transferirían al INEC.

VII. Revocación de mandato y consultas populares

  • En materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios.
  • El INEC promoverá la participación ciudadana y tendrá a su cargo la difusión de las consultas populares, siendo la única instancia encargada de esta difusión.

IMPACTO Y CONSECUENCIAS POTENCIALES

La reforma, de aprobarse, tendría un impacto trascendental en el sistema democrático de México:

  • Centralización del poder electoral: El INEC concentraría todas las funciones electorales, lo que podría aumentar la eficiencia, pero genera inquietudes sobre la concentración de poder en un solo órgano.
  • Austeridad: La reducción de recursos a partidos y la eliminación de los OPLEs podrían generar ahorros significativos, pero también impactar la capacidad operativa de la oposición política.
  • Representación política: La reducción del número de legisladores plurinominales podría afectar la pluralidad y representatividad de las minorías.
  • Independencia de los órganos electorales: La elección popular de consejeros y magistrados, podrían interpretarse como un intento de politizar estos órganos y subsumirlos al control del Ejecutivo.
  • Participación ciudadana: La reducción de la participación requerida para la vinculación de la revocación de mandato y consultas populares podría facilitar estos mecanismos de democracia directa.

CONCLUSIÓN

La iniciativa de reforma electoral del 5 de febrero de 2024 es una propuesta de gran calado que busca rediseñar el sistema electoral de México. Si bien se argumenta que busca una mayor eficiencia y ahorro, las modificaciones propuestas a la estructura, financiamiento y operación de los órganos electorales, así como la reducción de la representación plurinominal, plantean interrogantes sobre el futuro del equilibrio de poderes y la pluralidad en el proceso democrático del país.

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Experto en temas jurídicos, con más de 40 años de experiencia. Es socio director de PDEA Abogados, despacho especializado en derecho fiscal y administrativo en la Ciudad de México.