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El abogado Luis Pérez de Acha junto con Darío Ramírez, inició un proceso legal para verificar la información que ha dado la esposa del mandatario al intentar explicar el origen de la propiedad –que según un valuador independiente tiene un costo de al menos 7 millones de dólares–, con el argumento de que es de interés general conocer la verdad.
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