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La percepción ciudadana es que la función pública tiene un sentido patrimonial. El mejor ‘negocio’ es ser gobernante. Los servidores públicos dejan de ser tales para convertirse en facilitadores de riqueza para el grupo al que pertenecen. Ante este fenómeno: ¿tenemos que resignarnos a que las cosas cambien solas? ¿Contamos con alguna vía legal para inconformarnos?
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