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El SAT ha publicado desde 2014, las llamadas “listas negras” de proveedores de facturas falsas, sin embargo la Corte sólo ha resuelto que los contribuyentes deben constatar que los datos de los proveedores estén impresos en los documentos, pero no los obliga a verificar que estos han cumplido con sus obligaciones, pues no hay manera de hacerlo, por lo que los comprobantes no pierden validez por factores ajenos a los contribuyentes que los reciban, a menos que las autoridades fiscales demuestren su falsedad.
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