La presentación de la reforma fiscal para 2014 abrió un amplio debate en distintos foros de nuestro país sobre sus bondades y desventajas, y seguirá dando mucho de qué hablar en las semanas subsecuentes. La propuesta es mayor, en tanto que implica modificaciones constitucionales y a diversas leyes fiscales, la derogación de algunas de ellas y la expedición de una nueva Ley del ISR.
En las mismas fechas, sin embargo, el G-20 reunido en San Petersburgo acordó medidas de importante calado en relación con los ‘paraísos fiscales’, tema sobre el que, de la mano con la OCDE y con el protagonismo de los EUA, distintos gobiernos han aplicado esfuerzos importantes en su decisión de combatir el terrorismo, el lavado de dinero y el fraude fiscal. Hace apenas dos años, los resultados parecían inciertos; hoy, en retrospectiva, los avances han sido constantes y, al menos en su diseño, efectivos, aunque algunos de ellos se han implementado operativamente con éxito. Una herramienta legal fundamental ha sido la reforma al Convenio de la OCE sobre asistencia mutua en materia impositiva.
Son 56 gobiernos, incluidos los del G-20 (México, entre ellos), los que se han involucrado en esa dinámica, sobre tres principios y acciones estructurales:
a) Que las Haciendas de los distintos países presten un ‘intercambio automático’ de información. Hasta 2011 la norma era proporcionarla a petición expresa, como consecuencia de un procedimiento administrativo o de una acción judicial contra el presunto evasor. La intención, como se aprecia fácilmente, es aniquilar sistemas obsoletos y fangosos que impiden franquear con éxito las barreras protectoras de los países con secreto bancario.
b) Que se lance una ofensiva contra la ingeniería fiscal de las multinacionales que de manera creciente trasladan sus beneficios a las jurisdicciones con gravámenes menores o nulos. El principio es que los beneficios ‘sean sujetados al fisco donde se realizan las actividades generadoras de beneficios y donde se crea valor’. Para ello, el G-20 ha adoptado 15 medidas del plan de acción elaborado por la OCDE, a materializarse a finales del 2015, entre las que destacan la fiscalización de las empresas digitales; la limitación de las deducciones a la hora de establecer los precios de transferencia entre filiales; y la detección del uso fraudulento del movimiento de valores intangibles entre países. El reto de sacar adelante esta propuesta es nada sencillo, dado que la capacidad creativa de los especialistas fiscales siempre llevará la delantera.
c) Que se cree una red de ‘Inspectores de Hacienda sin Fronteras’, cuyo propósito sea ‘transferir conocimientos de auditoría’ a las Haciendas de los países en vías de desarrollo, mediante el trabajo conjunto de inspectores visitantes con locales. Esta iniciativa está en ciernes, por lo que falta tiempo para ver su evolución.
El nuevo panorama que se presenta a nivel global anticipa los efectos en México. Las bases de datos del sistema financiero y de las Haciendas de otros países pronto estarán disponibles ‘en línea’ para el SAT, quien podrá utilizarlas inmediatamente a través del nuevo mecanismo de fiscalización que se propone en la reforma al Código Fiscal de la Federación: las ‘Revisiones Fiscales Electrónicas’, las cuales explico en mi blog: http://wp.me/p2Eg50-pW.