La propuesta de Claudia Sheinbaum de no aumentar los impuestos es razonable y entendible, pero el problema del déficit fiscal —egresos mayores que los ingresos— es apremiante.
En un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que en su sexenio no habrá una reforma fiscal y garantizó que los recursos necesarios se obtendrán del fortalecimiento de las operaciones en las aduanas de México y de una mejor digitalización al interior del Servicio de Administración Tributaria [SAT], esto es, de la optimización de las bases de datos de los contribuyentes.
El compromiso de no realizar una reforma fiscal es una extensión de un eje del gobierno de López Obrador y de la oferta electoral de Morena en materia de finanzas públicas. La propuesta de no aumentar los impuestos es razonable y entendible, puesto que las tasas y tarifas del Impuesto sobre la Renta [ISR] y del Impuesto al Valor Agregado [IVA] están en la media internacional. Y lo más importante: para efectos políticos y sociales sería incendiario pensar siquiera en subir un punto porcentual a cualquiera de esos impuestos.
Sin embargo, el problema del déficit fiscal —egresos mayores que los ingresos— es apremiante. Para 2024, la previsión inicial fue que dicho déficit sería de 1.7 billones de pesos, aunque se perfila que alcance los 2 billones, equivalente al 5.9 % del producto interno bruto [PIB]. Esto se traduce en que, ante la escasez de flujo de efectivo, el gobierno tendrá que endeudarse todavía más y llegar, a finales de este año, a un total de 17 billones de pesos.
De ahí que sea imperiosa la reducción del déficit fiscal en 2025 al 3 % del PIB, que en números representa entre 750 y 950 mil millones —una cantidad descomunal—. Para lograrlo, la próxima administración tendrá que realizar un esfuerzo significativo para engrosar la recaudación y disminuir el gasto público.
Los ahorros futuros en el Tren Maya y la refinería Dos Bocas continuarán con algún tipo de gasto inercial. Sin embargo, ante la presión del gasto público en materia de pensiones, intereses sobre la deuda pública, transferencias federales a estados y municipios, nómina de los trabajadores burócratas y el hoyo negro de Pemex, la única alternativa para reflotar las finanzas públicas será el incremento exponencial y sostenido de los ingresos tributarios.
La doctora Sheinbaum ha descartado el aumento de impuestos. Hacerlo implicaría un desgaste político y social altisonante. Además, la recaudación sería irrelevante. Por ejemplo: elevar el IVA del 16 % al 17 % —que sería un escándalo—, apenas aportaría 85 mil millones de pesos, y subirlo del 30 % al 31 % en el ISR de las personas morales, solo 60 mil millones.
Un efecto igual de pernicioso se lograría si a rajatabla se eliminaran las llamadas «renuncias fiscales»: deducciones y exenciones concedidas por las leyes por razones de política económica o social. Es el caso, por ejemplo, de la exención del IVA en la venta de casa habitación y la deducción en el ISR de gastos médicos y hospitalarios. Estas propuestas desentonarían con la esencia ideológica de Morena y la presidenta electa.
Las vías se reducen a impulsar una mayor eficacia en las labores de fiscalización del SAT y aumentar la percepción de riesgo en los contribuyentes. El combate a la evasión fiscal y su delito asociado, el lavado de dinero, deberán quedar como eje que potencie la recaudación. De ahí que el fortalecimiento de las operaciones aduaneras y una mejor digitalización de las bases de datos resulten indispensables.
No obstante, el reto del gobierno entrante para incrementar de manera efectiva los ingresos tributarios tendrá que apalancarse con la optimización operativa del SAT, así como la modificación a diversas leyes para adecuarlas a la realidad empresarial y económica de México y a las tendencias internacionales para combatir el fraude fiscal. En la legislación vigente existen disposiciones disfuncionales y vetustas como las «máquinas registradoras de comprobación fiscal», al igual que rezagos en los tramos de las tarifas del ISR —que perjudican a los trabajadores— por efectos de la inflación y de los aumentos al salario mínimo.
Ante la falta de liquidez que se avecina —real en la actualidad— los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen que adecuarse a la situación crítica de la hacienda pública y comprometerse en su rehabilitación.
El desafío de las finanzas para 2025 es azaroso. En la evasión fiscal están alojados millones de millones de pesos. Su combate tiene que asumirse como una decisión de Estado.
