Obama vs. Sheriff Arpaio de Arizona

El día 10 de mayo del presente año, el Departamento de Justicia de los EUA demanda por la vía civil, ante un juez federal en Arizona, al Sheriff Joseph Arpaio del Condado de Maricopa, colindante con la ciudad de Phoenix, en relación con tres conductas ilegales:

1) Prácticas discriminatorias y uso inconstitucional de la fuerza pública en contra de los latinos en Maricopa;

2) Prácticas penitenciarias discriminatorias en contra de prisioneros latinos con limitados conocimientos del inglés; y

3) Acciones (denuncias penales) en represalia a las críticas de abogados, jueces y particulares en contra de las actividades del Sheriff y de su oficina.

Dentro de los hechos señalados en la demanda se encuentran los actos inconstitucionales e ilegales, que a continuación se sintetizan:

•Persecuciones de latinos por su raza, color, o nacionalidad, deteniéndolos ya sea pretextando retenes de rutina en las vías de tránsito, durante la práctica de actividades encubiertas presuntamente legales para hacer cumplir las leyes migratorias, y durante  operaciones supuestamente dirigidas a la persecución de la delincuencia;

•Detenciones de choferes y pasajeros latinos, por su raza, color, o nacionalidad, para determinar su estatus  migratorio, sin que exista motivo legal para tal detención;

•Cateos y búsquedas de personas, en que se capturan a latinos por su raza, color, o nacionalidad, durante allanamientos de domicilios en que se sospecha de la estancia de personas indocumentadas; y

•Persecuciones y detenciones de trabajadores latinos por su raza, color, o nacionalidad, durante cateos sorpresivos en centros de trabajo.

En relación la cárcel ad hoc que el Sheriff ha establecido en el Condado, llamada “Tent City”, se encuentran documentadas arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, como hacer que los presos vistan ropa interior color rosa y traje a rayas, sean sometidos a condiciones extremas, se haga uso excesivo de la fuerza para someterlos y se ignoren sus denuncias sobre abusos sexuales y trabajo forzado en la cárcel, etc.

Arpaio, como Sheriff del Condado de Maricopa, es responsable de los actos ejercidos por él en lo individual y por su oficina, tanto en lo que hace a su política como en la operación penitenciaria. Asimismo, Arpaio ha firmado contratos que lo obligan acatar las leyes federales en materia de uso de la fuerza pública y prácticas carcelarias, lo cual se ha negado a cumplir.

El Condado de Maricopa, también acusado en la denuncia penal, es una  subdivisión política del Estado de Arizona y es responsable de la creación de la oficina del Sheriff. Los programas y actividades del Condado reciben financiamiento con recursos federales, incluyendo de parte del Departamento de Justicia. Como beneficiario de fondos federales, el Condado es responsable de asegurar –y existen obligaciones contractuales en que así se conviene– que los programas o actividades a los que se dirigen tales fondos, incluyendo los programas administrados por la oficina del Sheriff, cumplan con las leyes federales.

La denuncia pretende hacer cumplir la Primera, Cuarta y Décima Cuarta Enmiendas de la Constitución de los EU; el Acta Sobre Control del Crimen y Uso de la Fuerza, de 1994; el Acta de Derechos Civiles de 1964 (Título VI); la regulación emitida por el Departamento de Justicia de los EU, y como la normatividad contractual en la materia.