En el Diario Oficial de la Federación del pasado 9 de abril, se publicó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum yque busca establecer un marco normativo para regular mecanismos de inversión para proyectos de infraestructura pública estratégica.
Objetivos principales
La ley busca fomentar la inversión mixta, generando mecanismos que permitan la participación conjunta de los sectores público, privado y social en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura estratégica. En este marco, se busca asegurar la rectoría del Estado para mantener la propiedad y el control operativo de la infraestructura en todo momento, superando modelos anteriores.
La ley busca el desarrollo con bienestar, a través de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo nacional, reduzcan la desigualdad social, detonen el crecimiento económico y promuevan el acceso a servicios básicos para la población. Para lograrlo, la ley busca crear certidumbre jurídica y financiera mediante un entorno de transparencia y seguridad jurídica que permita canalizar el ahorro interno, incluyendo de las Afores, hacia proyectos productivos de largo plazo.
La ley se enfoca en sectores prioritarios como el energético, hídrico, carretero, portuario y ferroviario, buscando aprovechar oportunidades actuales como la relocalización de cadenas de suministro o nearshoring.
¿Qué relación tiene con las Afores?
La nueva ley regula la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) como un factor clave para transformar el financiamiento de la infraestructura en México.
En la iniciativa se señaló que las Afores administran más de $6 billones de pesos de 73 millones de trabajadores, pero actualmente solo invierten entre el 8% y 9% de este capital en infraestructura, a pesar de que el límite regulatorio les permite invertir hasta un 30%. Se estima que, con la certidumbre jurídica que ofrece la nueva ley, la participación de las Afores en infraestructura podría escalar a un rango del 20% al 25%, lo que significaría canalizar entre $1.2 y $1.5 billones de pesos adicionales al sector.
Se reconoce que la baja inversión no se debe a una falta de interés, sino a la carencia de certidumbre jurídica, barrera que la nueva legislación busca superar. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) fue consultada durante la elaboración del dictamen y sus observaciones fueron consideradas al presentar la iniciativa.
Para facilitar la inversión, con la ley se crea la figura “vehículos de propósito específico” (VPE) con el fin de aislar riesgos y emitir instrumentos bursátiles, permitiendo que el ahorro de los trabajadores se dirija a proyectos productivos de largo plazo.
Nuevos esquemas de inversión
Se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano consultivo permanente que estará presidido por la Presidenta de la República. El Consejo definirá las prioridades de inversión a largo plazo, establecerá estrategias de participación mixta y evaluará qué proyectos son elegibles para recibir apoyos. En la ley se señala que las determinaciones de este Consejo no sustituyen las facultades de las dependencias gubernamentales.
La Secretaría de Hacienda instrumentará los VPE, que podrán ser fideicomisos públicos o privados o constituirse como sociedades anónimas, incluyendo las promotoras de inversión y bursátiles. A través de estos vehículos operarán los esquemas de participación mixta, en los que participará el gobierno federal, estatal o municipal y el sector privado, compartiendo riesgos, costos y beneficios. El Estado podrá tener una participación mayoritaria, minoritaria o paritaria, la cual podrá darse mediante aportaciones líquidas, bienes, concesiones o derechos de uso.
La participación de los particulares en los proyectos deberá ser mediante licitación pública, como regla general; sin embargo, la ley prevé excepciones y permite adjudicaciones directas o invitación a tres personas en casos muy específicos, como falta de opciones en el mercado, seguridad nacional o alianzas tecnológicas estratégicas. Los contratos de inversión estratégica derivados de estos proyectos tendrán una duración a largo plazo, no podrán ser inferiores a cuatro años y, con sus prórrogas, no excederán los cuarenta años en total.
Uno de los ejes de la legislación es la disciplina fiscal. En la iniciativa se reitera que no puede considerarse como un instrumento para la asignación autónoma de recursos, deuda o garantías a cargo del Estado. Cualquier proyecto que involucre recursos públicos deberá someterse a los principios de austeridad y sostenibilidad fiscal, alineándose con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que también se reforma con el fin de obligar a las dependencias a registrar adecuadamente los pasivos, activos y riesgos asociados a estos contratos.
Para combatir la opacidad, la Secretaría de Hacienda administrará una Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica, una herramienta para lograr el seguimiento, análisis y mitigación de riesgos de todos los proyectos ejecutados bajo esta ley.
Los retos de la nueva ley
La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica sienta las bases para un esquema renovado de asociación público-privada. Si con el nuevo marco legal, el gobierno logra la participación del sector privado en nuevos proyectos, el verdadero reto estará en lograr la ejecución técnica de los proyectos, la transparencia en los fallos de las licitaciones y, sobre todo, en mantener la disciplina fiscal para que estas inversiones de largo plazo no se conviertan en presiones inmanejables para las finanzas públicas.
