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El altercado entre diputados, senadores y partidos sobre el ‘pase automático’ es incomprensible por extemporáneo. Debieron oponerse en el 2014, ahora es tarde. Lo único que resta es que nos expliquen, de manera aceptable, la razón de aquella votación.
Para evitar el ‘pase automático’ del titular de la PGR como Fiscal General, varios actores y grupos sociales proponen una reforma a la Constitución Federal. Dado el entorno político-electoral, ¿es ello viable? Todo indica que no. ¿Existen otras alternativas legales? Sí, sin duda, en la medida que los partidos las ejerzan.
Empecemos por revisar los requisitos constitucionales para ser Fiscal General: mexicano por nacimiento con al menos 35 años de edad, con título de abogado con antigüedad mínima de 10 años y no haber sido condenado por delitos dolosos. Al respecto nada cabe comentar, pues basta que los mismos se satisfagan.
Sin embargo, un distinto requisito es que dicho funcionario goce de buena reputación. Este ha sido uno de los ejes de la petición de eliminar el ‘pase automático’. Se alega que el procurador general no satisface ese perfil y carece de la independencia que exige el nuevo puesto. Sin duda, la credibilidad social es fundamental.
La entrada en vigor de la Fiscalía General se condicionó a que el Congreso de la Unión hiciera una “declaratoria expresa” para tales efectos. Cuando esto suceda, la propia reforma dispuso que quien sea titular de la PGR se convertirá en Fiscal General. Por ello, sin esa declaración el ‘pase automático’ no se consumará. Aquí radican los desencuentros políticos y sociales.
Sin embargo, para eliminar el ‘pase automático’ se requiere de una modificación constitucional. El punto es que para aprobarla se necesita de la votación de dos terceras partes de los Diputados y Senadores, y al menos 17 de los 32 congresos estatales. Por lo tanto, en las condiciones actuales, tenemos que descartarla.
Justamente, cuando en 2014 se creó la Fiscalía General, esa votación calificada se alcanzó con creces. La información obtenida en los portales oficiales del Congreso de la Unión, así lo ratifica:
Cámara de Senadores [son los mismos de ahora]:
PRI: 50 votos a favor.
PAN: 32 votos a favor, una abstención y uno en contra.
PRD: 13 votos a favor y cinco en contra.
PVEM: Cuatro votos a favor.
PT: Cinco votos en contra y una abstención.
Cámara de Diputados:
PRI: 209 votos a favor.
PAN: 110 votos a favor.
PRD: 53 votos a favor, 40 en contra y tres abstenciones.
PVEM: 28 votos a favor.
PT: 13 votos en contra.
PNA: 9 votos a favor.
MC: 16 votos en contra.
Por ello, el altercado entre diputados, senadores y partidos sobre el ‘pase automático’ es incomprensible por extemporáneo. Es injustificado que lo hagan casi cuatro años después de que aprobaron la reforma de 2014. Fue entonces cuando tuvieron que oponerse. Ahora es tarde. Lo único que resta es que nos expliquen, de manera aceptable, la razón de aquella votación.
El problema es que reformar la Constitución Federal no sólo implica deshacer el acuerdo político asumido en 2014, sino también requiere de la votación calificada de dos terceras partes de Senadores y Diputados, así como de la mayoría de los congresos locales. Dada la hostilidad en el Congreso de la Unión y entre los partidos políticos -aderezadas por los aspirantes panistas a la presidencia-, lograrlo es francamente inviable.
Una alternativa para evitar la consumación del ‘pase automático’ sería que las Cámaras de Diputados y Senadores se abstuvieran de aprobar la “declaratoria expresa” de entrada en vigor de la Fiscalía General. De no ser así, por disposición constitucional el titular de la PGR pasaría a ser Fiscal General. Por eso la lucha de los actores y grupos sociales para alcanzar la reforma.
Nada impide especular que el acuerdo entre PRI-PVEM y otros partidos incluye los nombramientos del fiscal anticorrupción, de los magistrados anticorrupción, del auditor superior de la federación y eventualmente hasta de dos nuevos ministros de la Suprema Corte en 2018. Todo en un mismo paquete que articula un modelo perfecto de blindaje transexenal y hasta represión ciudadana.
Si no se eliminara el ‘pase automático’ ni se emitiera la “declaratoria expresa” del Congreso, se presentaría un escenario complejo: tendríamos que esperar los resultados electorales del 1º de julio de 2018, no sólo para conocer quién sería el presidente de la República -de quien dependería el nombramiento del titular de la PGR-, sino también quiénes conformarían el Congreso de la Unión y los poderes legislativos estatales.
La problemática actual deriva de la negociación partidista que culminó con la reforma de 2014. Las explicaciones esquivas que recibimos son insuficientes, hasta agraviantes. La percepción ciudadana es que la intención del establishmentpolítico y gubernamental es construir un esquema legal y operativo que garantice su impunidad por 10 o 15 años, al menos. Pensarlo, siquiera, nos resulta aberrante.
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