Todo indica que en fecha próxima -y pronto- el presidente Trump designará a cinco carteles de las drogas de México como organizaciones terroristas extranjeras, o FTO por las siglas en inglés de foreign terrorist organizations.
Tres de ellos son grupos grandes y conocidos: Cartel Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación y Familia Michoacana. Otros dos son pequeños, pero prestan servicios logísticos importantes a los anteriores: Cartel del Noreste y Carteles Unidos.
Esa designación tendrá como efecto i) controles más estrictos en el sistema financiero internacional; ii) ampliación en el aseguramiento de activos de los carteles y de cualquier persona que colabore con ellos; y, iii) medidas más restrictivas en la frontera entre ambos países.
Una consecuencia legal relevante es que las personas que colaboren con FTO podrán ser perseguidas y sancionadas penalmente por el gobierno norteamericano. Ese sería el caso, por ejemplo de abogados y contadores —ingenieros o arquitectos— que les presten servicios profesionales de cualquier tipo, incluso si son lícitos. Peor todavía si los auxilian en operaciones de lavado de dinero, que de suyo es una actividad delictiva.
Otro ejemplo de colaboración con los carteles, que ameritan prisión conforme a las leyes de EE. UU., es el pago de extorsiones que realizan los carteles, como el llamado “derecho de piso”.
Los periodistas también pueden calificarse como colaboradores, cuando, por ejemplo, realicen entrevistas a integrantes de los carteles.
Un ejemplo más es la venta de armas a FTO. En este caso, lo interesante sería ver cómo actuaría el gobierno de Trump en contra de las empresas de EE.UU. que proveen de armamento a los carteles mexicanos.
Sin embargo, la consecuencia más importante es que, con base en una interpretación amplia y holgada de las leyes emitidas con motivo de los actos terroristas de 2001, el gobierno de Trump puede ordenar incursiones armadas del ejército norteamericano en el territorio de México.
Conforme a lo anterior EE. UU. podría justificar operaciones militares directas contra esos carteles, como lo ha hecho contra grupos terroristas de Medio Oriente, ya sea mediante ataques con drones, incursiones especiales o sanciones militares. En EE.UU. se congelarían activos de los cárteles o de cualquier persona o empresa que colabore con esos FTO. Aumentaría la presión sobre México para aceptar una mayor intervención de la DEA y FBI en nuestro territorio.
Esta semana, el presidente Trump nombró a Terrance ‘Terry’ Cole como director de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, quien durante algunos años fungió como jefe regional de esa agencia para México, Centroamérica y Canadá.
‘Terry’ Cole es de línea dura. En una entrevista a finales del año pasado afirmó: «Estamos viendo a México convertirse en un campo de entrenamiento para el terror»; y culpa a la política de fronteras abiertas de nuestro país de la expansión de los carteles. El enfado es innegable.
El nuevo director de la DEA está a favor de la intervención de las fuerzas armadas de EE. UU. para frenar el flujo de drogas desde México: «Tenemos serias preocupaciones de seguridad nacional en nuestra frontera sur». Las señales son inequívocas.En una entrevista en 2020, cuando todavía estaba en México, ‘Terry’ Cole aseguró: «Los carteles trabajan codo a codo con funcionarios mexicanos corruptos del más alto nivel». Duro y contundente.
