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En un giro inesperado durante la actual contingencia, una plataforma del Poder Judicial operará en línea como una alternativa al litigio tradicional de medios físicos y presenciales. Un avance histórico para hacer frente a los cientos de juicios pendientes que podrían ingresar cuando se retomen las actividades ordinarias.
La emergencia sanitaria ha trastocado el sistema de impartición de justicia en México y ha dejado al desnudo su dependencia a elementos físicos, como los expedientes en papel y las actuaciones presenciales. La salud y vida de jueces, personal administrativo, litigantes y justiciables —quienes demandamos justicia— es prioritaria, lo que explica la suspensión de las funciones jurisdiccionales. Una decisión prudente, aunque compleja en términos de política judicial, que se ha complementado con el impulso de la e-Justicia, a través de expedientes digitales, comunicaciones electrónicas y videoconferencias en los juicios, como un reto que ni siquiera Estados Unidos ha asumido por completo.
El ritmo para retomar las actividades lo ha marcado el Poder Judicial de la Federación. En una primera etapa, las labores se interrumpieron del 18 de marzo al 19 de abril, plazo que con posterioridad fue extendido al 30 de junio. Durante ese periodo, se habilitaron guardias en 98 juzgados, 46 tribunales unitarios y 76 tribunales colegiados de todo el país, para atender casos urgentes en materia penal, civil y laboral, así como los juicios que, a criterio de los jueces, deban calificarse así en función de “los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia”[1]
Los juicios ante los tribunales son vías para la solución de conflictos y, por ende, mitigan la violencia social. Los problemas no se encaran a garrotazos. Sin los juzgados abiertos y limitados a casos urgentes, las disputas entre ciudadanos carecen de arreglo institucional. A su vez, ante la falta de pesos y contrapesos que el Poder Judicial ejerce sobre el Ejecutivo federal, los actos del gobierno tienden a la arbitrariedad.
Dada la magnitud de la crisis, la reacción del Poder Judicial ha sido rápida y constructiva. El 8 de junio pasado determinó la implementación de la e-Justicia, de manera escalonada durante los siguientes 12 meses. Se trata de una herramienta opcional para los justiciables, a ejercerse en todos los juicios desde una plataforma específica del Poder Judicial, la cual operará de manera alternativa al litigio tradicional por medios físicos y presenciales. En su conjunto, ambos mecanismos garantizan la efectividad del derecho humano a la impartición de justicia, con independencia de la apertura de los juzgados.
De un cierre casi total de la función jurisdiccional, la e-Justicia ha implicado un giro copernicano en apenas tres meses. Existirán contratiempos, por supuesto, pero el avance es grande, calificado como histórico por Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte. En el largo plazo, con ello se garantizará el acceso permanente a la justicia —llegó para quedarse— y asegurará la función ininterrumpida de los tribunales.
Hasta marzo de este año, la e-Justicia se encontraba en una etapa incipiente de operación. La pandemia aceleró el ritmo, pero se requerirán reformas legales para allanar el camino. Hoy, juzgadores, litigantes y justiciables somos conscientes de la necesidad de potenciar las tecnologías de la información para mantener activa, en cualquier situación, la justicia federal.
El reto inmediato será atender las demandas no urgentes que, en el periodo del 18 de marzo al 16 de junio, quedaron en suspenso. Si consideramos la estadística del año pasado (2019), casi 350 mil juicios pendientes podrían ingresar cuando el Poder Judicial retome sus actividades ordinarias. Los medios electrónicos serán insuficientes para franquear el atasco de expedientes, el colapso de las diligencias judiciales y las limitaciones sanitarias. Necesitaremos importantes dosis de paciencia para afrontar el problema e idear remedios. En tanto se soluciona, el rezago será fuente de inseguridad jurídica entre los gobernados, y entre éstos y el poder público. Lo inédito de la situación imposibilita anticipar con certidumbre qué otros efectos sociales, políticos y económicos ocurrirán.
La impartición de justicia es propia del Estado de derecho. La suspensión de labores del Poder Judicial, insisto, fue una medida indispensable. En el futuro, sin embargo, no se puede detener la función jurisdiccional debido al cierre físico de tribunales. La e-Justicia es un modelo progresivo de protección de derechos humanos y requiere del respaldo de jueces, litigantes y justiciables.
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