1. Un nuevo paradigma en la fiscalización
El 2026 fija un cambio de paradigma para directivos y propietarios de empresas en México en lo que hace al cumplimiento fiscal. El gobierno federal ha anunciado un plan de fiscalización más agresivo, que será instrumentado a través de cambios legales que fortalecieron los procedimientos de fiscalización de la autoridad y limitaron los medios de defensa para los contribuyentes.
Este nuevo escenario se desprende de la realidad que enfrentan las finanzas públicas en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no habrá aumento de impuestos, por lo que la obtención de mayores ingresos para sustentar el gasto público tiene dos caminos: contratar más deuda y aumentar la recaudación.
2. Retos de las finanzas públicas para 2026
Para 2026, el Paquete Económico proyecta un crecimiento económico de 2.3% del PIB, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo sitúa en 1.5% y el Banco de México estima un rango de entre 0.4% y 1.8%. El cierre de 2025 es aún más crítico, con cifras del FMI de 1.0% y un rango entre 0.1% y 0.5% por el Banco de México.
Estas cifras son un indicador de riesgo fiscal. El gobierno federal enfrenta un déficit fiscal de $1.4 billones de pesos (16% de sus ingresos), con una tasa de informalidad laboral del 54.6%. Ante este escenario, el Estado no tiene otra opción que ejercer una fiscalización agresiva sobre los contribuyentes para obtener los $496,309 millones de pesos adicionales, previstos para 2026. Este incremento del 4.6% en la recaudación no provendrá del crecimiento económico, sino del combate frontal a la evasión fiscal.
3. Nuevo procedimiento de fiscalización
A partir de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá revisar a los contribuyentes para determinar si las operaciones que amparan sus comprobantes fiscales son reales. En una visita domiciliaria especial, el emisor de los comprobantes tendrá que entregarle al SAT toda la información y documentación necesaria para que la autoridad concluya que se trata de “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”, sin que la legislación fiscal defina cuáles son los medios para acreditarlo.
Si el SAT declara que los comprobantes fiscales son falsos, tanto el emisor como el receptor de los mismos tendrán enfrentarán una contingencia fiscal y verán limitada su capacidad para operar.
4. Contingencias que enfrentan los contribuyentes
Los contribuyentes enfrentan nuevas contingencias desde el 1º de enero de 2026, fecha en que entró en vigor el nuevo procedimiento de fiscalización. Pero en el caso de que sean sujetos a una visita por parte del SAT, o bien, que los contribuyentes con quien realice operaciones esté siendo revisada, las consecuencias serán:
- Riesgos operativos: La autoridad puede restringir y posteriormente cancelar el certificado de sello digital, que es la herramienta electrónica que permite facturar; sin él, la empresa queda legalmente impedida para vender, cobrar y operar, lo que equivale a un cierre técnico inmediato.
- Riesgos financieros: La eliminación de deducciones por comprobantes falsos genera en automático créditos fiscales, multas y actualizaciones.
- Riesgos penales: El uso de comprobantes falsos se sanciona con 2 a 9 años de prisión. Bajo el marco actual, se aplica la prisión preventiva oficiosa, obligando a los señalados a enfrentar el proceso en prisión.
5. La materialidad como herramienta para mitigar riesgos
El procedimiento de 2026 introduce una distinción crítica que redefine la defensa fiscal. La autoridad ya no se pregunta si el proveedor “podría” hacer el trabajo, sino si la operación específica “existió” bajo estándares de materialidad estricta.
- Hasta 2025: El enfoque era la capacidad operativa. El contribuyente tenía diversas instancias para probar que contaba con los medios para prestar servicios o vender bienes.
- A partir de 2026: El enfoque son las operaciones reales. El contribuyente debe contar con expedientes bien integrados que permitan acreditar que las operaciones efectivamente fueron realizadas.
La materialidad de las operaciones es un concepto que se ha venido construyendo en la práctica fiscal desde 2014, fecha en que entró en vigor el procedimiento en contra de empresas fantasma. Mediante las interacciones con las autoridades fiscales y posteriormente en tribunales, existen algunos criterios sobre cuál es el material probatorio necesario para considerar que una operación es real.
En la práctica será necesario que las empresas implementen en su operación los criterios que se tienen sobre materialidad de las operaciones, y bajo una política de mayor control interno, reforzar sus procesos y lograr un gobierno corporativo eficiente.
El cambio más profundo es la redefinición de la defensa. El litigio fiscal es ahora el último recurso para los contribuyentes y aun llegando a este punto, será crucial que cuenten con todos los elementos que permitan acreditar la materialidad de sus operaciones.
