La deuda pública federal es una amenaza para la estabilidad financiera de México, con repercusiones que trascienden el ámbito federal e impactan en todo el país. Si bien diversos factores inciden en esta coyuntura, el elemento más crítico es el servicio de la deuda, es decir, el gravoso pago de intereses.
A esta fecha, los pasivos del sector público federal alcanzan la cifra de $17.6 billones de pesos. Aunque elevado, se mantiene dentro de los estándares internacionales: inferior al 50% del Producto Interno Bruto (PIB).
En realidad, la asfixia de las finanzas públicas se encuentra en la carga por concepto de intereses. En 2024, el pago ascendió a $1.2 billones, y para 2025 se ha proyectado en $1.4 billones. La suma de ambos ejercicios da un monto de $2.6 billones de pesos. Para dimensionar la magnitud de esta cantidad, la misma equivale a cinco veces el costo del Tren Maya, nueve veces la refinería Dos Bocas, casi seis veces el presupuesto de la Secretaría de Educación, doce veces el presupuesto combinado del Ejército y la Marina, y treinta y dos veces el presupuesto de la Secretaría de Salud.
La paradoja es que, con la recaudación fiscal actual, el gobierno federal no dispone de los recursos suficientes siquiera para cubrir los intereses de 2025 —de $1.4 billones de pesos—, y mucho menos para amortizar una parte del capital de la deuda. Esta insuficiencia conduce a una espiral de endeudamiento: este año, el gobierno federal recurrirá a un nuevo endeudamiento por $1.6 billones de pesos, de los cuales un 90% se destinará al pago de los intereses de 2025. Una operación que, en términos llanos, se asemeja a utilizar un crédito para apenas cubrir los intereses de otra deuda (no del principal).
La hipotética solución de saldar los intereses de 2025 a través de un incremento en la recaudación fiscal demandaría un aumento del 50% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o, alternativamente, un incremento del 100% en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que implicaría elevar la tasa general del actual 16% al 32%. Los dos escenarios son política y socialmente inviables, y económicamente regresivos.
La trayectoria de las finanzas públicas nacionales pronostica una pendiente cada vez más inclinada. La dinámica actual indica que, en 2026 y en los años subsiguientes, México tendrá que solicitar más préstamos para cubrir los intereses de una deuda en constante crecimiento, configurando una caída de vértigo hacia el abismo financiero.
Este problema ha alcanzado un nivel crítico y sistémico. Si bien numerosos problemas nacionales podrían resolverse con dinero, la realidad es que el gobierno federal carece de liquidez suficiente para hacerlo. Esta escasez no se limita al ámbito federal, ya que estados y municipios se encuentran igualmente ahogados por sus propias deudas.
A este panorama deben sumarse otros factores de presión financiera, tales como el creciente costo de las pensiones (federales, estatales y municipales), la expansión de los programas sociales, la pesada herencia de las obras faraónicas de la administración anterior y el hoyo negro de Pemex. A ello se añade la ralentización de la economía, que actúa como un catalizador negativo.
La resolución de esta compleja problemática es compleja. Limitar la estrategia a una mera reforma fiscal resultaría insuficiente. Se requiere una decisión de Estado que aborde de manera frontal y decidida el combate a la evasión fiscal y a la corrupción gubernamental. Solo una acción integral y sostenida podrá revertir la inercia actual y salvaguardar la salud financiera del país.
