No se trata, en forma alguna, de la concesión de dádivas ni de subsidios a fondo perdido. Durante la emergencia sanitaria, al Estado le corresponde dar oxígeno con apoyos como los contenidos en las 68 recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial para un Acuerdo por México. Por ejemplo, que las autoridades concedan a las empresas en crisis el diferimiento temporal en el pago de los impuestos.
El Estado no es inversionista ni es su obligación salvar empresas en quiebra, a menos que, de manera estratégica y por razones de política pública —como defender la planta laboral—, convenga invertir en ellas. En la presidencia de AMLO, Pemex es un paradigma de este tipo de rescate.
No se trata, en forma alguna, de la concesión de dádivas ni de subsidios a fondo perdido. Durante la emergencia sanitaria, al Estado le corresponde dar oxígeno con apoyos como los contenidos en las 68 recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial para un Acuerdo por México. Por ejemplo, que las autoridades concedan a las empresas en crisis el diferimiento temporal en el pago de los impuestos.
El Estado no es inversionista ni es su obligación salvar empresas en quiebra, a menos que, de manera estratégica y por razones de política pública —como defender la planta laboral—, convenga invertir en ellas. En la presidencia de AMLO, Pemex es un paradigma de este tipo de rescate.
Cuando las empresas desaparecen, los accionistas no son los únicos perdedores. Los trabajadores pierden sus empleos, salarios, PTU y otras prestaciones laborales. El fisco disminuye la recaudación fiscal y, de manera inevitable, se reduce el margen del gasto público. La financiación de programas sociales también entra en fase crítica. Todos perdemos. El sentido social que la Constitución impone al desarrollo económico procura justamente lo contrario.