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Cd. de México (07 enero 2019).-
Bernardo Batiz, aspirante a Fiscal General de la República, aseguró que el incremento de armas, penas de cárcel, cuarteles o aparatos de represión no permitirá resolver el problema de violencia, inseguridad e impunidad que vive el País.
En un ensayo presentado ante el Senado, el ex Procurador capitalino sostuvo que el Plan de Persecución Penal de la nueva Fiscalía debe tener como piedra angular el respeto y la defensa de los derechos humanos.
En el documento, que será analizado esta semana en la Comisión de Justicia de la Cámara alta, el ex funcionario se pronunció por racionalizar el uso de la fuerza, combatir la violencia que genera la corrupción, los delitos de cuello blanco como el lavado de dinero, y aplicar la extinción de dominio sobre los bienes del crimen.
Batiz consideró que el nuevo modelo acusatorio exige mayor capacitación a quienes integrarán una Fiscalía que deberá recuperar su carácter de institución de buena fe, respetar y proteger los derechos humanos, restituir a las víctimas sus derechos violentados y reparar el daño causado.
“Una Fiscalía debe integrarse con ideas nuevas, aire fresco, que no herede los vicios de la vieja Procuraduría a la que muchas ocasiones se le desvirtuó al emplearla indebidamente como herramienta en las luchas políticas para perseguir enemigos, para justificar presencia y presupuesto o peor aún para proteger amigos y cómplices”, denunció.
En su exposición, Batiz señaló que, como en el pasado, hay quienes en lugar de atajar abusos, mafias y latrocinios, los fomentaron o toleraron.
Nacimiento: 14 de septiembre de 1936.
Profesión: abogado por la UNAM con maestría en derecho por la Universidad Iberoamericana.
Trayectoria política: diputado federal, diputado constituyente de la CDMX.
Cargos públicos: Procurador de Justicia del Distrito Federal.
Alejandro Gertz Manero, uno de los 27 aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República, aseguró que de llegar al cargo actuará con independencia técnica y autonomía para evitar cualquier coacción o interferencia en las funciones de esa institución.
Al presentar su proyecto de trabajo por escrito ante el Senado, el encargado de despacho propuso poner en marcha una estrategia que permita resolver los delitos patrimoniales a través de mecanismos alternativos para que el Ministerio Público pueda concentrarse en los casos de alto impacto, como narcotráfico, homicidios, secuestro y trata de personas.
“Un Plan de Persecución Penal que permita privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias en la mayoría de los delitos de orden patrimonial en materia de robo de tarjetas de crédito y de robo hormiga de fluido eléctrico que significa en más del 60 por ciento de los delitos federales denunciados”, reveló.
“En los delitos de alto impacto como homicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones, narcotráfico y saqueo de los bienes de la nación se debe concentrar el esfuerzo más sólido, efectivo y profesional de los agentes del Ministerio Público con la mayor experiencia”.
El ex Secretario de Seguridad Pública de la CDMX sostuvo además que es necesario contar con un sistema efectivo de rendición de cuentas de cada uno de los casos que se inicien para detectar cualquier retraso, desvío o acto de mala fe que lesione los intereses de las víctimas.
En el ensayo, el aspirante afirmó que el País enfrenta un brutal fenómeno delictivo por la incapacidad profesional, administrativa y política de autoridades civiles que no han estructurado ni ejecutado programas sociales y económicos que atiendan las causas del problema.
Consideró que la falta de profesionalización, eficacia y eficiencia de las autoridades policiacas, ministerio público y jurisdiccionales de todos los niveles ha sido otro factor clave.
Nacimiento: 31 de octubre de 1939.
Profesión: abogado por la Escuela Libre de Derecho con doctorado en derecho por la UNAM.
Trayectoria política: diputado federal.
Cargos públicos: Secretario de Seguridad Pública del DF y federal, y encargado de despacho de PGR.
Luis Pérez de Acha, aspirante a encabezar la Fiscalía General de la República, anunció que de convertirse en Fiscal General investigará los escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos registrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En un documento entregado a la Cámara alta, el integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) adelantó que proyecta investigar los casos de Odebrecht, la Estafa Maestra y el espionaje con Pegasus, así como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Ciudad Juárez.
“Atender de manera inmediata el rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación, en especial casos emblemáticos de corrupción como Odebrecht, la Estafa Maestra y el espionaje con el malware llamado Pegasus, así como los casos de violaciones graves de derechos humanos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Atenco y Ciudad Juárez”, expresó.
Sobre los delitos de delincuencia organizada, se pronunció por abandonar “la sangrienta e ineficaz estrategia de la guerra contra el narcotráfico”, con la finalidad de priorizar una política dirigida al aseguramiento de activos y de la extinción de dominio.
En el ensayo, reconoció que la FGR debe actuar con autonomía, pero sin que ello implique su aislamiento de otras instituciones con las que debe coordinarse, incluido el Gabinete de seguridad que coordina el Presidente.
Detalló que el Plan de Persecución Penal debe contemplar, entre otros puntos, el análisis de la incidencia delictiva, con base en información de instancias especializadas y sociedad civil, así como una estrategia para el combate frontal a la corrupción y el respeto a los derechos humanos.
Profesión: abogado por la Escuela Libre de Derecho y con doctorado en derecho por la UNAM.
Trayectoria: experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo. Socio fundador del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.
Cargos públicos: integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Verónica de Gyves, candidata a encabezar la Fiscalía General de la República, propuso intensificar la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias para hacer frente a delitos relacionados con el tráfico de armas, drogas y terrorismo.
“Preparación suficiente y adecuada para resolver casos que tengan relación con el tráfico de drogas, armas, divisas y terrorismo con otras naciones, especialmente con Estados Unidos de Norteamérica, para lo cual deben intervenir técnica y operativamente en territorio de las agencias extranjeras que formen parte de la investigación y persecución de los delitos”, anotó.
En su ensayo entregado al Senado, la magistrada planteó coordinar las acciones de la Fiscalía con las del Poder Judicial.
“Identificar los principales delitos federales de alto impacto o no conforme a los circuitos que integran el Poder Judicial Federal”, aseveró.
También se pronunció por verificar los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos jurisdiccionales para identificar los errores en las actuaciones de los fiscales, con la finalidad de subsanar, precisar e identificar los criterios perjudiciales.
De Gyves propuso crear fiscalías de circuito, de distrito mixtas y especializadas con recursos humanos materiales y financieros destinados a la investigación y persecución de delitos y de los sujetos activos.
En su proyecto de trabajo, estableció que se podrían trasladar los mejores elementos de la PGR a la nueva Fiscalía, tales como integrantes del Ministerio Público, policías y peritos.
Nacimiento: 28 de febrero de 1961.
Profesión: abogada por la UNAM con maestría por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Trayectoria: jefa de oficina en la Dirección General de Profesiones de la SEP, defensora de oficio y agente del MP.
Cargos: jueza en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
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