Los números publicados por la Secretaría de Hacienda para el semestre enero – junio de 2023, revelan que las finanzas públicas están en situación crítica. No están sanas.

El principal indicador en números rojos es un déficit de $420 mil millones.

Los ingresos de Pemex —de por sí en situación negativa extrema— fueron desfavorables en el mismo semestre con $113 mil millones abajo de lo esperado.

La recaudación fiscal se encuentra en situación complicada: el IVA ingresado estuvo $101 millones abajo de lo estimado y el IEPS fue también negativo en $35 mil millones.

El presidente AMLO ha cumplido con la promesa de no aumentar la deuda del sector público, que al 30 de junio ascendió a $ 14 billones de pesos y que se mantiene en el rango del 46% respecto del PIB.

El costo financiero total de la deuda pública en el primer trimestre, compuesto de intereses, comisiones y otros gastos asociados fue de $398 mil millones, equivalente al 65% del IVA recaudado en el mismo periodo.

A esa situación crítica hay que añadir:

— Pensiones federales, estatales y municipales, pulverizadas en diversos sistemas y cuyo monto total es desconocido.

— Deuda pública de estados y municipios, que a finales de 2022 era de casi $ 700 mil millones, pero que es mayor pues los gobiernos encubren el monto real.

— Los adeudos a proveedores de gobiernos federal, estatales y municipales son exorbitantes. El importe total de estos pasivos se desconoce, pues no están reconocidos ni correctamente contabilizados. El caso es que la liquidez en mayoría de los estados y municipios es crítica.

— El Tren Maya y la refinería Dos Bocas, al igual que Pemex y CFE, son un barril sin fondo.

— La corrupción está desbocada. A través de empresas fantasma, las entidades federativas y los municipios se gastan el dinero que no tienen. Gran paradoja.

— La evasión fiscal es rampante y la fiscalización del SAT se queda corta. Carece de recursos humanos, materiales y tecnológicos para perseguir a peces grandes. Falta una estrategia integral —una decisión de Estado— para combatir a los delincuentes.

— El mega proceso electoral en puerta: un presidente, 628 legisladores federales, nueve gobernadores, 31 congresos estatales y un número importante de alcaldías, implica promesas de todos los candidatos que representan mayor gasto público. ¿Cómo y de dónde?, es la pregunta.

El dinero público no alcanza. La cobija es corta. Sin aumento de impuestos ni mayor deuda pública —como AMLO lo ha cumplido—, en 2023 lo único que queda es otro ajuste a la baja del gasto público. El presupuesto de egresos 2024 no pinta nada venturoso.

La reforma fiscal será el gran reto para el nuevo gobierno y para el congreso federal que funcionará en septiembre de 2024. Salud, educación, seguridad pública e infraestructura, entre otros, demandarán un gasto público colosal; más las cargas ya existentes, anteriormente precisadas.

La Dra. Claudia Sheinbaum puso el tema sobre la mesa: de resultar electa, en su gobierno no habría aumento de impuestos. Lanzo el desafío a sus correligionarios y aspirantes de otros partidos. Quizá su apuesta sea el combate efectivo a la evasión fiscal, como decisión de Estado.