Deuda Pública: Regulación Constitucional [El Semanario]

enero 22, 2015 luis

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De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015 la deuda pública de México habrá aumentado dos billones de pesos. Esta cantidad equivale el 40 por ciento de los ingresos totales del gobierno federal, incluyendo los petroleros. La siguiente gráfica refleja el incremento del endeudamiento:

graficadeuda

Se suele decir que la deuda pública de México representa el 50 por ciento del PIB nacional, un rango aceptable conforme a estándares internacionales. Sin embargo, si a ese endeudamiento se le suman pensiones -un agujero negro en las finanzas públicas- y otros requerimientos financieros del sector público federal, como IPAB y Pidiregas, el monto total de los pasivos equivalen a poco más del 150 por ciento del PIB nacional, como lo sostienen expertos en la materia. Y esto sin considerar las pensiones y la deuda pública de estados y municipios.

La deuda pública per se no es nociva para las finanzas de un país. El problema se presenta cuando el dinero se despilfarra, da pauta a la corrupción o no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Federal. El principal de estos requisitos es: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”.

Este texto fue propuesto por el presidente Miguel Alemán en el año de 1946. Las razones que lo sustentaron fueron, en síntesis, las siguientes:

-Conviene que el Estado se imponga un límite saludable en la contratación de deuda pública, para evitar “que sobre las generaciones futuras se haga caer un peso no compensado con un aumento correlativo de riqueza”.

-Lo anterior no significa que el Estado deba abandonar la realización de obras útiles y a veces indispensable para la comunidad, pero “no con recursos obtenidos mediante crédito, sino con los derivados de los impuestos“.

-Las obras cuya ejecución genera un incremento directo en los ingresos públicos, son caminos, riego, ferrocarriles, electricidad, puertos libres, etcétera.

-“Varios de los empréstitos contratados durante el siglo pasado no tendían sino a cubrir deficiencias presupuestales y eso explica muchas de las dificultades que de ellos derivaron para el país.”

De acuerdo con lo anterior, la deuda pública no puede aplicarse a partidas distintas a obra pública, así como tampoco a obra pública que no genere ingresos de manera directa. De ahí que los empréstitos del gobierno federal no puedan destinarse a gasto corriente -nómina de trabajadores burócratas y gastos de operación, por ejemplo-, mucho menos al pago de intereses devengados sobre la misma deuda. Tampoco puede utilizarse para remozamiento urbano, dado que este tipo de obras no producen ingreso alguno.

En diversos momentos, la Auditoría Superior de la Federación ha apuntado que la deuda pública de nuestro país no se ajusta a lo dispuesto por la Constitución Federal. Veamos tres de sus reportes anuales:

-“En 2010, el gobierno federal obtuvo un endeudamiento neto por 253,965 millones de pesos, de los cuales el 85.1% se utilizó para pagar el servicio de la deuda equivalente a 216,270.7 millones de pesos, lo que significa que los recursos que se obtienen de la deuda, se aplican al pago de los intereses y no para el pago del capital, lo que conlleva a que la deuda continúe aumentando”. (Informe de Resultados de 2010).

-“Los recursos que se obtienen del endeudamiento neto para cubrir el déficit presupuestario del Gobierno Federal se utilizan en su mayoría para pagar el costo financiero de la deuda, lo que origina que no se destinen para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos, ni contribuyan a desarrollo económico y social del país.” (Informe de Resultados de 2011).

-“Las finanzas públicas presentan riesgos de sostenibilidad a largo plazo. Entre los problemas estructurales no resueltos destacan el bajo nivel de recaudación aunado a gastos fiscales excesivos; la tendencia inercial y creciente del gasto público, con poco énfasis en su calidad y en la inversión, y el aumento en el saldo de la deuda pública para financiar el déficit presupuestario.” (Informe de Resultados de 2012).

En términos simples, el problema se reduce a que ‘con nuestra tarjeta de crédito estamos sacando dinero del cajero automático, para pagar los intereses devengados sobre adeudos de la propia tarjeta’. Vivimos de prestado. Para efectos constitucionales la deuda pública de México es irregular.