En días pasados, el Fiscal General Adjunto del Gobierno de EE. UU. emitió un Memorándum para definir las directrices para la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Bajo los nuevos lineamientos, los fiscales deberán enfocar sus investigaciones en conductas relacionadas con cárteles de las drogas y organizaciones criminales transnacionales (TCOs).

Antecedentes

El Presidente Trump pausó la aplicación de la FCPA en una orden del 10 de febrero, ante la inquietud de que esta ley se ha estado aplicando en perjuicio de los intereses de EE. UU. Dicha ley sanciona por corrupción a ciudadanos y empresas estadounidenses por prácticas comerciales habituales en otras naciones, dañando la competitividad económica.

Dicha orden presidencial determinó que durante 180 días el Departamento de Justicia debía suspender el inicio de nuevas investigaciones o acciones de cumplimiento de la FCPA, revisar las investigaciones existentes para redefinir sus límites y emitir nuevas directrices para su aplicación.

Protección a empresas estadounidenses

El Memorándum del Fiscal General Adjunto establece nuevas directrices para las investigaciones de corrupción conforme a la FCPA, con el propósito de reducir la carga de las empresas estadounidenses que operan en el extranjero y proteger su competitividad, enfocándose en conductas que, bajo el nuevo gobierno, se consideran que menoscaban los intereses de EE. UU.

Esto incluye priorizar investigaciones por sobornos que hayan perjudicado a empresas estadounidenses que cumplen la ley o se hayan visto afectadas de una competencia justa con empresas extranjeras. Al combatir los sobornos que distorsionan los mercados, el Departamento de Justicia busca nivelar el campo de juego para las empresas de EE. UU. que operan en otros países.

El Memorándum subraya que las investigaciones no deben sancionar las “prácticas comerciales rutinarias” o “cortesías de bajo valor”, ya que la FCPA contempla excepciones para pagos de facilitación y defensas para gastos razonables y de buena fe.

Una nueva política anticorrupción

Bajo las nuevas directrices, los fiscales del Departamento de Justicia deberán enfocar sus investigaciones en conductas graves y con indicios fuertes de corrupción. Esto incluye pagos sustanciales de sobornos a funcionarios extranjeros, esfuerzos probados y sofisticados para ocultar dichos pagos, conductas fraudulentas para promover el esquema de soborno y esfuerzos para obstruir la justicia.

Un factor primordial para los fiscales es determinar si la conducta alegada está vinculada a operaciones delictivas de cárteles de las drogas o TCOs, si involucra el uso de lavadores de dinero o empresas fantasma —fachada o factureras— que blanquean capitales o si se relaciona con funcionarios extranjeros sobornados por dichas organizaciones, consideradas como una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.

Nuevas investigaciones y siguientes pasos

El Departamento de Justicia debe realizar sus investigaciones con la mayor celeridad posible y toda nueva investigación o acción bajo la FCPA requerirá la autorización del Fiscal General Adjunto o de un funcionario de mayor rango. También se valorará si una autoridad extranjera está dispuesta o no a investigar y procesar los delitos, para definir a qué casos se dará prioridad.

El Departamento de Justicia deberá revisar todas las investigaciones iniciadas en el pasado, para determinar si se ajustan a las nuevas directrices. Es importante recalcar que el Memorándum es un documento interno y no genera derechos legales, por lo que las autoridades norteamericanas conservan la facultad discrecional para continuar o finalizar dichas investigaciones.

En la práctica, estas directrices implican una probable disminución de ciertos tipos de casos de FCPA, así como el inicio de nuevas investigaciones, lo que representa una reorientación del enfoque de EE. UU. en la lucha anticorrupción internacional, priorizando el combate del crimen organizado transnacional.