El día de hoy, 4 de julio, entró en vigor la reforma fiscal del presidente Trump: “One Big Beautiful Bill Act”, la cual libró un largo proceso legislativo en el congreso de EE. UU.
Un tema que impactará a México es el impuesto especial sobre remesas —remittance tax—, finalmente aprobado con la tasa del 1% y que se cobrará sobre las transferencias de dinero en efectivo u órdenes de pago que se realicen desde EE. UU. hacia el extranjero.
El objetivo es gravar a todas las personas que residen en territorio estadounidense, incluyendo migrantes, residentes permanentes, personas con visas de trabajo o turismo y estudiantes internacionales, pero dejando a salvo a los ciudadanos estadounidenses quienes no serán sujetos del impuesto. México es el país al que se envía la mayoría de fondos, por serán esas remesas las que tendrán la mayor carga tributaria.
La propuesta original planteaba una tasa del 5 %, que luego disminuyó a un 3.5 % en las discusiones en el Senado de EE. UU. Bajo este porcentaje se llegó a estimar por el Joint Committee on Taxation del congreso, que el impuesto generaría US$ 26 mil millones de dólares en los próximos 10 años, monto que será aún menor con la tasa del 1 % finalmente aprobada, la cual estima ser de $10 mil millones de dólares, de acuerdo con el New York Times.
El bajo impacto que esta medida tendrá en la economía estadounidense revela que su finalidad no es recaudatoria, sino combatir la migración ilegal. Varios expertos ponen en duda la efectividad que esa medida pueda tener; y, por el contrario, apuntan sobre las cargas administrativas que generarán para las instituciones de ese país. “En pocas palabras: esta es una base impositiva pequeña con una gran carga de cumplimiento. Su impacto principal será mucho más papeleo, no más ingresos”, así lo señala Tax Foundation.
El nuevo impuesto será un desafío para las instituciones financieras, empresas y, potencialmente, para las personas físicas, al generar una gran cantidad de obligaciones administrativas.
- Instituciones financieras se verán obligadas a convertirse en “proveedores calificados de transferencia de remesas (RTP)”, a deducir automáticamente el impuesto de transferencias superiores a $15 y a verificar la ciudadanía de los remitentes. Esto requeriría el envío de bases de datos con información personal al Departamento del Tesoro, planteando serias preocupaciones sobre la privacidad y la gestión de datos.
- Empresas con operaciones globales tendrán que documentar minuciosamente miles de transacciones para probar que las transferencias que efectúan al extranjero no califican como remesas.
- Ciudadanos estadounidenses enfrentarán papeleo adicional y afectaciones a su En casos de aplicación errónea del impuesto tendrán que iniciar procesos de reembolso al presentar su declaración anual.
Un aspecto que se anticipa es la ineficacia de este impuesto para alcanzar su objetivo. De Tax Foundation señala que las remesas son una base impositiva escurridiza –slippery tax base– y el impuesto será fácil de evadir por los no ciudadanos, desviando las transacciones a canales informales u opacos a través de métodos de evasión:
- Envíos de efectivo físico: transferencia de dinero en efectivo a través de las fronteras o paquetes.
- Activos digitales: a través del uso de criptomonedas.
- Bienes físicos de alto valor: envío de productos caros en lugar de dinero o incluso la compra de bienes a través de plataformas que realicen entregas en los países a los que antes se enviaban las remesas.
- Transferencias a través de terceros: pedir a un ciudadano estadounidense que envíe el dinero en su nombre.
En realidad, el impuesto sobre las remesas al extranjero permitirá que el gobierno norteamericano amplíe sus fuentes de información, no solo respecto de inmigrantes con situación ilegal en el país, sino también le permitirá tener un mayor control sobre flujos de dinero en efectivo desde EE. UU. asociados al lavado de dinero y a actividades relacionadas con narcotráfico y terrorismo. En síntesis: dicho impuesto no tiene una finalidad recaudatoria, sino de control e información sobre los remitentes situados en EE. UU.
Un medio equivalente de información y control estuvo vigente en México de 2008 a 2013, a través del impuesto sobre depósitos en efectivo. Al gravar los depósitos en efectivo mayores a cierto monto, el gobierno podía identificar personas o empresas que recibían cantidades de efectivo sin reportarlo a las autoridades fiscales, detectando así ingresos no declarados. El impuesto funcionaba también como una herramienta de control indirecto para el cruce de información bancaria y fiscal.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el impuesto sobre las remesas calificándolo de inconstitucional, argumentando que los migrantes ya pagan impuestos en EE. UU. y que la medida representaría una doble tributación. También señaló que el gobierno mexicano daría un reembolso del 1% a través del Banco del Bienestar, sin embargo, el 2 de julio declaró que se está trabajando en un plan y descartó que se realizarán reembolsos a los migrantes.
Este impuesto plantea retos legales y operativos, pero sin duda, se traduce en una herramienta de control del gobierno de EE. UU. sobre los flujos de dinero hacia México.
Fecha: 4 de julio de 2025
