Lo que en mi concepto agrava en mayor medida la corrupción en el SAT es la baja protección que los tribunales federales profesan a los derechos humanos de los contribuyentes.
La corrupción en el SAT es una realidad de la que participan tanto contribuyentes como autoridades. Los primeros buscan pagar menos impuestos y se auxilian, de forma ilícita, de los conocimientos y la experiencia de los funcionarios. Este tipo de corrupción se explica en el amplio contexto de un problema que está enraizado en México, en todos los niveles y áreas de gobierno.
Sin embargo, lo peculiar de la corrupción en el SAT radica en la alta sensibilidad que representan los impuestos: el dinero aviva la codicia de los involucrados. A esto se suma la exageración de los créditos fiscales que el SAT quiere cobrar, la rudeza excesiva por parte de éste y la escasa protección de los derechos humanos cuando los asuntos llegan a los tribunales federales.
Ante esta realidad qué mejor, entonces, que sean las propias autoridades quienes ayuden a los contribuyentes a alcanzar el propósito de reducir o eliminar el pago de impuestos, a cambio de la correspondiente retribución económica, por supuesto. Veamos por qué.
En primer lugar, el dinero es el objeto de la relación entre el fisco y los contribuyentes. Lo que el SAT cobra son impuestos; los contribuyentes se resisten a pagarlos. Esta es condición humana. Por lo tanto, si se quiere eludir su pago y hacerlo con razonables márgenes de seguridad, la mejor opción es contar con la complicidad de los funcionarios.
La segunda causa de corrupción es la desmesura y sinrazón de los créditos fiscales que se pretenden cobrar. Como esta situación resulta inaceptable, una de las alternativas es llegar a acuerdos ilegales con autoridades del SAT. Uno de esos mecanismos son, por ejemplo, las vacunas fiscales, de probada efectividad para eliminar toda clase de contingencias legales, incluso penales.
La arbitrariedad y abuso de poder de los funcionarios es otra de las razones de la corrupción fiscal. Frente a la violación de derechos humanos, los ciudadanos buscan ‘suavizar’ los golpes del fisco. Como muchas cosas en la vida, el dinero lo logra con relativa facilidad.
Sin embargo, lo que en mi concepto agrava en mayor medida la corrupción en el SAT es la baja protección que los tribunales federales profesan a los derechos humanos de los contribuyentes. En la actualidad, por ejemplo, es difícil que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de leyes tributarias; y cada vez se complica más que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa anule los créditos fiscales. Este tema es complejo y lo abordaré en un posterior artículo. Por el momento, baste señalar que ante esta circunstancia los contribuyentes buscan formas alternas de salir airosos de los problemas con el fisco federal. Algunas de esas vías son el tráfico de influencias y las ‘mordidas’ a los funcionario del SAT.
Todo lo anterior resulta en una paradoja: es como si las propias autoridades fomentaran la corrupción. En la medida en que el SAT ha ejercido presión sobre los contribuyentes, estos han encontrado una válvula de escape a través de la corrupción fiscal. No en balde lo dice el refrán popular: “presa que no tiene salida, tiene resumidero”.