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La primera sala de la corte concedió ayer el amparo por unanimidad y sin debate público alguno. El caso es inédito porque, por primera vez, la Corte reconoció que las asociaciones civiles tienen interés legítimo para reclamar, por medio del juicio de amparo, los actos u omisiones de autoridades relacionadas con su objeto social, aún cuando dichos actos no les afecten directamente.
El proyecto presentado a finales de febrero por el Ministro Jorge Pardo Rebolledo proponía amparar para el efecto de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) finque responsabilidad resarcitoria y/o presente denuncias penales o administrativas contra funcionarios responsables de los desvíos de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en 2009 y 2010.
También para que, en caso de no fincar dichas responsabilidades o denuncias, la ASF explique de manera fundada y motivada las razones de su negativa. Algunos ministros pidieron en la sesión del 25 de febrero ajustar estos efectos, por lo que en el curso de la tarde se conocerá con detalle la sentencia final.
En 2010, la Auditoría Superior de la Federación determinó que 3 mil 149 millones de pesos del FAEB fueron destinados por los estados al pago de maestros comisionados en el SNTE, mientras que mil 928 millones de pesos fueron desviados en 2009.
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