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En mayo de 2010 solicité al Consejo Estatal Electoral el registro como candidato independiente al gobernador de Sinaloa, para las elecciones de ese año. Al negarme el registro, promoví un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante el Tribunal Federal Electoral. Fue el primer juicio de este tipo promovido ante dicho tribunal. Mi objetivo era explorar la amplitud del derecho político de los ciudadanos a ser votados a puestos de elección popular.
En 2007, la Constitución Federal se reformó para establecer la posibilidad de que los ciudadanos que aspiren a postularse como candidatos independientes, puedan impugnar ante el Tribunal Federal Electoral las resoluciones del Instituto Federal Electoral (INE).
La reforma abrió el acceso a la impartición de justicia en esta materia, una posibilidad meramente procesal. Quedaba aun pendiente que el INE y el Tribunal Federal Electoral reconocieran el derecho constitucional de los ciudadanos a competir en los procesos electorales como candidatos independientes.
En mayo de 2010 solicité al Consejo Estatal Electoral el registro como candidato independiente al gobernador de Sinaloa, para las elecciones de ese año. La justificación fue que soy ciudadano sinaloense por nacimiento.
Conforme era de esperarse, el registro me fue denegado. Promoví un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante el Tribunal Federal Electoral en contra de esta resolución.
Fue el primer juicio de este tipo promovido ante el Tribunal Federal Electoral. Mis expectativas de salir triunfante eran prácticamente nulas. Pero mi intención no era que en esa instancia se ordenara el otorgamiento del registro como candidato independiente a la gubernatura de Sinaloa, sino explorar y desentrañar la amplitud -no la restricción- del derecho político de los ciudadanos a ser votados a puestos de elección popular.
La sentencia del Tribunal Federal Electoral me fue desfavorable. En lo estructural, los argumentos fueron que los derechos políticos de los ciudadanos no son absolutos, por que pueden restringirse por razones de interés general. Sin embargo, la experiencia procesal en el juicio permitió sensibilizarme de los criterios de los magistrados electorales y diseñar la estrategia legal en un caso también emblemático en México: la candidatura independiente de Manuel Clouthier a la presidencia de la República, en el año de 2012, el cual explicaré en un artículo posterior.
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