La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, ha generado discusión en la relación con los recursos administrados por las AFORES. Buena parte del debate se ha centrado en los riesgos que esta ley podría significar para los ahorros de los trabajadores.

Este texto busca explicar cuál es esa relación, cómo funciona actualmente y qué implicaciones tiene en términos jurídicos y financieros.

Propósito de la nueva ley

La nueva ley no modifica el régimen jurídico de las AFORES, lo que pretende es crear condiciones para que existan más proyectos para invertir los recursos que administran, cuyo monto, de acuerdo con cifras de la Iniciativa, alcanza los $6 billones de pesos, pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos.

El objetivo del gobierno federal con esta ley es lograr un aumento en el número de proyectos que den certidumbre al mercado, para que puedan participar de manera coordinada el sector público y el privado. Este tipo de proyectos ya están permitidos e, incluso, las AFORES ya han invertido en proyectos de infraestructura.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro prevé el uso de los recursos en inversiones que fomenten el “desarrollo de infraestructura estratégica del país”, siempre bajo criterios de seguridad y rentabilidad, y a través de la colocación en valores. [art. 43, inciso d)]. Algunos ejemplos son:

• Transporte: carreteras, puertos, aeropuertos, trenes
• Energía: generación eléctrica, hidrocarburos, energías renovables
• Telecomunicaciones
• Agua y saneamiento
• Proyectos logísticos o industriales de gran escala

El Ejecutivo Federal reconoció en la Iniciativa que la falta de certidumbre jurídica ha frenado la participación de las AFORES. A la fecha, entre el 8 y 9% de los recursos de las AFORES se invierten en este tipo de proyectos, mientras que el límite regulatorio es del 30%, es decir, alrededor de $1.8 billones de pesos.

Proyectos de infraestructura

La selección de proyectos no depende de decisiones discrecionales. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece los principios generales de seguridad y rentabilidad para las inversiones. Así mismo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) establece en qué instrumentos se pueden realizar, los límites de exposición, las reglas de diversificación y los criterios de riesgo.

Con el paso del tiempo, la CONSAR ha ampliado gradualmente el régimen de inversión para las AFORES. Así se observa en la gráfica sobre la regulación entre 1997 y 2016. En un cambio reciente —de octubre de 2024—, se aumentó a 30% el límite para inversión en proyectos nacionales de infraestructura.

FUENTE: Página web de la CONSAR

En consecuencia, no cualquier proyecto de infraestructura es elegible. Para acceder a recursos del sistema de ahorro para el retiro se deben cumplir con condiciones estrictas que garanticen su viabilidad financiera.

Para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, cuatro AFORES invirtieron $13.5 millones de pesos a través del vehículo financiero Fibra E. Con la cancelación del proyecto, en 2019 se realizó una liquidación anticipada del monto invertido, incluyendo intereses y el ajuste inflacionario, lo que dejó a salvo la inversión de los ahorradores a través de las AFORES.

Para el desarrollo de los proyectos de infraestructura del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el gobierno decidió financiarlos casi totalmente con recursos públicos, por lo que las AFORES no tuvieron participación relevante.

Nuevos vehículos de inversión

La ley no autoriza a las AFORE a financiar directamente obras públicas. Por el contrario, las inversiones deben realizarse a través del mercado de valores.

Esto implica que, para que un proyecto de infraestructura pueda recibir recursos de las AFORE, debe cumplir con una condición esencial: convertirse en un activo financiero. En la práctica, esto ocurre mediante la emisión de instrumentos como certificados bursátiles o fideicomisos de inversión, que permiten canalizar recursos hacia proyectos específicos sin que las AFORE participen directamente en su ejecución.

Con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, se crea la figura de “vehículos de propósito específico” (VPE), en los que participarán los sectores público y privado. Se trata de una figura legal que, de acuerdo con la Iniciativa, aporta mayores beneficios que las asociaciones público-privadas (APP). Estos vehículos buscan aislar riesgos, organizar el financiamiento e identificar los flujos, lo cual es indispensable para atraer la inversión institucional. El tema central es que los proyectos sean susceptibles de evaluación financiera y no basados en decisiones políticas.

¿Qué cambia y qué no?

Los elementos esenciales de las inversiones con recursos de las AFORES permanecen intactos: los recursos siguen siendo propiedad de los trabajadores, el principio de seguridad y rentabilidad continúa siendo obligatorio, la regulación de las AFORES no se modifica y estas no pueden ser obligadas a invertir en proyectos específicos.

Lo que sí cambia es el entorno en el que operan los proyectos de infraestructura. La nueva ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar facilita su estructuración, estandariza vehículos financieros y, en general, amplía el universo de proyectos que pueden resultar atractivos para inversionistas institucionales.