La vocación natural de las empresas fantasmas es el lavado de dinero y la destrucción de la Hacienda pública. En las últimas dos décadas, su crecimiento ha sido exponencial.
La Fiscalía General de la República dio un golpe certero a una red de empresas fantasma identificada como El Caballito, en alusión a la pieza de ajedrez que es el logo de Stratego, el despacho jurídico, fiscal y laboral que, según las autoridades, operaba una trama de evasión fiscal, outsourcing ilegal y lavado de dinero. El efecto expansivo de las actuaciones penales empieza a desplegarse.
La vocación natural de las empresas fantasma, o factureras, es el lavado de dinero y la destrucción de la Hacienda pública. En las últimas dos décadas, su crecimiento ha sido exponencial. Desde hace 50 años, quizá más, estas redes han sido un vehículo para evadir impuestos de manera masiva. El formato es simple, pero efectivo: las factureras emiten comprobantes fiscales por gastos simulados, que sus clientes deducen en el impuesto sobre la renta y acreditan en el impuesto al valor agregado. La evasión fiscal se consuma cuando las empresas fantasma desaparecen. Así de fácil y descarado.
Las acciones de las autoridades fiscales han inhibido el mercado de las factureras entre los contribuyentes. Un ejemplo reciente es el El Caballito, que operaba en seis estados del país, con sede principal en Guadalajara. El desfalco al erario se estima en 12.000 millones de pesos —unos 700 millones de dólares—, que equivale al presupuesto del SAT para 2026.
Los factureros olfatean el dinero. El negocio se volcó a las contrataciones públicas y ahora son el vértice de la corrupción gubernamental, sin pudor y con una alta rentabilidad. El modelo es el mismo: las empresas fantasma simulan operaciones con dependencias oficiales, cuyos pagos se amparan con comprobantes fiscales. La Estafa Maestra, Odebrecht, Segalmex y los desvíos en el sector salud son casos paradigmáticos de la manera en que, con la complicidad de funcionarios, se instrumenta el saqueo de la Hacienda pública. Con asombrosa regularidad, los desfalcos se documentan en reportajes bien sustentados en medios de comunicación.
En no pocas ocasiones, esos recursos se destinan al financiamiento ilegal —fuera de los controles del Instituto Nacional Electoral— de campañas políticas de partidos y candidatos. La Operación Safiro es un ejemplo que se replica indiscriminadamente en las elecciones de nuestro país. El problema es que el combate sigue librándose en la trinchera fiscal, sin que las leyes de obras públicas ni las autoridades persigan la corrupción gubernamental que dichas redes facilitan.
La osadía de los factureros llega a extremos desconcertantes. En una mañanera de septiembre de 2019, el expresidente López Obrador denunció que a él y a su esposa les habían robado la identidad para constituir 26 empresas fantasma. Las investigaciones arrojaron que la inscripción de las sociedades en el Registro Federal de Contribuyentes se había operado un domingo desde las computadoras de dos funcionarios del SAT en Veracruz.
El enemigo está en casa. Otro incidente se dio el pasado 16 de junio, con la detención, también en Veracruz, de un exfuncionario del área de grandes contribuyentes del SAT, acusado de enriquecimiento ilícito por 50 millones de pesos. Mediante el uso de una facturera, se hizo, entre otros bienes, de una casa de lujo en la Ciudad de México.
Las empresas fantasma son multifuncionales. Han incursionado en la subcontratación laboral simulada, la extorsión y el tráfico de armas y personas. Pero en el lavado de dinero se ha revelado su aparición estelar. El huachicol fiscal, una potente trama de contrabando de gasolina, es ahora el modelo más elaborado y con complicidades en los Estados Unidos, que conjunta ese delito con fraude tributario y corrupción política.
En cuanto al blanqueo de capitales, la participación de las factureras es clave, no solo en México, sino también en Estados Unidos y China. Los canales son múltiples y han sido detectados internacionalmente: criptomonedas, importaciones y exportaciones ficticias, obras de arte y joyas, inmuebles, casinos y negocios con alto flujo de efectivo como restaurantes, bares, gasolineras y servicios de transporte. En estos casos, compañías reales se coluden con la delincuencia organizada para lavarles dinero, en un esquema en el que todos ganan.
Estas empresas se han sofisticado para franquear el ojo fiscalizador del SAT. Su único propósito es lavar dinero y han abandonado la evasión fiscal. Su negocio es solamente uno: incorporar al sector formal de la economía el efectivo que, por otros cauces, proviene de maniobras delictivas. Su cancha natural es el sector inmobiliario, en un formato en el que se reportan ventas de casas, departamentos y bodegas inexistentes o a precios exorbitantes, para introducir al sistema financiero grandes cantidades de efectivo —en los umbrales permitidos por la ley antilavado— o transferencias bancarias de factureras cuyo negocio son actividades ilícitas duras, como el narcotráfico.
La complejidad del lavado es enorme, sobre todo en operaciones transfronterizas. En enero de 2025, el tema tomó un giro especial cuando Donald Trump calificó a seis cárteles de México como organizaciones terroristas extranjeras. Para el gobierno norteamericano, dichos cárteles están al nivel de grupos terroristas como Al-Qaeda, ISIS, Hezbolá, Hamás y Boko Haram.
En nuestro país el tema no se ha contextualizado de manera adecuada. Cualquier ayuda que se les brinde a esos cárteles —financiera, logística, tecnológica o de asesoría— se considera apoyo material al terrorismo, con prisión de 20 años o cadena perpetua. En esa situación se encuentran los diez exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de asociación delictuosa con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada.
No es difícil especular que numerosos factureros han facilitado el lavado de dinero de narcotraficantes. Si prestaron apoyo a esas organizaciones, las contingencias serían severas. Las leyes estadounidenses son extraterritoriales y, de manera imprevista, podrían aplicarse en su contra sin siquiera pasar por el SAT, la UIF o la Fiscalía General de la República. Y tampoco por el escritorio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
