El juicio político inicia en el Senado y con él, los problemas para Trump [Expansión]

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Los problemas legales pueden extenderse mucho más allá del procedimiento de destitución, pues incluyen desde sus finanzas hasta las investigaciones pendientes del proceso de Robert Mueller.

El juicio político promovido por los demócratas contra el presidente Donald Trump dará inicio en el Senado este martes al mediodía, con lo que culminarán más de tres meses de investigaciones.

Los cargos contra el presidente por abuso de poder y obstrucción a la justicia ya fueron rechazados por la defensa de Trump, que los calificó como una “afrenta a la constitución” de los Estados Unidos.

De acuerdo con varios analistas, las posibilidades de que el proceso avance en el Senado —dominado por los republicanos— son muy pocas.

La mayoría de los republicanos, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, “se han sometido a Trump”, indicó la doctora Patricia de los Ríos Lozano, académica de la Universidad Iberoamericana en un comunicado.

La doctora en Ciencia Política dijo que si se toma en cuenta la manera como se comportaron los republicanos en la Cámara de Representantes, es poco probable que en el Senado haya algunos senadores republicanos que se preocupen más por el análisis de los hechos que por su adhesión a Donald Trump.

Aunque el presidente pueda salir exonerado del proceso de destitución que inició en septiembre, eso no quiere decir que será el fin de sus problemas legales.

“Donald Trump claramente ha violado las leyes de los Estados Unidos, lo cual es mucho más grave desde el punto de vista legal al haber pedido la intervención de un gobierno extranjero”, señaló la especialista.

El jueves, unas horas antes del inicio formal del proceso en el Senado, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) dijo que la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca “vulneró la ley” al congelar ayuda militar para Ucrania con el fin de presionar a su gobierno.

El auditor no partidista dijo que el gobierno de Trump violó la Ley de Control del Presupuesto, una ley de 1974 que limita al ejecutivo de retener los fondos que el Congreso ya ha asignado.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que elementos como este y las declaraciones de un socio de Rudy Giuliani, defensor de Trump, están fuera del expediente presentado por los demócratas, dijo el abogado Luis Pérez de Acha en entrevista con Expansión.

“Esto es alguno de los temas que se van a ventilar ya en el Senado, porque si recordamos las condiciones que puso Nancy Pelosi para llevar la acusación formal al Senado es que se ofreciera un procedimiento abierto que admitiera nuevas pruebas”, dijo el defensor.

Recordó que el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que está dispuesto a declarar ante el Senado si es citado. Sin embargo, las reglas del procedimiento aún no se definen y el líder republicano Mitch McConnell está buscando que no haya nuevas audiencias.

“McConnel había estado sosteniendo que contaba con los votos suficiente para desechar los cargos contra, pero Nancy Pelosi pidió que se llevará a cabo un proceso abierto. Parece que Nancy Pelosi se salió con la suya esta vez”, señaló.

Aún después de concluidas las investigaciones en el Senado, eso no significará el fin de las pesquisas contra el presidente y su empresa, la Trump Organisation. Se centran en un ámbito en el que Trump ha tratado de evitar el escrutinio desde hace mucho: sus finanzas.

Las investigaciones han estado en curso desde hace casi un año. Trump interpuso demandas en contra de las órdenes de presentación que los tribunales giraron a su despacho contable, Mazars USA, y a los bancos Deutsche Bank y Capital One. Ahora, ambos casos llegarán a la Suprema Corte de Estados Unidos, lo que significa que el ritmo de dichas investigaciones estará sujeto, en gran medida, a la agenda del órgano judicial.

La audiencia de argumentos está programada para marzo y el tribunal emitirá un fallo en junio. Tras bambalinas, los investigadores siguen recabando pruebas y entrevistando a testigos, pero es poco probable que haya decisiones importantes hasta que los ministros decidan si los investigadores pueden revisar los expedientes financieros y fiscales de Trump, lo que pondría el desenlace de las investigaciones en curso de colisión con las elecciones de 2020.

El jurado estatal de acusaciónLa mayor amenaza jurídica para la empresa de Trump podría ser la investigación penal que lleva la fiscalía de distrito de Manhattan. La fiscalía está investigando si el presidente y su empresa violaron leyes estatales con los pagos que hicieron para silenciar a unas mujeres que acusaban que habían tenido un romance con Trump . La investigación tiene como objetivo determinar si se falsificaron los expedientes empresariales que se presentaron ante el gobierno estatal y si se violaron disposiciones fiscales estatales, según personas que conocen de la investigación.

La investigación penal va más allá de dichos pagos, según los fiscales, quienes reservaron varios párrafos de los oficios de las actuaciones, en los que se describe el alcance de la investigación. El viernes, 17 de enero, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, dijo que su oficina le había pedido a la fiscalía que investigara las discrepancias que se revelaron en un artículo de ProPublica sobre la información que la Trump Organization dio sobre sus negocios a las autoridades y a sus acreedores.

Los investigadores han entrevistado a Michael Cohen, ex abogado personal de Trump, y a David Pecker, antiguo confidente de Trump y director del periódico sensacionalista The National EnquirerLa fiscalía le ordenó al despacho contable Mazars que presentara las declaraciones de impuestos personales y empresariales de Trump, quien interpuso una denuncia para evitar que el despacho contable obedeciera.

Los investigadores iniciaron sus pesquisas a mediados del año pasado, luego de que la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York cerrara su investigación sobre los pagos a las mujeres por parte de la Trump Organization.

En 2018, la fiscalía acusó a Cohen de varios delitos, entre ellos violar las leyes electorales federales por facilitar los pagos. Cohen se declaró culpable y está purgando una sentencia de tres años de prisión . Durante varios meses, la fiscalía siguió investigando si la Trump Organization violó la ley al reembolsarle el dinero a Cohen, pero cerró la investigación en julio sin presentar más denuncias.

La fiscalía general de Nueva York

En marzo de 2019, la fiscalía general de Nueva York abrió una investigación civil sobre varios proyectos comerciales que Trump financió. La investigación se abrió luego de que Cohen declarara ante el Congreso que Trump exageró sus bienes.

El Deutsche Bank cumplió la orden de presentación de documentos el mes siguiente y entregó correos electrónicos y papeleo sobre préstamos relacionados con el Trump International Hotel en Washington, D. C.; el Trump National Doral Miami; el Trump International Hotel and Tower en Chicago, y el intento infructuoso de comprar a los Bills de Buffalo, el equipo de futbol americano. No está claro en qué va la investigación.

El Deutsche Bank, que según las divulgaciones financieras de Trump y otros documentos públicos le ha prestado más de 300 millones de dólares a la Trump Organization, es uno de los grandes bancos mundiales dispuestos a hacer negocios con la familia.

El Congreso

Las comisiones de Inteligencia, Servicios Financieros y Vigilancia de la Cámara de Representantes, encabezada por los demócratas, abrió investigaciones sobre Trump y sus finanzas el año pasado, cuando estaba terminando la investigación del fiscal especial, Robert Mueller , sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

“En la investigación de Mueller, Trump no salió exonerado , pero sí se libró a corto plazo del problema. Tenemos que recordar que si el presidente Trump, cuando deje de ser presidente podrá ser sometido a acusaciones penales derivadas de las investigaciones de Robert Mueller”, explicó el abogado Pérez de Acha.

Los legisladores han dicho que su investigación es muy amplia y que están analizando todo: desde los intereses financieros de Trump en relación con gobiernos extranjeros hasta si es necesario endurecer las leyes contra el lavado de dinero o sobre ética en el servicio público federal. Por otra parte, la Comisión de Inteligencia ha estado absorta en la investigación para el juicio político a Trump.

“Lo que yo veo a mediano plazo, es que al terminar la presidencia, Trump va a tener un potencial de juicios penales en su contra. Ahora, me regreso a Robert Mueller , en su investigación se desprendieron 14 expedientes para perseguir a otros implicados. Falta ver cuáles son las secuelas de esas acusaciones”, indicó Pérez de Acha.

Fuente.

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Experto en temas jurídicos, con más de 40 años de experiencia. Es socio director de PDEA Abogados, despacho especializado en derecho fiscal y administrativo en la Ciudad de México.