El saqueo de las empresas fantasma es creciente y exponencial. Vamos de mal en peor. La realidad se impone. Se quiera o no, su combate tendrá que asumirse como una ‘decisión de Estado’, como sucede con terrorismo y narcotráfico:

1. La manera más fácil y práctica de evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero, son las empresas fantasma. El sangrado que ocasionan a las finanzas públicas es descomunal.
2. El fraude fiscal asciende a cientos de miles de millones de pesos, quizá billones. Mediante operaciones fantasma (inexistentes) y socios también fantasma —prestanombres e identidades falsas o robadas— son un mecanismo muy efectivo para la evasión del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado.
3. Del mismo modo, falseando operaciones con entes y entidades públicas, las empresas fantasma son ideales para desviar recursos de los gobiernos federal, estatales y municipales. La corrupción gubernamental es también de varios billones de pesos.
4. Otra actividad estelar de las empresas fantasma es el lavado de dinero, sobre todo la vinculada con delincuencia organizada: tráfico de drogas y armas, contrabando y trata de personas (prostitución y migrantes).
5. Desde el punto de vista delincuencial, es un “error” no utilizar a las empresas fantasma. Constituirlas y operarlas es nada sofisticado. Los verdaderos dueños (factureros) nunca aparecen y es casi imposible identificarlos.

6. Los entramados que utilizan son difíciles de rastrear para las autoridades mexicanas, sobre todo cuando el dinero se transfiere al extranjero, no se diga en paraísos fiscales (incluyendo los EE UU).

7. Ser facturero da estatus profesional y social —oficinas y casas lujosas, aviones y yates—. Dada la impunidad con que operan, las empresas fantasma son de mínimo riesgo legal. La paradoja es que es mejor negocio ser facturero que narco.

8. El poder económico (ilícito) de los factureros les facilita el acceso a las élites empresariales y a la cúpula política del país. De ese modo, las complicidades terminan blindadas por todos lados.

9. En tiempos electorales, los factureros son destacados financiadores —fuera de registros contables del Instituto Nacional Electoral, por supuesto— de campañas electorales y de candidatos a puestos de elección popular de todos colores y sabores, sin distingo alguno.

10. Los intereses económicos y políticos son prácticamente indestructibles. Las revisiones y listas negras del Servicio de Administración Tributaria son armas insignificantes frente al tsunami de las empresas fantasma. Las autoridades fiscales poco o nada pueden hacer por sí solas. Los resultados así lo evidencian.

11. La reforma penal-fiscal de enero de 2020 fue ineficiente —nadie fue encarcelado— y, además, la Suprema Corte de Justicia declaró su inconstitucionalidad. Esa reforma a nadie asusta en la actualidad.

12. Las empresas fantasma florecen con singular impunidad en las entidades federativas, cuyas finanzas públicas, en su mayoría, están prácticamente en quiebra. Otra paradoja: por esa vía los funcionarios locales se gastan el dinero que no tienen.

13. Las finanzas públicas nacionales están en crisis y ello se debe, en buena medida, a las empresas fantasma. El fracaso es indiscutible. La evasión fiscal, la corrupción gubernamental y el lavado de dinero van a la alza, y el mega proceso electoral de 2024 agudizará el problema.

14. La dimensión del problema exige una ‘decisión de Estado’. El liderazgo del Ejecutivo federal es fundamental, sobre todo para quien ocupe el cargo en octubre de 2024.

15. El trabajo conjunto del poder ejecutivo con el poder legislativo es fundamental, para dotar a las autoridades de herramientas legales de investigación modernas y ‘con dientes’.

16. En sus respectivas competencias y autonomías, es imprescindible el trabajo integral del Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, de la mano con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, en especial la Suprema Corte de Justicia.

17. Precisamente por tratarse de una ‘decisión de Estado’, todas las leyes y actuaciones públicas tienen que respetar los derechos humanos de los contribuyentes y de sus asesores fiscales y penales. La presunción de inocencia y el debido proceso legal deben siempre respetarse.

19. La crisis de las finanzas públicas se agravará aún más con la creciente e impune proliferación de empresas fantasma. Tarde que temprano, su combate frontal será ineludible y tendrá que asegurar su alta efectividad.
20. Por eso la necesidad de que la desarticulación de las empresas fantasma se instrumente como una ‘decisión de Estado’, como sucede en otros países con el terrorismo y el narcotráfico

Así lo explico en este podcast. Para escucharlo da click en la imagen.

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