El día de hoy se publicó la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump, declarando inconstitucionales las tarifas impuestas por el presidente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
1. Contexto de la sentencia
El presidente Trump invocó la IEEPA para declarar emergencias nacionales ante dos amenazas: el flujo de drogas ilegales y los descomunales déficits comerciales. Basándose en estas declaraciones, impuso aranceles del 10% al 25% iniciales, con aumentos posteriores de hasta el 145%, a importaciones de varios países, incluidos Canadá, México y China. La Corte Suprema determinó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer tales aranceles.
2. ¿Qué sigue para el presidente?
En conferencia de prensa, el presidente Trump declaró que esta decisión es decepcionante y afirmó que su gobierno cuenta con otras herramientas para continuar con su política de protección a EE. UU. Como medida inmediata, impondrá una nueva tarifa global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
La Casa Blanca se ha estado preparando para enfrentar una decisión en este sentido. El Plan B del presidente Trump incluye nuevos aranceles, entre los que se encuentran:
- Sección 232: ampliar los aranceles bajo esta regulación, argumentando que las importaciones afectan la seguridad nacional.
- Sección 301: requiere que primero se investiguen las prácticas comerciales desleales pero la administración de Trump ya cuenta con material.
- Sección 338: podría utilizarse en contra de los países que toman represalias contra los aranceles estadounidenses.
El presidente Trump sostuvo que no requiere de aprobación previa del Congreso para llevar a cabo el Plan B, y que su gobierno ya está trabajando en su implementación.
3. Impacto económico y en el comercio exterior
Aunque la decisión no restringe la potestad arancelaria que el presidente posee bajo otras leyes, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, esta opción genera incertidumbre sobre los acuerdos comerciales de EE. UU. con otros países, incluyendo México, y plantea el problema de las posibles devoluciones de los miles de millones de dólares ya recaudados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. Los efectos de esta sentencia son:
Cese de la recaudación. Los aranceles impuestos bajo la autoridad de la IEEPA quedan sin efecto legal. Las autoridades aduaneras deben abstenerse de cobrarlos desde este momento. Para las empresas importadoras y, eventualmente, para los consumidores, esto representa una reducción directa en el costo de bienes importados a ese país.
Devolución de aranceles. La decisión de la Corte Suprema no establece en forma exprés que el gobierno norteamericano tenga que devolver el dinero recaudado por los aranceles ni cómo debería hacerlo. Por tanto, serán los tribunales federales de ese país los que resuelvan este tema. De cualquier manera, la sentencia abre la puerta a una avalancha de litigios en el Tribunal de Comercio Internacional (USCIT, por sus siglas en inglés). El Departamento del Tesoro se enfrenta a una contingencia presupuestal.
4. Razones de la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad
Los razonamientos principales de la opinión de la Suprema Corte para llegar a esta conclusión son los siguientes:
Poder constitucional exclusivo del Congreso. El Artículo I, Sección 8 de la Constitución otorga de manera exclusiva al Congreso el poder de imponer impuestos y aranceles, conocido como el “poder de la bolsa”. Este poder tributario no le fue concedido al Poder Ejecutivo, por lo que se reconoce que el presidente no tiene autoridad inherente para imponer aranceles en tiempos de paz.
- La doctrina de las “Grandes Cuestiones” (Major Questions Doctrine). El gobierno argumentó que la IEEPA le otorgaba este poder al autorizar al presidente a regular las importaciones. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que otorgar un poder de tal magnitud económica y política requiere una autorización explícita del Congreso. La Corte Suprema señaló que dicha facultad no podía ser delegada mediante un lenguaje ambiguo, y rechazó crear excepciones a esta doctrina para leyes de emergencia o de comercio internacional.
Interpretación lingüística. La Corte Suprema analizó las diferencias entre “regular” y “gravar”. La IEEPA enumera varias acciones que el presidente norteamericano puede tomar: por ejemplo, investigar, bloquear, regular, anular o prohibir, pero no hace mención expresa para fijar aranceles, tarifas o impuestos. En el uso ordinario, el poder de “regular” no significa que se tenga el poder de imponer impuestos. También se señaló que históricamente, cuando el Congreso ha querido delegar poderes arancelarios, lo ha hecho de manera expresa utilizando palabras como “arancel” o “cuota, y estableciendo límites estrictos de tiempos y montos. La Corte Suprema concluyó que los aranceles son una herramienta de naturaleza distinta a las sanciones económicas contempladas en la IEEPA.
Inconstitucionalidad sobre las exportaciones. La IEEPA autoriza al presidente a “regular” las importaciones o exportaciones. Si se interpretara que la palabra “regular” incluye el poder de cobrar impuestos, la ley sería parcialmente inconstitucional, ya que la Constitución prohíbe expresamente esa posibilidad.
Falta de precedentes históricos. La Corte Suprema subrayó que en el medio siglo de existencia de la IEEPA, ningún presidente había invocado esta ley para imponer aranceles, para así confirmar que los aranceles impuestos por el presidente Trump van más allá del alcance de la legislación.
5. División entre los jueces
En una decisión 6 a 3 de la Corte Suprema, los jueces Kagan, Sotomayor y Jackson estuvieron de acuerdo en que la IEEPA no permite al presidente imponer aranceles, pero argumentaron que no era necesario invocar la doctrina de las “grandes cuestiones”. Razonaron que las reglas ordinarias de interpretación de textos son suficientes para demostrar que la palabra “regular” nunca ha significado “gravar con impuestos”. La jueza Jackson añadió que el historial legislativo de la ley demuestra que su único propósito era permitir al presidente congelar o controlar transacciones de propiedad extranjera, no imponer aranceles.
Con una postura contraria, los jueces Kavanaugh, Thomas y Alito consideraron que el poder de “regular las importaciones” sí abarca la imposición de aranceles, ya que históricamente los aranceles han sido una herramienta común para controlar el comercio exterior. Citaron el caso del presidente Nixon, quien impuso aranceles utilizando un lenguaje idéntico en una ley anterior, los cuales fueron validados por tribunales federales. Además, argumentaron que la doctrina de las “grandes cuestiones” no debería aplicarse para limitar al presidente en temas de política exterior y seguridad nacional.
6. Consecuencias legales
La sentencia de la Corte Suprema en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump tiene repercusiones para el equilibrio de poderes en Estados Unidos, entre ellas están:
Limitación al poder del presidente Trump. La Corte Suprema estableció un límite claro: el presidente no puede usar una “emergencia nacional” como justificación para legislar sobre impuestos. Con esto, se reafirma que el poder para establecer impuestos y aranceles es competencia exclusiva del Congreso. Ahora el presidente seguirá el plan B arriba indicado.
Consolidación de la doctrina de “cuestiones mayores”: Esta sentencia sirve como un precedente relevante para evitar que futuras administraciones expandan unilateralmente sus facultades en temas de gran importancia económica.
