Especialistas señalan que este operativo conjunto de la FGR y la UIF responde a las presiones de EU sobre empresas ligadas al narco.
El desmantelamiento de la red conocida como “El Caballito”, dedicada a operar empresas factureras en distintos estados del país, refleja un cambio en la estrategia del gobierno federal para combatir estructuras vinculadas con lavado de dinero y delincuencia organizada.
Para Luis Pérez de Acha, abogado fiscalista, resulta positivo que las autoridades dirijan sus esfuerzos contra organizaciones que operan mediante Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), aunque considera que la respuesta llegó tarde debido al crecimiento que tuvo este fenómeno en los últimos años.
En entrevista con EL CEO, Pérez de Acha explicó que históricamente el combate a las factureras se libró desde el ámbito tributario, principalmente a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin una coordinación efectiva entre las distintas dependencias encargadas de perseguir delitos financieros.
Respuesta a las presiones de Estados Unidos
Pérez de Acha consideró que la presión ejercida por Estados Unidos en los últimos meses, particularmente por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, así como por el seguimiento a empresas utilizadas por los cárteles para operar financieramente, contribuyó a que las autoridades mexicanas actuaran de forma coordinada contra las factureras y empresas fantasma.
A ello se suma, dijo, la reestructuración operativa dentro de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares. Sin embargo, advirtió que aún se requieren ajustes normativos para fortalecer el combate al lavado de dinero.
Aún faltan sentencias por lavado de dinero
El especialista en derecho fiscal, administrativo y constitucional señaló que, en el caso de “El Caballito”, donde fueron detenidas ocho personas acusadas de delincuencia organizada por la emisión de comprobantes fiscales falsos, todavía será necesario esperar el desarrollo de los procesos judiciales.
Asimismo, consideró fundamental que las investigaciones alcancen a los verdaderos operadores y beneficiarios de estas estructuras, y no únicamente a quienes figuran formalmente como representantes de las empresas.
Pérez de Acha confió en que, en el corto y mediano plazo, las autoridades emprendan acciones contra los líderes de redes de empresas fantasma y, especialmente, logren sentencias condenatorias por lavado de dinero.
El desmantelamiento de “El Caballito”
Las autoridades federales desarticularon la organización conocida como “El Caballito”, integrada por al menos 15 empresas y una asociación civil, presuntamente responsables de un esquema de defraudación por alrededor de 12,000 millones de pesos.
En el operativo participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, explicó que la red operaba a través de 15 empresas y una asociación civil con presencia en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Los ocho detenidos permanecen actualmente en un penal de Michoacán, donde enfrentan los procesos judiciales correspondientes.
Fuente. El CEO, publicado el 9 de junio de 2026
